Discapacidades e inclusión social - Cortes de Aragón

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mayoritariamente parientes de la persona con discapacidad (el 96% cuandoconviven en el hogar, y el 65% cuando no conviven). Estas personasreconocen con frecuencia problemas profesionales, económicos y de salud,que atribuyen a la sobrecarga que representa para ellas –y para elresto de la familia– la relación de ayuda y que puede dar lugar a veces atensiones y relaciones conflictivas con la persona atendida. Estos problemasencontrarían una vía de solución, al menos en parte, si el conjunto dela sociedad se implicara más activamente en la promoción –con apoyopúblico– de la asistencia personal, con una cualificación profesional adecuadaa sus cometidos. En esta línea se ha planteado en los últimos añosla puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia(SAAD), que a mediados de 2011 ofrecía prestaciones económicasa la dé cima parte de los cuidadores informales, en su mayoría mujeres dela propia familia, y ampliaba la cobertura de otros recursos y prestacionesprofesionales. Sería importante que el desarrollo de la Ley de Dependenciano se frenara a raíz de las medidas que se vienen adoptando para reducirel déficit público, tal como parece haber ocurrido en 2010, año en elque dichas ayudas se congelaron después de los importantes crecimientosde años anteriores.Un segundo tipo de ayuda a las personas con limitaciones es el ofrecidopor los servicios sanitarios, de rehabilitación y de asistencia social. Se tratade servicios importantes, dada la elevada morbilidad del colectivo: el80% tiene alguna enfermedad crónica, que baja al 74% entre las personasen edad laboral, siendo las más frecuentes en este caso la artritis/artrosis yla depresión. Más de la mitad del colectivo había recibido algún serviciosanitario en los últimos 15 días, y casi un tercio, atención hospitalaria enel último año. De los servicios especializados de rehabilitación, los dosmás utilizados habían sido el de atención psicológica o salud mental, alque habían acudido en los últimos 15 días 108.000 personas en edad laboral,y el de rehabilitación médico-funcional, con 87.000 pacientes del mismogrupo de edad. Los servicios sociales de teleasistencia, atención domiciliariaprogramada y ayuda a domicilio fueron utilizados con másfrecuencia por personas mayores de 65 años. La mayor parte de estos serviciosestán cubiertos por el sistema de salud y los servicios sociales públicos,si bien en torno a un tercio de los servicios de rehabilitación y de losservicios sociales utilizados en edad laboral corrieron a cargo de los parti-Conclusiones 197
culares, a veces bajo la fórmula del pago mixto o copago. En un país comoEspaña, que se perfila como uno de los más envejecidos del mundo segúnla OMS, sería muy importante mantener y reforzar todos estos servicios,que afectan principalmente a las personas mayores con discapacidad, evitandoque las medidas de reducción del déficit público repercutan negativamentesobre ellas.Hasta un cuarto de millón de personas señala no haber podido acceder aalgún servicio sanitario o social cuando lo necesitaba, debido a problemasen la lista de espera (31%) o a no tener dinero para pagarlo (21%), entreotras razones. Estas quejas las plantean mayoritariamente mujeres, lo mismoque ocurría con las ayudas técnicas y personales. En este sentido, seríaimportante desbloquear las listas de espera que se producen entre las personassolicitantes de las ayudas de la Ley de Dependencia y entre quienes,una vez resuelto el expediente, no reciben los servicios o prestaciones a losque tienen derecho.Un tercer tipo de ayuda personal son las diversas pensiones, a las que accedenunas tres cuartas partes del colectivo en edad laboral y que se planteanmás como alternativa al trabajo que como prestación temporal mientrasno se encuentra empleo. Precisamente la CIF-2001 describe la falta deempleo como una discapacidad más de la persona en edad laboral, lo mismoque la sordera o no poder hacer las tareas del hogar; sin embargo, lapolítica vigente de pensiones, fundamental para quienes no pueden trabajar,parece incentivar el abandono de quienes sí podrían hacerlo si contarancon las condiciones adecuadas para ello. En este sentido, la política depensiones debería orientarse a cubrir las necesidades de quienes no puedentrabajar, reorientando el resto de la financiación pública a potenciarlas medidas de apoyo a la inserción laboral de quienes están en condicionesde hacerlo.Por último, están las medidas de apoyo a la integración en el sistema escolarordinario de las personas con discapacidad, a las que ya hemos aludido,así como diversas ayudas monetarias y fiscales para salir al paso de losgastos extra originados por las discapacidades o para compensar a quienesatienden a estas personas. Todas estas medidas deberían mantenerse y ampliarsu alcance, ya que son piezas necesarias para favorecer la inclusiónsocial del colectivo en términos de igualdad con el resto de la población.198 DISCAPACIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL
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