“VAMOS A PORTARNOS MAL”
“VAMOS A PORTARNOS MAL” “VAMOS A PORTARNOS MAL”
“Vamos a portarnos mal”]que considere necesarias en el desempeño de su misión”, y que “Los reclamos deterceros que surjan de las actividades de la operación deberán ser referidos al supuestogobierno responsable para que estos sean resueltos según las leyes de dicho gobierno”,aunque el gobierno de Costa Rica reitera que no renuncia a su jurisdicción penal.La medida ha provocado múltiples protestas, sobre todo declaraciones de quienesestiman que detrás de esa autorización tan amplia para el atraque de guardacostas ybuques de guerra se esconden otros objetivos.El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), por ejemplo, aprobó la siguienteresolución, en su III Congreso Ideológico, el pasado 15 de julio: “El SEC repudiacategóricamente esta decisión, porque permite que el ejército más grande del mundoutilice nuestros mares y territorio como una base de operaciones militares, lo que nossomete a los intereses de una nación extranjera”.Consultado sobre el tema, el ministro Tijerino enfatizó que se opone a militarizarla lucha contra las drogas. –Puede usted estar segura, le dijo a una diputada, “deque si Estados Unidos tuviera la intención de invadirnos, o de atacar a un gobiernocercano a nosotros, no tendría ninguna necesidad de un convenio como este. ¿Quénecesidad tiene, si están las bases del ejército de los Estados Unidos en Colombia?”,se preguntó.El diputado opositor, socialcristiano, Luis Fishman, también exministro deSeguridad, señaló que “sería muy difícil juzgar si hay algo detrás de esto. EstadosUnidos no nos va a decir por qué quiere portaviones en lucha antidrogas”.La criminalización de la protesta y los mediosEn ese contexto, surge el debate sobre la naturaleza y los límites de las protestas.“Tendremos cero tolerancia ante cualquier tipo de bloqueo. Debe haber libretránsito de personas y también de mercancías. No permitiremos más interrupciones”,dijo, en abril, la entonces ministra de Seguridad Pública, Janina del Vecchio,refiriéndose a las protestas en el puerto de Limón.Días después, el diario digital Nuestro País afirmaba que “Con el apoyo de mediosde comunicación, el gobierno de Costa Rica pretende criminalizar la protesta socialde sindicatos, estudiantes y comunidades organizadas”, denunciaron dirigentes delSindicato de Trabajadores de JAPDEVA, intervenido por el Estado.El periódico se refería a la audiencia, prevista para el 14 de mayo, en los tribunalesde Limón, con los detenidos el 29 de abril durante las protestas que tuvieron lugar esedía en el puerto del Caribe.El editorial de La Nación, ya citado, decía al respecto: “Las protestas en Limónalcanzaron el nivel delictivo. A buena hora, un grupo de ex dirigentes sindicales,[231
enemigos acérrimos de todo proceso de concesión, renovación y modernización delos muelles de Limón y Moín, acuerpados posiblemente por delincuentes comunes,asaltaron los furgones de las empresas privadas, les prendieron fuego a siete de ellos,rompieron vidrios y sembraron el pánico entre los trabajadores. Algunos portabanarmas, cuyo tipo de balas coincide con las que hirieron a tres guardias civiles, uno deellos de gravedad”.“Los 24 adultos detenidos ayer por incendiar llantas y bloquear el paso por lacarretera Saopim, en Moín se exponen a una multa que va de ¢37.000 a ¢222.000(de unos 70 a 425 dólares). Así lo establece el artículo 393 del Código Penal, quecalifica la obstrucción de las calles como un delito menor (contravención)”, señalaba,en otro artículo.Consultado al respecto, el ministro Tijerino señaló que “la Constitución nosgarantiza el derecho de protesta. Por lo tanto, ese derecho tiene que ser respetado yreprimido solo los excesos. La directriz que emití sobre el tema explicita en qué formadebe ser usada la coacción policial en la represión, no del derecho de protesta, sinode los abusos, como cerrar calles, intimidar a otros ciudadanos o agredir a la policía.La conflictividad, añadió, está dentro de lo normal. Soy muy celoso de resguardar esederecho de protesta”.La escritora Anacristina Rossi, que participó activamente en la lucha contra el TLC,tiene una opinión distinta.