“VAMOS A PORTARNOS MAL”

En Nicaragua la conflictividad social evidencia una “tendencia alcista, desde el añodos mil seis, desde el ascenso de Daniel Ortega al poder y que ha marcado distintosmomentos”, afirma Sofía Montenegro, directora del Centro de Investigaciones dela Comunicación, CINCO, una de las organizaciones civiles más fustigadas porel gobierno.Para Montenegro, también periodista, esta conflictividad registra “comoindicador, las fosas que existen entre la sociedad y el Estado: hay prácticamente cerocomunicación, una búsqueda de subordinar y cooptar a las organizaciones civiles ya las organizaciones ciudadanas; y franco enfrentamiento represivo en contra de lasprotestas en reclamo de los derechos, particularmente las protestas de reivindicaciónde derechos políticos”.Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, un espacio nacional de articulaciónde organizaciones civiles, por su parte, considera que “Nicaragua ha sido un paísque históricamente ha estado en períodos conflictivos” y sitúa como ejemplo “loscuarenta años de dictadura somocista, donde había conflictos porque había represióny mucha vulnerabilidad social, especialmente de los jóvenes”.La conflictividad surge de “la cultura política excluyente de la clase política–económica e ideológica– religiosa del país, afirma Molina. Para la periodistaMontenegro, el nudo del conflicto “tiene su origen en la voluntad del gobierno detransformar y cambiar el régimen político, para lo cual no tiene un mandato”.Las y los nicaragüenses viven “en una constante violación a los derechos humanos yen un estado de inseguridad ciudadana… se cree que los espacios públicos solamentele pertenecen a la clase política, a los que están dialogando” declara la vocera de laCoordinadora Civil.Efectivamente, de forma cotidiana medios oficiales y oficialistas cuentan del“diálogo” entre el gobierno, iglesias y grupos económicos. “El resto de la sociedadcivil, el noventa por ciento de la población nicaragüense, que no somos de esosgrupos de poder, no tenemos interlocución con el Estado” asegura Luisa Molina.Libertades públicas en conflictoLas demandas ciudadanas por el derecho a la libertad de expresión, el derecho ala movilización, el derecho de organización y de asociación, el derecho a decidir, elderecho a la participación, son, entre otras, parte de las exigencias públicas que hanprovocado reacciones airadas del gobierno, en busca de acallar estas voces. A estose agrega la intención del gobierno de asfixiar en términos económicos y desmantelarpolíticamente a las organizaciones civiles, en una ofensiva que inició casi a finales del2008 y se extendió hasta los mediados del 2009.236] NICARAGUA