“VAMOS A PORTARNOS MAL”
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“Vamos a portarnos mal”]criminalizar el ejercicio constitucional del derecho de resistencia; para lo cual expideórdenes de captura e inicia procesos penales en contra de quienes defienden derechosde las personas, comunidades y de la naturaleza, por delitos de asociación ilícitay terrorismo; 2) desarrolla una campaña mediática para desprestigiar, con insultosy falsas acusaciones, a los líderes de la resistencia y para defender la panacea delpetróleo y la minería; 3) intenta eliminar las sociedades intermedias a través de lascuales se expresa la sociedad civil y disiente de las políticas del gobierno. Dos casos sehan registrado recientemente: contra la resistencia antiminera en Las Naves y contrala resistencia antiminera de la comuna Mocoral Barcelona”.Floresmilo Simbaña amplía su visión de los hechos: “Personalmente estoytrabajando en más de 30 casos de dirigentes enjuiciados, todos por sabotaje yterrorismo, procesos judiciales iniciados en protestas contra empresas mineras,protestas nacionales, contra las concesiones de agua, por ejercicio de administraciónde justicia indígena, etc. En Nabón (al sur de Cuenca), por ejemplo, 5 dirigentes estánsentenciados por terrorismo por impedir la entrada de las maquinarias de la empresaminera. Lo que es más grave es que los discursos del gobierno están provocando quela gente vea esto como ‘normal’ o ‘aceptable’; esto me recuerda, y no es exagerar, al‘algo habrán hecho’ argentino”.Ciertamente, el discurso oficial ha pasado a los hechos. Gustavo Jalkh, preguntadosobre cuáles son los límites entre el manejo de conflictos y la última instancia deacudir a medidas judiciales, responde: “La gestión y manejo de conflictos es la mejorestrategia para evitar crisis o escaladas de violencia. Tanto para el conflicto como parael diálogo se requieren al menos dos partes. La pregunta parece partir del supuestoque un acto de fuerza es legítimo si es de protesta, sin embargo hay que considerarque la protesta se deslegitima cuando se ejecutan actos delictivos, y el diálogo serompe. Cerrar carreteras es igual a cerrar el diálogo. Las medidas judiciales sólo sonfactibles si se cometen delitos; si solo se protesta y no se comenten delitos no debeinterponerse ninguna vía judicial. Frente a un conflicto el diálogo siempre será lamejor vía. El diálogo no significa impunidad en la comisión de delitos”.Pero Hernán Reyes cree que “los operadores de la política del actual régimense han mostrado incapaces de tender puentes permanentes de diálogo con losmovimientos sociales y grupos sociales organizados”. Incluso amplía: “Hay el derechoa la resistencia pero nadie sabe cuándo será aplicable, más aún si sigue imperandoen el imaginario del país la idea de la gobernabilidad como mera preservación de lapropiedad privada y el orden público como seña evidente de una paz que no debeperderse bajo ninguna circunstancia. El discurso del Presidente Correa ha marcadolos ‘limites institucionales’ de la protesta y lo ha hecho frente a toda posibilidad dedescontento público contra su gobierno, salvo ciertos casos donde no le ha sidoposible sino organizar contramarchas o concentraciones paralelas (caso la marcha proNebot en Guayaquil o la presencia de la FEI en la Plaza Grande…”.[187
Varias cuestiones subyacentes… y opuestasLo cierto es que la expedición de la nueva Constitución, en la visión del régimeny sus voceros, parece cerrar el círculo de un nuevo orden que sujeta y detiene todomalestar o crítica. Es como si se pensara que en el texto constitucional han desaparecidolas exclusiones del anterior sistema y todo esta cubierto –o por cubrirse– a través dedeterminadas políticas públicas aplicadas por el gobierno. Dicha aplicación evitaríael recurso de la protesta social o anularía las perspectivas de los dirigentes socialesmás radicales.Lo que subyace a la postura oficial es la preeminencia del Estado como ejecutor,en apariencia, de todas las demandas sociales, y la presunción de que dicho ejecutoratiende los requerimientos concretos de los sectores históricamente excluidos terminaeclipsando la parte esencial de las protestas… del movimiento indígena, por ejemplo.En otras palabras: lo que se juega en las protestas indígenas –relativas a la Ley delAgua– es otra visión del rol del Estado, más aún, está en duda la construcción de unEstado plurinacional contenido en la Constitución. No obstante, se reduce la lucha acuestiones menores –o prácticas– como la Autoridad Única del Agua. A partir de dichareducción de demandas el régimen oculta su deseo de no profundizar los debates ylos diálogos con sectores que no ven en el viejo Estado (nacional) la entidad mágicaque todo lo resuelve, sino que cuestionan desde adentro la mirada unívoca del Estadoen la versión neoconstitucionalista del presente. En el lenguaje informativo se priorizauna mirada maniquea de cualquier conflicto social enfrentado al Ejecutivo.Tales apartados claves, que dan cuenta de concepciones y visiones sobre modelospolíticos y económicos, no están implícitos en los enfoques, análisis o reportes de losgrandes medios. Porque el conflicto o los conflictos –parecería– empiezan y terminanen protestas que radicalizan acciones semejantes a desmanes y, mientras, se ponderano subrayan sesgos ideológicos para demostrar las contradicciones del régimen y,además, las divisiones internas de los movimientos sociales. Lo cosmético y espectaculareclipsa las razones o excesos de una oposición (heterogénea) que demanda nuevosrecursos de entendimiento de la lucha social y política. Aquel método de reportarcada protesta social como el culmen de las crisis gubernamentales se pierde con lallegada de otro conflicto que remeda similares características. Es el reciclaje de unmodelo informativo al apropiarse del día a día. Arturo Torres, al reflexionar sobre lacobertura de conflictos sociales testimonia lo cotidiano: “La cobertura ante este tipode fenómenos siempre es limitada, pues como diario somos esclavos de los hechos yde las noticias que surgen en todos los campos diariamente”.Tal vez la clave no sólo está en la amplitud y profundidad de la cobertura sinoen la condición mediática del tratamiento de sucesos complejos y móviles. Nuestrassociedades conocen el conflicto, muchas veces, desde el tamiz del lenguaje mediático188] ECUADOR
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