Discapacidades e inclusión social - Cortes de Aragón

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cidad». En el capítulo 3.5 ya hemos analizado la contradicción que representaesta medida, ya que una parte de las personas con certificado notiene discapacidad y, a su vez, otra parte de quienes tienen discapacidadno posee el certificado. En todo caso, este solapamiento es menor en lapoblación en edad laboral que entre mayores de 64 años. Pues bien, sepuede comprobar que las pensiones basadas en algún tipo de limitacióncubrían al 75% de las personas con discapacidad en edad laboral y quecuatro quintas partes eran de carácter contributivo con un montante mensualmedio de 801 euros, más dos pagas extraordinarias anuales. Cadatipo de pensión presentaba las siguientes características:• El 2,9% de las pensiones (31.650 personas) estaban registradas comode «gran invalidez», grado máximo de «incapacitación» para trabajar,ya que en tales casos se depende de la asistencia de otra personapara las actividades de la vida cotidiana, a pesar de lo cual no pesabasobre ellas una prohibición expresa de ejercer una actividad, remuneradao no.• El 34,5% (381.940 personas) percibían una pensión contributiva de«incapacidad permanente absoluta». Pese a la rotundidad de la formulación,este grupo podría ejercer su oficio mediante adaptacionesde su puesto de trabajo o bien buscando otro empleo más apropiadoa su circunstancia/peculiaridad. Se trata de sujetos que no dependende otra persona para desenvolverse en las actividades cotidianas yque, desde el punto de vista jurídico, pueden conciliar su pensión conalguna forma de trabajo remunerado: «las pensiones vitalicias de invalidezpermanente absoluta o gran invalidez no impiden el desempeñode aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con elestado de inválido que no representen un cambio en su capacidad detrabajo a efectos de revisión» (Texto refundido de la Ley Generalde Seguridad Social, 1/1994 de 20 de junio, art. 141.2). La aparentecontradicción de esta disposición dio lugar a una amplia controversialegislativa (López-Tarruella y Viqueira, 1991; De Lorenzo, 2006) quesembró la confusión en el colectivo afectado, a pesar del esfuerzo deaclaración llevado a cabo por las asociaciones (Gutiérrez, 1997).Relación con la actividad económica 147
• El 44,5% (492.090 personas) percibían una pensión contributiva de«incapacidad permanente total». Esta pensión inhabilita al trabajadorpara la realización de todas tareas de su profesión o las fundamentales,pero puede dedicarse a cualquier tarea que se adapte a ladiscapacidad que le ha sobrevenido (lo que debe comunicar a la entidadgestora).• El 0,1% (1.160 personas) recibía una pensión contributiva de «incapacidadpermanente parcial». Esto significa que el trabajador ha sufridouna disminución no inferior al 33%, que no le impide realizar lastareas fundamentales de su profesión. Esta prestación es compatiblecon cualquier actividad y sus perceptores tienen derecho a reincorporarsea su puesto de trabajo.• El 18% (199.409 personas, la mayoría mujeres) percibía pensiones nocontributivas de invalidez, que se destinan a quienes se encuentran enedad laboral con una minusvalía igual o superior al 65% y carecen deingresos o rentas suficientes en su unidad familiar. Estas pensionessustituyeron en 1990 a las antiguas prestaciones de la LISMI (Ley deIntegración Social del Minusválido), que, aunque no han perdido losderechos adquiridos, están en proceso de extinción. (No obstante, en2008 aún había 45.891 perceptores, que no se incluyen en la tabla 6.2por tratarse de ayudas ocasionales de muy baja cuantía: subsidio deingresos mínimos, movilidad y transporte, ayuda de tercera persona yasistencia sanitaria y farmacéutica.) El importe de las pensiones nocontributivas de invalidez lo fija el Gobierno cada año; en 2008 era de324 euros mensuales, más las dos pagas extraordinarias de la mismacuantía. Cuando los perceptores de estas pensiones acceden a un empleo,queda en suspenso el derecho a la prestación, pero se recuperaautomáticamente si vuelven a la situación de desempleo. De estemodo, los legisladores trataban de incentivar la reinserción laboral delas personas con minusvalía que podían ver en el acceso al empleo–con frecuencia precario– una amenaza para el cobro de la pensión.148 DISCAPACIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL
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