La integración de la solvencia con medios externos en los contratos ...

Juan Carlos Gris González1. IntroducciónEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en interpretaciónde las Directivas del Consejo 71/305/CEE y 92/50/CEE, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de losprocedimientos de adjudicación de los contratos públicosde obras, y de 18 de junio de 1992, sobre coordinaciónde los procedimientos de adjudicación de los contratospúblicos de servicios, respectivamente, admitió laposibilidad de que los licitadores acrediten la solvencianecesaria para celebrar un contrato determinado basándoseen medios de otras entidades. Así, este Tribunaladvirtió que un candidato no puede ser excluido porque,para la ejecución del contrato, proyecte emplearmedios que no le pertenecen, sino que sean propiedadde una o varias entidades distintas de él, pudiendo referirsea las capacidades de organismos o empresas alos que está unido por vínculos directos o indirectos,cualquiera que sea su naturaleza jurídica, viniendo ental caso obligado a probar que puede efectivamente disponerde tales medios que no son de su propiedad, peroque son necesarios para la ejecución del contrato. 1Esta doctrina jurisprudencial, así como la normativaeuropea a la que aquella sirve como regla de interpretación(Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de juniode 1992, sobre coordinación de los procedimientosde adjudicación de los contratos públicos de servicios–ya citada–, 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, sobrecoordinación de los procedimientos de adjudicación delos contratos públicos de suministro, y 93/37/CEE, de14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientosde adjudicación de los contratos públicos deobras), fueron incorporadas en el artículo 15.1, párrafosegundo, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratosde las Administraciones Públicas, cuando disponeque, en el supuesto de personas jurídicas dominantesde un grupo de sociedades, se podrá tener en cuentaa las sociedades pertenecientes al grupo, a efectosde acreditación de la solvencia económica, financieray técnica o profesional o de la correspondiente clasificación,en su caso, de la persona jurídica dominante,siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamentea su disposición los medios de dichas sociedades necesariospara la ejecución de los contratos.El sentir citado de la jurisprudencia comunitaria tuvosu reflejo en la Directiva del Parlamento Europeo y delConsejo 18/2004/CEE, de 31 de marzo de 2004, sobrecoordinación de los procedimientos de adjudicación delos contratos públicos de obras, de suministro y de servicios,la cual deroga la Directiva 92/50/CEE (excepto asu artículo 41) y las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE.En este sentido, los artículos 47.2 y 48.3 de la Directiva18/2004/CEE disponen que, en su caso y para uncontrato determinado, el operador económico puedabasarse en las capacidades de otras entidades, independientementede la naturaleza jurídica de los vínculosque tenga con ellas. En tal supuesto –continúandiciendo esos artículos–, el operador económico deberádemostrar ante el poder adjudicador que dispondrá delos medios necesarios, por ejemplo, mediante la presentacióndel compromiso de dichas entidades a tal efecto.La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos delsector público, procedió a transponer estos preceptosal Derecho interno en su artículo 52, el cual estableceque para acreditar la solvencia necesaria para celebrarun contrato determinado, el empresario podrá basarseen la solvencia y medios de otras entidades, independientementede la naturaleza jurídica de los vínculosque tenga con ellas, siempre que demuestre que, parala ejecución del contrato, dispone efectivamente deesos medios. Actualmente, a causa de la unificación delas disposiciones en materia de contratación del sectorpúblico contenidas en normas con rango de ley que haefectuado el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 dediciembre, por el que se aprueba el texto refundido dela Ley de contratos del sector público, este artículo haquedado derogado, pero ha sido reproducido literalmenteen el artículo 63 de esta última norma.2. Clases de solvencia que pueden integrarsecon medios externosLa Junta Consultiva de Contratación Administrativadel Estado se mostró favorable a la acreditación de lasolvencia con medios ajenos a los del licitador, bienes cierto que esta postura contaba con matices. 2 Así,este órgano consultivo, en línea con los postulados1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 1994, asunto C-389/92 (Ballast NedamGroep/Belgische Staat), 18 de diciembre de 1997, asunto C-5/97 (Ballast Nedam Groep/Belgische Staat), 2 de diciembre de1999, asunto C-176/98 (Holst Italia), y 18 de marzo de 2004, asunto C-314/01 (Siemens y ARGE Telekom).2. Informe 45/2002, de 28 de febrero de 2003, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.98Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local

