“VAMOS A PORTARNOS MAL”
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“Vamos a portarnos mal”]“Vimos que ingresó un grupo de 50 personas a la CPESC forzando uno de losportones. No sabemos quiénes eran. Seguramente fueron grupos organizados, pero nolos identificamos. Estos muchachos se llevaron cositas que no eran mucho”, dijo Surubí.Bolivia estaba al borde de la contienda internaBolivia vive un proceso político y social intenso desde principios de siglo XXI. Apartir de la caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003,como consecuencia de un alzamiento popular, el país no ha cesado en un procesohistórico en el que se intenta dar a luz un nuevo Estado y donde los protagonistas nohan sido, precisamente, los partidos políticos, sino los movimientos sociales populares,rurales –sobre todo– y urbano populares, versus organizaciones que representan a laburguesía de las regiones más prósperas económicamente en esta nación.En septiembre de 2008 fue el momento preciso en que se midieron las fuerzasde estos actores. La pulzeta derramó la sangre de al menos una docena de bolivianosque perecieron acribillados, “cazados” en la ribera de un río, en Cobija-Pando, tierrarecóndita que forma parte de la Amazonia que comparte Bolivia con Brasil.Un video, cuya autenticidad ha sido comprobada por peritos de organismosinternacionales, testifica esta matanza acaecida el 11 de septiembre de ese año.Además de informes de la Unasur, de la ONU y del Defensor del Pueblo de Bolivia,entre otros organismos e instituciones que investigaron el suceso.La escalada de violencia comenzó en agosto, al día siguiente que el país ratificó enlas urnas al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera con un67,4%. De los nueve departamentos que tiene Bolivia, seis respaldaron el gobiernode Morales y tres lo rechazaron; éstos últimos estaban liderados por activistas deorganizaciones cívicas y empresariales, a los que se le unieron políticos cuyos partidosdesaparecieron en la crisis de las organizaciones partidistas.A mediados de agosto, la situación de conflictividad se fue acentuando. En las 3regiones de oposición, sus líderes –elegidos y ratificados en el referéndum de agosto–tomaron la decisión de implementar sus modelos autonómicos que no estabanreconocidos por la anterior Constitución Política del Estado. En esos momentos, estabaen curso un referéndum para ratificar o rechazar el texto de la nueva Constitución,donde recién se incorporaba un modelo de autonomías, pero que era contrario alos intereses de los grupos de poder. La oposición al gobierno del MAS sabía que,después de referéndum Revocatorio de agosto, la nueva Constitución tenía las deganar, por eso se apresuró a poner en vigencia la autonomía que sólo ganó en susregiones, no así en el resto del país.[149
La élite y las autoridades cruceñas, lideradas por el Comité pro Santa Cruz, ycon el financiamiento del empresariado más pudiente del país, comenzaronasumiendo medidas radicales, incluso sacrificando sus propios intereses. En agosto,intentaron “tomar” el edificio de la Policía departamental, utilizando a un grupo deactivistas discapacitados cuya demanda era que el Estado les conceda un bono porla discapacidad. En septiembre decretaron paralizar actividades, bloquear carreterasy movilizar a la sociedad civil. En ese afán, incorporaron “grupos de choque” queterminaron profundizando el conflicto e intensificaron el clima de violencia, segúnreportes de organismos internacionales.Los liderazgos que condujeron este periodo violento posicionaron el discurso quela incursión a instituciones públicas era en pro de la autonomía. A estos ingresosviolentos se le denominó “toma” de entidades públicas, las que estuvieron mezcladascon hechos delictivos, saqueo, robo y destrozos de bienes del Estado.La escalada de violencia fue liderada por representantes de Santa Cruz y se registróde forma paralela y con características similares en Pando, Tarija y Beni, cuatroregiones que conformaron un bloque político autodenominado “Consejo NacionalDemocrático (Conalde)”.La matanza en PandoNo fue un enfrentamiento como, insistentemente, quiso hacer creer el prefectode Pando, Leopoldo Fernández, el principal acusado de la muerte de una docenade campesinos y estudiantes de una escuela normal. Fernández encontró eco en lamayoría de los medios de comunicación bolivianos, de línea opositora al Gobiernonacional, que replicaron su discurso que quedó en el imaginario de la población.El informe final de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos en Bolivia estableció que el suceso del 11 de septiembrede 2008 en Pando fue una masacre. “La masacre de los campesinos y normalistashabría sido cometida por funcionarios de la Prefectura, del Sedcam (Servicio deCaminos de la Prefectura de Pando), miembros del Comité Cívico y otros partidariosde la Prefectura de Pando”, dice una de las partes sobresalientes del informe de esteorganismo internacional.Después de dos años Bolivia no sabe cómo realmente sucedieron los hechos eneste caso y cuántas personas murieron exactamente. Los medios de comunicación seencargaron de contar historias de forma distinta y contrapuesta de un mismo suceso.Un día la prensa exhibía a los campesinos acribillados como víctimas de una matanza150] BOLIVIA
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La élite y las autoridades cruceñas, lideradas por el Comité pro Santa Cruz, ycon el financiamiento del empresariado más pudiente del país, comenzaronasumiendo medidas radicales, incluso sacrificando sus propios intereses. En agosto,intentaron “tomar” el edificio de la Policía departamental, utilizando a un grupo deactivistas discapacitados cuya demanda era que el Estado les conceda un bono porla discapacidad. En septiembre decretaron paralizar actividades, bloquear carreterasy movilizar a la sociedad civil. En ese afán, incorporaron “grupos de choque” queterminaron profundizando el conflicto e intensificaron el clima de violencia, segúnreportes de organismos internacionales.Los liderazgos que condujeron este periodo violento posicionaron el discurso quela incursión a instituciones públicas era en pro de la autonomía. A estos ingresosviolentos se le denominó “toma” de entidades públicas, las que estuvieron mezcladascon hechos delictivos, saqueo, robo y destrozos de bienes del Estado.La escalada de violencia fue liderada por representantes de Santa Cruz y se registróde forma paralela y con características similares en Pando, Tarija y Beni, cuatroregiones que conformaron un bloque político autodenominado “Consejo NacionalDemocrático (Conalde)”.La matanza en PandoNo fue un enfrentamiento como, insistentemente, quiso hacer creer el prefectode Pando, Leopoldo Fernández, el principal acusado de la muerte de una docenade campesinos y estudiantes de una escuela normal. Fernández encontró eco en lamayoría de los medios de comunicación bolivianos, de línea opositora al Gobiernonacional, que replicaron su discurso que quedó en el imaginario de la población.El informe final de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos en Bolivia estableció que el suceso del 11 de septiembrede 2008 en Pando fue una masacre. “La masacre de los campesinos y normalistashabría sido cometida por funcionarios de la Prefectura, del Sedcam (Servicio deCaminos de la Prefectura de Pando), miembros del Comité Cívico y otros partidariosde la Prefectura de Pando”, dice una de las partes sobresalientes del informe de esteorganismo internacional.Después de dos años Bolivia no sabe cómo realmente sucedieron los hechos eneste caso y cuántas personas murieron exactamente. Los medios de comunicación seencargaron de contar historias de forma distinta y contrapuesta de un mismo suceso.Un día la prensa exhibía a los campesinos acribillados como víctimas de una matanza150] BOLIVIA