“VAMOS A PORTARNOS MAL”
“VAMOS A PORTARNOS MAL” “VAMOS A PORTARNOS MAL”
“Vamos a portarnos mal”]En cuanto al trabajo de los profesionales de la prensa, el ex titular del SPP indica queexiste una “relativa libertad de expresión” en los medios. “Los intereses empresarialesson directamente proporcionales a la censura. Grupos latifundistas propietariosde medios de comunicación cercenan reiteradamente las voces campesinas y lascriminalizan, así como también la de los pueblos originarios. A la vez, también releganlas reivindicaciones de los trabajadores, y desechan la información del movimientosindical organizado”, sostiene.Lo que la prensa llama “invasión de la propiedad privada” se da en un contexto dehistórica falta de respuesta de parte del Estado para solucionar el problema de la tierra,juzga la socióloga Palau. “La mayoría de las veces cuando los campesinos ocupantierras, se trata de ocupaciones de excedentes fiscales apropiadas indebidamente porparticulares o que son terrenos que son de origen mal habido. Es decir, los campesinos,no están ocupando cabalmente propiedad privada –objeta–, sino que están haciendoun acto de protesta para que el Estado recupere lo que les pertenece y pueda hacersela reforma agraria”.A su criterio, se ingresa sin demora a un entramado de “trampa discursiva” pararelacionar al movimiento campesino con delincuencia. Cuando, realmente, es elsujeto que está haciendo uso de su derecho a la manifestación y está ejerciendo unaforma de protesta ocupando tierras ante la incapacidad del Estado de regularizar latenencia de la tierra en el país”, refuerza.Por el contrario, cuando se realizan movilizaciones de los grandes productoresconocidos como “tractorazo” se resalta la convocatoria y hacen un seguimientoa las demandas de éstos grupos empresariales. “Mientras que cuando se trata delsector campesino o popular la prensa talla la escasa concurrencia”, compara laentrevistada.El escaparate mediático logra, entonces, colocar en la opinión pública que “elproductor que aporta al país es el sojero y los campesinos –el pequeño productor–son los que molestan”.Para Sánchez, el problema de la libertad de prensa va de la mano con la libertadreal de poder comunicar y entrar en circuitos diversos y alternativos de comunicación.La desigualdad en la tenencia de medios de comunicación se refleja, además, enel intento de frenar a las radios comunitarias mediante la modificación de la Ley642/95 de Telecomunicaciones. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó esteproyecto que limita la frecuencia de estas radioemisoras en un mínimo de 50 Watts yun máximo de 300 W de potencia.Para Rubén Ayala, coordinador general de la Asociación Nacional de RadiosComunitarias y Medios Alternativos del Paraguay, dicha ley busca poner en el plano[131
de radios “piratas” a las de carácter comunitario, al tiempo “atentar contra la libertadde expresión de la ciudadanía y las comunidades u organizaciones” 2 .La avanzada reformista prevé para quienes operan sin la licencia respectiva, oprevia autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),sanciones con pena privativa de libertad de hasta dos años, o multa de 300 a 500jornales diarios.A las claras se percibe que esta medida transgrede el artículo 26 de la Libertad deExpresión y de Prensa de la Constitución Nacional, el cual estipula: “se garantizan lalibre expresión y la libertad de prensa”.Límites de la toleranciaLa forma más extrema de criminalizar la protesta campesina es el asesinato desus militantes y dirigentes, especialmente campesinos. Entre los años 1989 y 2005 elInforme Chokokue (del guaraní: agricultor) de la CODEHUPY, año 2007, documentó75 ejecuciones extrajudiciales dando cuenta de que la acción represiva del Estado yde los propietarios organizados por terratenientes que operan en zonas rurales.En esta etapa de lenta transición democrática, la libertad para manifestarse enParaguay conoció sus límites durante el gobierno del anterior presidente, NicanorDuarte Frutos (2003-2008). El proceso de criminalización de la lucha social bajoesta administración tuvo sus puntos altos. Sólo en el año 2004 hubo más de 3.000imputaciones a dirigentes sociales y sucesivas represiones de las fuerzas públicas, yasea en cortes de rutas como en ocupaciones de tierras. Es decir, fueron detenidas 3mil personas “que representarían la mitad de la población penitenciaria del Paraguay,que es de 6.000”, coteja Juan Martens, asesor jurídico de la CODEHUPY.En este contexto, 12 labriegos murieron asesinados en diferentes circunstancias,principalmente, “en emboscadas donde se sospecha la implicancia de guardiasprivados de estancias y también de policías”, menciona a su turno Palau.Desde agosto de 2008 a diciembre de 2009 se consumaron 58 desalojos queafectaron a 12.294 personas. En el primer año de gestión del presidente FernandoLugo, esta política continuaba vigente, incluso, suman ya ocho personas asesinadasen el marco de la lucha por la tierra; ningún caso ha sido aclarado.Tres de estos sucesos se narran a continuación: Bienvenido Melgarejo (45 años),militante de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) fue ultimado2http://www.ipparaguay.com.py/index.php?id=cmp-noticias&n=23925132] PARAGUAY
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