“VAMOS A PORTARNOS MAL”
“VAMOS A PORTARNOS MAL” “VAMOS A PORTARNOS MAL”
“Vamos a portarnos mal”]emblemáticas, hay carteles que advierten “zona de seguridad”, se envía un mensajeinequívoco a la población y que Alvarado resume con estas palabras: “cuidado dondete vas a meter”.El boicot, cuya legitimidad reivindica la Organización Internacional del Trabajo ypor tanto Naciones Unidas, se criminaliza en Venezuela con una sanción penal quepodría implicar seis años de cárcel. En la legislación para combatir el acaparamiento,se establece que toda persona que obstaculice el traslado de bienes esenciales oparalice servicios públicos será objeto, igualmente, de sanción penal. El gobiernoinvocó esa ley para disuadir a un grupo de transportistas que habían convocado a unparo de actividades en Caracas. Es la misma ley que también ha servido para reprimira manifestantes, cuya acción de protesta es cerrar calles. Se argumenta que el cierrede vías impide la circulación de bienes esenciales para la comunidad.Frente a la respuesta de las instituciones del Estado, que han reprimido ycriminalizado la protesta, la respuesta de los sectores populares ha sido protestar.“La gente no se ha dejado intimidar”, dice Alvarado. Por iniciativa de la diputada IrisValera, de la fracción parlamentaria del PSUV, se modificó el artículo del Código Penalque se aplica a personas que cierren calles con el objeto de causar un siniestro –eldescarrilamiento de un tren, por ejemplo–, “nadie que cierre una vía para protestarpor la ausencia de un servicio público tiene en mente causar un siniestro”, diceAlvarado. “Pero invariablemente ese es el artículo que aduce el Ministerio Público enlos juicios penales que abre contra manifestantes”, agregó el abogado.Las instituciones del Estado han perdido la paciencia y la represión se ha convertidoen una respuesta habitual, pero la gente ha radicalizado las protestas, con unasintomatología preocupante, cada vez son más frecuentes la quema de cauchos, porejemplo, durante el cierre de vías y calles, así como acciones extremas, entre otras lahuelga de hambre. Recientemente, el productor agropecuario, Franklin Brito, muriódebido a un prolongado ayuno, que radicalizó al suspender la ingesta de líquidos,debido a que sus demandas no tuvieron una respuesta firme y definitiva de parte de lasautoridades. El deceso coincidió con el auge de la campaña electoral para la AsambleaNacional y no pasó inadvertido para las fuerzas políticas que se disputan las 165 curulesen lista. Al agravarse la salud de Brito, la oposición advirtió, mediante un comunicadopúblico, que no quería ver “en este caso una oportunidad política para atacar algobierno”. La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que “podía dormir en paz”,luego de sostener que las instituciones del Estado habían agotado todas las gestionespara salvaguardar la vida de Brito. Finalmente, Ramón Guillermo Aveledo, coordinadorde la Mesa de la Unidad, se lamentó: “no puede ser que nuestras instituciones sean tanpoco creíbles como para que alguien esté dispuesto a dar la vida”. La única conclusión,que no desdice de los hechos, es que el caso Brito se convirtió en un eslabón más dela polarización venezolana. Una demostración patética de hasta dónde se ha llegadoen el afán de hablarle a las propias audiencias, sin aproximarse a una respuesta eficaz o[217
consensuada. Lilian Sanguino, dirigente del PSUV en Mérida (ciudad estudiantil ubicadaal oeste de Caracas) también se encuentra en huelga de hambre, debido a que lasautoridades mantienen en prisión a su hermano, quien se vio implicado en un confusoepisodio que derivó en la muerte de un estudiante durante una manifestación deprotesta en las calles de esa ciudad. “La gente se siente desesperada ante la incapacidadde los entes públicos en dar una respuesta”, sostiene Alvarado. En huelga de hambre,igualmente, se han declarado sectores de la población penal, estimada en casi 30.000procesados. Esta forma de protesta se ha vuelto intermitente ante el retardo procesal ola falta de beneficios procesales. Según Naciones Unidas, Venezuela posee las cárcelesmás violentas del mundo. Sólo en 2009 resultaron asesinados 457 detenidos.Al citar un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, AyalaCorao afirma que desde hace seis años, no hay una sola decisión en tribunales quehaya anulado una sola actuación del Poder Ejecutivo. “No hay un control formal delpoder en Venezuela”, concluye el ex presidente de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos. “El derechoa la vida, a la integridad personal y a la propiedad están seriamente cuestionados enel país”. En 2009 hubo