“VAMOS A PORTARNOS MAL”

“Vamos a portarnos mal”]Eso generó un enfrentamiento con los miembros del Consejo Municipal,encabezado por el alcalde Lázaro Pirir. Los pobladores se mostraron muy molestosporque se les negaba un derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT y laConstitución de la República.Un día antes de la consulta, Pirir fue raptado por seis horas. Tras ser liberado,declaró que el incidente “se debió a que las comunidades pretendían que lacorporación municipal aprobara la consulta popular. Sin embargo, la misma carecíade legalidad, ya que la construcción de la cementera era en terrenos propiedad dela empresa y no municipales o estatales”. El jefe edil señaló a comunitarios a fines alos promotores de la consulta como responsables de su plagio, extremo que no fueconfirmado por las autoridades.Pese a los obstáculos, los comunitarios realizaron la actividad el 17. Serapio Pulex,uno de los organizadores en la aldea Asunción Chivac, recuerda: “Leímos fuertedos preguntas y luego tenían que levantar la mano y decir sí o no. La primera fue:‘¿Quiénes quieren que se quede la fábrica de cemento?’. Nadie respondió. ‘¿Quiénesno quieren que se quede la fábrica de cemento?’. El público gritó: “¡No!”’.“La consulta fue legal, pacífica y conforme a los usos y costumbres locales,amparados por el Convenio 169. En ella votaron 8,948 personas contra el proyecto,por considerarlo lesivo a sus formas de vida, a su salud, a sus propiedades y a suterritorio”, recuerda Pascual. No obstante, las autoridades consideraron que losresultados no eran vinculantes y decidieron que continuara el proyecto, lo cual abonóa la polarización.La conflictividad iba en aumento, los pobladores se dividían y los señalamientosentre algunos llegaron a intimidaciones y atentados. Constantemente, tanto quienes seoponían como quienes apoyaban la inversión sufrían el acoso de hombres armados.El 22 de junio 2008, en un confuso incidente, murió Francisco Tepeu, uno delos dirigentes que mediaba entre los grupos en conflicto y que al final fue acusadopor los comunitarios de apoyar la instalación de la planta cementera. Los incidentesacentuaron la conflictividad y el Gobierno declaró “estado de Prevención”, con el cuallimitó los derechos constitucionales de la población de San Juan Sacatepéquez, entreellos la libertad para reunirse, la libre locomoción y las manifestaciones públicas.“Con muchísima pena he constatado, en el terreno, como bajo el argumento deenfrentar la conflictividad, se impuso el estado de Prevención en San Juan Sacatepéquezlo cual califico, por su dimensión, como estado de ocupación”, manifestó RigobertaMenchú, Premio Nobel de la Paz 1992.Para el analista independiente Álvaro Velásquez, no fue más que la toma delcontrol del territorio por parte del Gobierno, para garantizar la continuidad de lasoperaciones de la empresa, que estaba en riesgo por los constantes bloqueos a lascarreteras que realizaban los comunitarios.[307