“VAMOS A PORTARNOS MAL”
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“Vamos a portarnos mal”]herramienta clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales. 35Dentro de ese marco general, las expresiones referidas a asuntos deinterés público, incluyendo la crítica política, merecen una protecciónespecial, y el margen para restringirlas es muy reducido. 36 En particular,y como forma de asegurar un debate verdaderamente plural y abiertosobre todas las cuestiones de interés general, la Corte Interamericanaha dicho que los Estados deben establecer garantías reforzadas para laprotección de los discursos críticos o disidentes y prestar especial atencióna la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes deciertos sectores o grupos sociales. 37 Sobre estas bases deben analizarse lasmanifestaciones de protesta.ii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos condiciona fuertementelas posibilidades de restringir la libertad de expresión. En primer lugar,prohíbe la censura previa. Pero además, cualquier limitación o restricciónsólo es válida en la medida que: (1) haya sido definida a través de una ley,(2) esté orientada al logro de fines legítimos, lo cual incluye la protecciónde los derechos de terceros y el orden público (3) sea necesaria en unasociedad democrática y estrictamente proporcionada a la finalidadperseguida. 38 El adjetivo “necesarias” no equivale a “útil”, “razonable”u “oportuna”, sino que debe demostrarse que el fin legítimo no puedealcanzarse por un medio menos restrictivo de la libertad de expresión. 3935CIDH, Informe Anual 2009, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad deExpresión”. Capítulo III, párr. 936Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.Serie C No. 107, párr. 127; Corte IDH., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 155.; CIDH. Informe Anual 1994. CapítuloV: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 defebrero de 1995.37Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de mayo de2010. Serie C No. 213, párr. 173.38Corte IDH., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie CNo. 177, párr. 83-84.39Corte IDH., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 denoviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 46; Corte IDH., Caso Herrera Ulloa vs. CostaRica. Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr. 122; CIDH. InformeAnual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacatoy la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título IV. OEA/Ser. L/V/II.88.doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.[27
iii) En los casos en que se impongan limitaciones a la libertad de expresiónpara proteger los derechos ajenos, la jurisprudencia interamericana hasido muy clara en que es necesario que estos derechos se encuentrenefectivamente lesionados o amenazados. 40 Del mismo modo, no se puedeinvocar el “orden público” como justificación para limitar la libertadde expresión si no existe una amenaza cierta y verificable de disturbiosgraves. 41 En otras palabras, no se puede considerar el derecho de reunióno manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo perse. 42 Por ejemplo, la Relatoría advirtió que si bien la exigencia de unanotificación previa para realizar una manifestación puede ser razonable,no lo es que la autoridad a cargo niegue el permiso porque considera que“es probable” que la manifestación ponga en riesgo la seguridad o el ordenpúblico. 43 En la misma línea, entendió que no basta un mero desordenpara justificar la detención de una persona que está protestando enforma pacífica, sino que para que esa detención sea legítima es necesarioque efectivamente “instigue o provoque violencia al interferir con losderechos o libertades de otros”. 44iv) Para la Corte Interamericana, el “orden público” no puede ser invocadopara suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado deacuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. De hecho, la Corteha dicho que la defensa del orden público exige la máxima circulaciónposible de informaciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejerciciode la libertad de expresión. 45vi) En distintos países de la región, la respuesta estatal a las protestas socialesviene de la mano del Código Penal. El uso del derecho penal frente a laprotesta social, en frecuente violación a los principios y condiciones quelimitan la intervención estatal en este campo, ha llevado a hablar del40CIDH, Informe Anual 2009, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad deExpresión”. Capítulo III, párr. 78.41Ibid, párr .8342CIDH, Informe Anual 2005, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad deExpresión”. Capítulo V, párr. 92.43Ibid, párr. 9544Ibid, párr. 9945Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 denoviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 69.28] PRETEXTOS
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“Vamos a portarnos mal”]herramienta clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales. 35Dentro de ese marco general, las expresiones referidas a asuntos deinterés público, incluyendo la crítica política, merecen una protecciónespecial, y el margen para restringirlas es muy reducido. 36 En particular,y como forma de asegurar un debate verdaderamente plural y abiertosobre todas las cuestiones de interés general, la Corte Interamericanaha dicho que los Estados deben establecer garantías reforzadas para laprotección de los discursos críticos o disidentes y prestar especial atencióna la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes deciertos sectores o grupos sociales. 37 Sobre estas bases deben analizarse lasmanifestaciones de protesta.ii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos condiciona fuertementelas posibilidades de restringir la libertad de expresión. En primer lugar,prohíbe la censura previa. Pero además, cualquier limitación o restricciónsólo es válida en la medida que: (1) haya sido definida a través de una ley,(2) esté orientada al logro de fines legítimos, lo cual incluye la protecciónde los derechos de terceros y el orden público (3) sea necesaria en unasociedad democrática y estrictamente proporcionada a la finalidadperseguida. 38 El adjetivo “necesarias” no equivale a “útil”, “razonable”u “oportuna”, sino que debe demostrarse que el fin legítimo no puedealcanzarse por un medio menos restrictivo de la libertad de expresión. 3935CIDH, Informe Anual 2009, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad deExpresión”. Capítulo III, párr. 936Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.Serie C No. 107, párr. 127; Corte IDH., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 155.; CIDH. Informe Anual 1994. CapítuloV: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 defebrero de 1995.37Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de mayo de2010. Serie C No. 213, párr. 173.38Corte IDH., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie CNo. 177, párr. 83-84.39Corte IDH., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 denoviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 46; Corte IDH., Caso Herrera Ulloa vs. CostaRica. Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr. 122; CIDH. InformeAnual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacatoy la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título IV. OEA/Ser. L/V/II.88.doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995.[27