un registro extraoficial de casi 20.000 homicidios, señaladoen un informe elaborado por solicitud del gobierno que se filtró a la prensa y queno fue desmentido. “El 94% de las averiguaciones que ordena la Fiscalía no llega atribunales”, aclaró Ayala Corao. Un síntoma inequívoco de la debilidad del PoderJudicial y de sus graves limitaciones.Las estadísticas hablan por sí solas, con una frialdad escalofriante. Aún así, se hahecho “un uso abusivo de la criminalización de la protesta”, señala Antonio González.Incluso por parte de Provea. “Lo puedo decir públicamente, porque además es partede una discusión que tiene lugar al interior de esa organización”. González, cabeaclarar, es miembro de la Asamblea Nacional de Provea.El reflejo de la violencia en los medios impresos tocó fondo con la publicaciónde una foto que mostraba el hacinamiento de cadáveres en la morgue de Caracas. Eldiario El Nacional publicó esa gráfica ocho meses después de que fuese tomada y enun contexto diferente. ¿Por qué fue desestimada como información relevante en sumomento? Su editor, Miguel Henrique Otero, admitió que se hizo en un momentoelectoral porque el interés ulterior era “sacudir a los lectores y al país”. Lo lograron,pero ¿a qué precio? Pareció, más bien, un gesto político, antes que periodístico.La cadena de protestas aisladas, la manifiesta incapacidad del Estado para canalizarlas demandas, demuestran dos cosas. La primera es la debilidad de la organizacióndel movimiento popular en Venezuela. La segunda es la radicalización y el aumentode la protesta social en el país.Caracas, Venezuela. 15 de septiembre de 2010. Hora: 12:50. am.218] VENEZUELA
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consensuada. Lilian Sanguino, dirigente del PSUV en Mérida (ciudad estudiantil ubicadaal oeste de Caracas) también se encuentra en huelga de hambre, debido a que lasautoridades mantienen en prisión a su hermano, quien se vio implicado en un confusoepisodio que derivó en la muerte de un estudiante durante una manifestación deprotesta en las calles de esa ciudad. “La gente se siente desesperada ante la incapacidadde los entes públicos en dar una respuesta”, sostiene Alvarado. En huelga de hambre,igualmente, se han declarado sectores de la población penal, estimada en casi 30.000procesados. Esta forma de protesta se ha vuelto intermitente ante el retardo procesal ola falta de beneficios procesales. Según Naciones Unidas, Venezuela posee las cárcelesmás violentas del mundo. Sólo en 2009 resultaron asesinados 457 detenidos.Al citar un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, AyalaCorao afirma que desde hace seis años, no hay una sola decisión en tribunales quehaya anulado una sola actuación del Poder Ejecutivo. “No hay un control formal delpoder en Venezuela”, concluye el ex presidente de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos. “El derechoa la vida, a la integridad personal y a la propiedad están seriamente cuestionados enel país”. En 2009 hubo un registro extraoficial de casi 20.000 homicidios, señaladoen un informe elaborado por solicitud del gobierno que se filtró a la prensa y queno fue desmentido. “El 94% de las averiguaciones que ordena la Fiscalía no llega atribunales”, aclaró Ayala Corao. Un síntoma inequívoco de la debilidad del PoderJudicial y de sus graves limitaciones.Las estadísticas hablan por sí solas, con una frialdad escalofriante. Aún así, se hahecho “un uso abusivo de la criminalización de la protesta”, señala Antonio González.Incluso por parte de Provea. “Lo puedo decir públicamente, porque además es partede una discusión que tiene lugar al interior de esa organización”. González, cabeaclarar, es miembro de la Asamblea Nacional de Provea.El reflejo de la violencia en los medios impresos tocó fondo con la publicaciónde una foto que mostraba el hacinamiento de cadáveres en la morgue de Caracas. Eldiario El Nacional publicó esa gráfica ocho meses después de que fuese tomada y enun contexto diferente. ¿Por qué fue desestimada como información relevante en sumomento? Su editor, Miguel Henrique Otero, admitió que se hizo en un momentoelectoral porque el interés ulterior era “sacudir a los lectores y al país”. Lo lograron,pero ¿a qué precio? Pareció, más bien, un gesto político, antes que periodístico.La cadena de protestas aisladas, la manifiesta incapacidad del Estado para canalizarlas demandas, demuestran dos cosas. La primera es la debilidad de la organizacióndel movimiento popular en Venezuela. La segunda es la radicalización y el aumentode la protesta social en el país.Caracas, Venezuela. 15 de septiembre de 2010. Hora: 12:50. am.218] VENEZUELA