“VAMOS A PORTARNOS MAL”
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“Vamos a portarnos mal”]lograba movilizar a toda una ciudad, como Barrancabermeja, alrededor de sushuelgas. La última gran huelga que ellos hicieron fue en 2004, cuando se opusieron ala privatización de Ecopetrol. Un objetivo político que no lograron.Rafael Gómez, ex dirigente de esa organización reconoce que la USO perdiócredibilidad entre la comunidad porque se creó una división social entre quienestrabajaban en Ecopetrol y quienes no lo hacían. El sindicato orientó muchos esfuerzosa mantener las conquistas laborales de los suyos y dejó de lado las reivindicacionesdel resto de la población. Pero también admite que “si hubo algo negativo parael movimiento social fue el influjo de las guerrillas”. Se refiere a varios incidentesde protestas convocadas por el sindicato, donde la gente solía hacer barricadas oincluso tener refriegas con la policía, pero que eran protestas desarmadas. Hasta quemilicianos empezaron a meterse en medio de estas luchas urbanas, y terminaron porespantar a la gente del común, que no quería terminar herida o en la cárcel. Inclusovarios dirigentes de la USO estuvieron investigados judicialmente por presuntosvínculos con la insurgencia que nunca les fueron probados.Uribe optó por militarizar las refinerías y en general toda la industria petrolera,especialmente la de Barrancabermeja. “Metieron un batallón energético a lasinstalaciones. Ahora hay más soldados que empleados” dice Jorge Gamboa, dirigentede la Central Unitaria de Trabajadores. Gamboa recuerda que justamente en 2004los sindicalistas descubrieron que desde la oficina de seguridad de la refinería, losestaban filmando de manera clandestina cuando hacían sus mítines, y que el jefede seguridad de esa instalación, un oficial del ejército retirado, tenía datos con lasdirecciones y familias de los principales dirigentes sindicales. El hecho no tendríatrascendencia si no fuera porque a la USO le han matado 25 de sus miembros, y silas principales ciudades donde se produce petróleo no estuvieran, para la época,atestadas de paramilitares, muchos de los cuales, 1.300 según Gamboa, entraron atrabajar en la empresa después de la desmovilización.Pero si las políticas laborales y la incidencia de las guerrillas han afectado enciertos sectores y lugares las protestas de los trabajadores, la violencia paramilitar–y en muchas ocasiones también oficial– ha sido el factor más fuerte en su contra.Colombia tiene uno de los mayores índices de asesinatos de sindicalistas en el mundoy aunque en los años recientes estas cifras han bajado, el daño para el movimientosindical, ya está hecho. Al respecto no faltan las controversias.A finales del 2009 el profesor Daniel Mejía, de la Facultad de Economía de laUniversidad de los Andes, publicó un estudio en el que demuestra que la tasa deasesinatos de sindicalistas es seis veces menor que la de los colombianos en general.Es decir, que la actividad sindical no es necesariamente más riesgosa que cualquierotro oficio, si se ejerce en Colombia. Entre sus presunciones es que muchas de estasmuertes no tienen que ver con el oficio sindical, ni con la protesta social como tal.Algo que sólo se podría corroborar con la resolución de las investigaciones judiciales.[195
Actualmente hay 19 fiscales, 92 investigadores y tres jueces que están dedicados demanera exclusiva a investigar los asesinatos de sindicalistas. En los últimos tres añosse han esclarecido más de 150 casos, muchos de ellos gracias a las declaraciones delos paramilitares desmovilizados cuyos testimonios han demostrado que en muchasregiones sí hubo una campaña deliberada para matar sindicalistas y por esta víaintimidar a los trabajadores y disuadirlos de la protesta social.Es lo que por lo menos dejan claras las declaraciones que ante los fiscales dio elex jefe paramilitar Ever Veloza, HH, antes de ser extraditado a los Estados Unidos.Sólo en un año, entre 1995 y 1996, HH reconoció haber asesinado a 18 dirigentesdel sindicato bananero Sintrainagro, en la región de Urabá. Con esta estrategia losparamilitares lograron, literalmente, doblegar al sindicato, erradicar la influencia dela izquierda en sus filas, y mantenerlo bajo control en una región que ha estado bajosu régimen de terror ya casi por dos décadas.Algo similar se presentó en el Cesar, con la macabra alianza de algunos altosfuncionarios de la minera Drummond y los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, másconocido como Jorge 40 –hoy extraditado en Estados Unidos– detalles que se hanconocido en un difícil y accidentado proceso judicial.A finales de los 90 Veloza repitió su estrategia de exterminio en el Valle, conlos ingenios azucareros, según él mismo, en concertación con algunos dueños delas plantaciones que buscaban liquidar cualquier intento de protesta para mejorarsalarios o mejores condiciones de vida.Justamente una de las protestas que más enfureció a Uribe, junto a la de losindígenas, fue la huelga de 12.000 corteros de caña que duró más de dos meses ydejó pérdidas superiores a los 150.000 dólares en un sector que recibió todo tipode subvenciones y subsidios del gobierno. En el tiempo, la huelga coincidió conla Minga indígena, y aunque sus peticiones eran muy concretas, la protesta dejóal desnudo el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado que estabanincumpliendo los mínimos derechos laborales. Dado que la organización sindical eneste sector había sido tan golpeada por la violencia, el ministro de Protección Socialde ese entonces, Diego Palacio, dijo ante el Congreso de la República que: “el paroes organizado por las fuerzas oscuras de la subversión”. De hecho, la Fiscalía inicióinvestigaciones para indagar por el origen de amenazas contra quienes no estabanparticipando en la huelga. Pero se trataba más de una estrategia de deslegitimacióndel gobierno que de una realidad. Que hubiese fuerzas de la guerrilla apoyandoel paro, pocos lo dudan. Pero que un grupo insurgente fuera capaz de organizar ymantener un paro de esa magnitud, es algo que las guerrillas colombianas no estánen capacidad de hacer en este momento, y quizá nunca han tenido una incidenciaen la clase trabajadora como para lograrlo.La gran paradoja de Uribe es que al final de su segundo gobierno –que empezóen 2006– la protesta sindical había crecido. La Escuela Nacional Sindical de Medellín,196] COLOMBIA
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