“Lo que yo he visto es una judicialización de la protesta. Costa Rica se mueve porestereotipos: somos ‘pacíficos’. Cualquier protesta es ir en contra de la idiosincrasiapacífica, se estimula la idea de que quienes protestan son unos revoltosos, que quierenir contra las instituciones democráticas y provocar la violencia”.“Todo este movimiento neoliberal, a partir del proceso de paz, deslegitima laprotesta. Ya no hay movimiento social de oposición y cuando lo hay se criminalizao identifica con terrorismo. Está muy deslegitimada la protesta social. Toda protestasocial es una amenaza, el derecho a huelga está también indirectamente criminalizado,cuando la huelga es la base de la democracia. A mí eso me tiene muy pesimista,porque se van a necesitar muchas protestas en los años que vienen”.Para Edgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional deEmpleados Públicos y Privados (ANEP), “aquí hay una gran represión. Los que nosmanifestamos somos acusados de ser agentes de Hugo Chávez, de Fidel Castro, dequintacolumnistas. La protesta, la lucha social, popular, es criminalizada”.Quienes protestan se sienten, con frecuencia, discriminados por los medios.El presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Sileski, estimó que el tratamientoinformativo depende mucho del tema y de los intereses de cada medio. “Lo quepodemos decir es que se visibiliza la protesta, aunque con enfoques diferentes.Pero lo importante es que se ve, la gente sabe que hay una protesta con respecto232] COSTA RICA
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enemigos acérrimos de todo proceso de concesión, renovación y modernización delos muelles de Limón y Moín, acuerpados posiblemente por delincuentes comunes,asaltaron los furgones de las empresas privadas, les prendieron fuego a siete de ellos,rompieron vidrios y sembraron el pánico entre los trabajadores. Algunos portabanarmas, cuyo tipo de balas coincide con las que hirieron a tres guardias civiles, uno deellos de gravedad”.“Los 24 adultos detenidos ayer por incendiar llantas y bloquear el paso por lacarretera Saopim, en Moín se exponen a una multa que va de ¢37.000 a ¢222.000(de unos 70 a 425 dólares). Así lo establece el artículo 393 del Código Penal, quecalifica la obstrucción de las calles como un delito menor (contravención)”, señalaba,en otro artículo.Consultado al respecto, el ministro Tijerino señaló que “la Constitución nosgarantiza el derecho de protesta. Por lo tanto, ese derecho tiene que ser respetado yreprimido solo los excesos. La directriz que emití sobre el tema explicita en qué formadebe ser usada la coacción policial en la represión, no del derecho de protesta, sinode los abusos, como cerrar calles, intimidar a otros ciudadanos o agredir a la policía.La conflictividad, añadió, está dentro de lo normal. Soy muy celoso de resguardar esederecho de protesta”.La escritora Anacristina Rossi, que participó activamente en la lucha contra el TLC,tiene una opinión distinta.“Lo que yo he visto es una judicialización de la protesta. Costa Rica se mueve porestereotipos: somos ‘pacíficos’. Cualquier protesta es ir en contra de la idiosincrasiapacífica, se estimula la idea de que quienes protestan son unos revoltosos, que quierenir contra las instituciones democráticas y provocar la violencia”.“Todo este movimiento neoliberal, a partir del proceso de paz, deslegitima laprotesta. Ya no hay movimiento social de oposición y cuando lo hay se criminalizao identifica con terrorismo. Está muy deslegitimada la protesta social. Toda protestasocial es una amenaza, el derecho a huelga está también indirectamente criminalizado,cuando la huelga es la base de la democracia. A mí eso me tiene muy pesimista,porque se van a necesitar muchas protestas en los años que vienen”.Para Edgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional deEmpleados Públicos y Privados (ANEP), “aquí hay una gran represión. Los que nosmanifestamos somos acusados de ser agentes de Hugo Chávez, de Fidel Castro, dequintacolumnistas. La protesta, la lucha social, popular, es criminalizada”.Quienes protestan se sienten, con frecuencia, discriminados por los medios.El presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Sileski, estimó que el tratamientoinformativo depende mucho del tema y de los intereses de cada medio. “Lo quepodemos decir es que se visibiliza la protesta, aunque con enfoques diferentes.Pero lo importante es que se ve, la gente sabe que hay una protesta con respecto232] COSTA RICA