“VAMOS A PORTARNOS MAL”
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“Vamos a portarnos mal”]Silenciar y obstaculizar la protesta socialEn un informe emitido en agosto de 2009, la Comisión Interamericana de losDerechos Humanos, CIDH, condenó la aplicación generalizada de detencionesarbitrarias como método para “silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta”.Concluyó que entre 3.500 y 4.000 personas habían sido arrestadas arbitrariamentepor las Fuerzas Armadas y la policía durante las protestas, y que habían permanecidodetenidas por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. “Muchos de los detenidosfueron sometidos a golpizas, amenazas y agresiones verbales”.En numerosos casos, no se respetaron los derechos de debido proceso. LaComisión pudo constatar que los detenidos no fueron informados de las razones desu detención, que no se levantó un registro de su encarcelamiento y que tampoco seavisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales sobre estos casos.Asimismo, no se garantizó el derecho de los detenidos a presentar recursosde hábeas corpus para cuestionar las razones de su detención. En algunos casos,los jueces que respondieron a los pedidos de hábeas corpus fueron maltratados yamenazados a punta de pistola. A su vez, la Comisión determinó que los fiscalesno investigaron muchos de los casos de personas detenidas y heridas (Informe de laCIDH, Agosto 25, 2009).La Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público presentó formal acusaciónen 11 expedientes que fueron conocidos por los tribunales Penales de FranciscoMorazán, Choluteca, Ceiba e Intibucá por los delitos de sedición, manifestaciónilícita, terrorismo, incendio agravado, daños a la propiedad, robo y atentado contraaltos funcionarios del Estado, se criminalizó su participación en protestas pacíficas.Organizaciones internacionales entre otros puntos demandaron al MinisterioPúblico de Honduras cesar la persecución penal de los manifestantes que están encontra del golpe de Estado, la inmediata liberación de las personas detenidas y el cesede la criminalización de la protesta social.En relación a este punto Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares deDetenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, dijo que el régimen persigue ymata, con eso trata de callar las voces que se levantan contra el golpe de Estado, peroel pueblo ya despertó y está dispuesto a llegar hasta el final, a la refundación del país.La coordinadora del COFADEH retó al Ministerio Público para que investigue ydeduzca responsabilidad penal a quienes han realizado actos de tortura, trato cruele inhumano y detenciones arbitrarias contra las personas que manifiestan objeciónde conciencia al gobierno de facto; para lo cual es fundamental como lo ha señaladola Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Fiscalía de DerechosHumanos tenga la posibilidad de asumir sus funciones con independencia.[287
Ser escuchadoPara el doctor Leo Valladares Lanza, un académico de la Universidad NacionalAutónoma de Honduras, UNAH, la protesta social es una forma de expresión. Cuandono se ha logrado ser escuchado por los canales normales, no cabe más que la protestapública, para poder seguir adelante y ser escuchado.Unos gobiernos más que otros están acostumbrados a contestar y atender lasdemandas sólo si se hace la protesta callejera, buscan solucionar los problemas hastael último momento en lugar del diálogo.La protesta se incrementó por la situación grave que había porque estabanprotestando para mantener la poca institucionalidad. Ya con el golpe la protesta novenía de un pequeño grupo sino de varios sectores.Los gobernantes se consideran superiores a la ley y creen que no les va a pasarnada si irrespetan la institucionalidad, pero se la saltan, entonces la ley sólo favorece aun grupo, se rompe el esquema y así la protesta también rompe los causes normales,señaló Valladares Lanza.El derecho necesita siempre un grado de aceptación de la población y cuando lamayoría incumple la ley, la policía no tiene la capacidad de restablecer el orden.Valladares Lanza critica que se han dado medidas desesperadas como la ordende que no se reunieran más de cinco personas y si lo hacían las llevaban detenidas.La impunidad da un ánimo de desesperación y desconfianza que lleva a la protestaviolenta. Sería bueno que de la protesta, las autoridades busquen soluciones a losproblemas que se presentan cuando las personas protestan.Con respecto al caso de Agustina Flores el abordaje de la prensa dejó un seriopatrón de fomento a la impunidad y generación del odio selectivo contra quienesprotestan. El Diario El Heraldo salió con una edición de primera plana: “Zelayistasasaltan y destruyen posta policial”, donde además de destacar una protesta en unacolonia marginal, señalaron que Agustina y otras personas andaban armadas.“Los manifestantes zelayistas Agustina Flores Flores y Mario Enrique Molina, sonacusados por el Ministerio Público de cometer los delitos de daños agravados ysedición en perjuicio de la seguridad del Estado. Los detenidos son sospechosos dehaber ocasionado daños en la posta policial ubicada en el barrio la Guadalupe”, diceun párrafo de este medio de comunicación, propiedad de uno de los empresariosque ha sido señalado por varios sectores, de financiar el golpe de Estado.Ellos andaban acompañados de otros manifestantes que, supuestamente, armadoscon piedras y palos atacaron la jefatura, quebrando las puertas de vidrio de la estaciónpolicial. Los detenidos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional mientras queAgustina Flores fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social.Dice la noticia.288] HONDURAS
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“Vamos a portarnos mal”]Silenciar y obstaculizar la protesta socialEn un informe emitido en agosto de 2009, la Comisión Interamericana de losDerechos Humanos, CIDH, condenó la aplicación generalizada de detencionesarbitrarias como método para “silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta”.Concluyó que entre 3.500 y 4.000 personas habían sido arrestadas arbitrariamentepor las Fuerzas Armadas y la policía durante las protestas, y que habían permanecidodetenidas por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. “Muchos de los detenidosfueron sometidos a golpizas, amenazas y agresiones verbales”.En numerosos casos, no se respetaron los derechos de debido proceso. LaComisión pudo constatar que los detenidos no fueron informados de las razones desu detención, que no se levantó un registro de su encarcelamiento y que tampoco seavisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales sobre estos casos.Asimismo, no se garantizó el derecho de los detenidos a presentar recursosde hábeas corpus para cuestionar las razones de su detención. En algunos casos,los jueces que respondieron a los pedidos de hábeas corpus fueron maltratados yamenazados a punta de pistola. A su vez, la Comisión determinó que los fiscalesno investigaron muchos de los casos de personas detenidas y heridas (Informe de laCIDH, Agosto 25, 2009).La Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público presentó formal acusaciónen 11 expedientes que fueron conocidos por los tribunales Penales de FranciscoMorazán, Choluteca, Ceiba e Intibucá por los delitos de sedición, manifestaciónilícita, terrorismo, incendio agravado, daños a la propiedad, robo y atentado contraaltos funcionarios del Estado, se criminalizó su participación en protestas pacíficas.Organizaciones internacionales entre otros puntos demandaron al MinisterioPúblico de Honduras cesar la persecución penal de los manifestantes que están encontra del golpe de Estado, la inmediata liberación de las personas detenidas y el cesede la criminalización de la protesta social.En relación a este punto Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares deDetenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, dijo que el régimen persigue ymata, con eso trata de callar las voces que se levantan contra el golpe de Estado, peroel pueblo ya despertó y está dispuesto a llegar hasta el final, a la refundación del país.La coordinadora del COFADEH retó al Ministerio Público para que investigue ydeduzca responsabilidad penal a quienes han realizado actos de tortura, trato cruele inhumano y detenciones arbitrarias contra las personas que manifiestan objeciónde conciencia al gobierno de facto; para lo cual es fundamental como lo ha señaladola Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Fiscalía de DerechosHumanos tenga la posibilidad de asumir sus funciones con independencia.[287