La integración de la solvencia con medios externos en los contratos del sector públicocia. 10 Asimismo, en estos supuestos, de conformidadcon la misma línea doctrinal, debería recogerse específicamenteen el contrato dicha circunstancia, adjuntandolos compromisos debidamente formalizados. 11En todo caso, los vínculos entre el operador económicoy el ente externo pueden instrumentalizarse–como ya se apuntó– a través de cualquiera de lossistemas legitimados en Derecho, siendo lícitos, enconsecuencia, tanto los oportunos acuerdos o convenioscelebrados de conformidad con la normativa legalaplicable al caso, como las declaraciones evacuadas alefecto por parte de los representantes de la entidadesexternas con poder bastante (siempre que se justifiquela suficiencia del poder para adquirir tales compromisos).Por el contrario, no sería una vía adecuada parahacer efectivos los susodichos compromisos la meramanifestación del licitador invocando la disposición demedios ajenos, ya que –como es evidente– aquí no estaríaenteramente asegurada la accesibilidad de este alos recursos alegados.4. La solvencia de las personas jurídicas pertenecientesa un grupo de sociedadesEn primer lugar, hay que precisar que, atendiendo alartículo 42.1 del Código de Comercio, existe un grupode sociedades cuando una sociedad ostente o puedaostentar, directa o indirectamente, el control de otrau otras.Aclarado esto, debemos, seguidamente, poner elacento en el criterio que en torno a este extremo havenido manteniendo la jurisprudencia comunitaria. Eneste sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,al examinar una solicitud de clasificación presentadapor una persona jurídica que domina un grupo,dispone que, para apreciar los criterios a que deberesponder un contratista, se tendrá en cuenta a las sociedadesque pertenezcan al grupo, siempre y cuandola persona jurídica de que se trate acredite, cualquieraque sea la naturaleza del vínculo jurídico que la une asus filiales, que posee efectivamente a su disposiciónlos medios de dichas sociedades que sean necesariospara la ejecución de los contratos. 12 Aclara también esemismo Tribunal que, cuando se acredite que la mencionadapersona tiene efectivamente a su disposición losmedios de las sociedades pertenecientes al grupo quesean necesarios para la ejecución de los contratos, laautoridad competente está obligada a tener en cuentalas referencias de dichas sociedades para apreciar laaptitud de la persona jurídica interesada. 13Haciéndose eco de esta doctrina jurisprudencial, laDirectiva 18/2004/CEE, en su artículo 52.1, estableceque los Estados miembros adaptarán las condicionesde inscripción en las listas oficiales de contratistas, proveedoreso prestadores de servicios autorizados y lasde expedición de certificados por parte de organismosde certificación, a la posibilidad de integrar la capacidadcon medios externos en relación con las solicitudesde inscripción presentadas por los operadores económicosque formen parte de un grupo y utilicen los mediospuestos a su disposición por las demás sociedadesdel grupo. Estos operadores –sigue diciendo la Directiva–deberán en este caso probar a la autoridad queestablece la lista oficial que disponen de dichos mediosdurante toda la validez del certificado que acredite suinscripción en la lista oficial, y que dichas sociedadessiguen cumpliendo durante ese mismo periodo los requisitosen materia de selección cualitativa a que seacogen dichos operadores para su inscripción.Este precepto comunitario, fue transpuesto en elDerecho nacional por medio del artículo 56.3 de la Leyde contratos del sector público –ahora sustituido por elartículo 67.3 del texto refundido–, el cual preveía que,a los efectos de la valoración de la solvencia económica,financiera, técnica o profesional de las personasjurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, sepodrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientesal grupo, siempre y cuando la persona jurídica encuestión acredite que tendrá efectivamente a su disposición,durante el plazo a que se refiere el artículo 59.2de la misma norma –actualmente sería el artículo 70.2del texto refundido–, los medios de dichas sociedadesnecesarios para la ejecución de los contratos.10. Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, op. cit., en nota al pienúm. 4.11. Idem.12. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 1994, asunto C-389/92 (Ballast NedamGroep/Belgische Staat).13. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 1997, asunto C-5/97 (BallastNedam Groep/Belgische Staat).Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local101

Juan Carlos Gris GonzálezEl antecedente de este precepto en el ordenamientoespañol es el artículo 15.1 de la Ley de contratos delas Administraciones Públicas. Sin embargo, mientrasen base a este último se podían tener en consideraciónlas sociedades pertenecientes al grupo para valorar lasolvencia o clasificación de la empresa dominante delgrupo, el actual artículo 67.3 del texto refundido de laLey de contratos del sector público, en coherencia conlo recogido por el artículo 63 de la misma norma, prevéla posibilidad de tener en cuenta a las sociedades delgrupo para la evaluación de la solvencia o clasificaciónde cualquiera de las sociedades del grupo, y no únicamentepara beneficio de la dominante.Asimismo, aunque el señalado artículo 67.3, al usarla forma verbal “podrá”, parece que deja en manosdel poder adjudicador la decisión de tomar en consideracióna las sociedades del grupo a la hora de evaluarla solvencia de las empresas incluidas en un grupo desociedades, lo cierto es que, a tenor de la jurisprudenciadel Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,hay que deducir que, más que una opción, esuna obligación si se cumple el último de los requisitosdel precepto, esto es, que la sociedad justifique quetiene acceso efectivo a los recursos de las susodichassociedades, durante un año si se trata de integrar lasolvencia económica y financiera, y tres si se trata de latécnica o profesional. 145. La subcontratación en la fase de seleccióndel adjudicatarioLa doctrina española ha venido relacionando, de modonada infrecuente, a la integración de la solvencia conmedios ajenos con la institución de la subcontratación,bien es cierto que sus conclusiones no son siemprecoincidentes.Mismamente, Escrihuela Morales, partiendo de queel texto refundido de la Ley de contratos del sector públicoconsiente que la integración de medios ajenospueda hacerse tanto a través de vínculos directos comoindirectos, considera a la subcontratación como unade las posibles opciones que legalmente existen paraacreditar la solvencia con recursos externos, poniendoa disposición del licitador los medios del subcontratista,para lo cual tendrán que otorgarse los oportunosdocumentos con el objeto de garantizar y probar laefectiva accesibilidad a los reseñados medios por partede aquel, en la ejecución del contrato.Otros autores, como Gimeno Feliu, han sido firmesdefensores de la posibilidad de valorar la subcontrataciónen la fase de solvencia –hasta el punto de proponerque la subcontratación se regulase en la Ley decontratos del sector público con la solvencia y no conla fase de ejecución–, ya que este criterio podría permitirque realmente se seleccionara a las empresas máscapaces desde una óptica íntegra del contrato, con loque, a la vez de garantizar una verdadera concurrencia,se favorecería el mejor cumplimiento de la prestacióncontractual. Sin apartarse de este camino doctrinal, lasJuntas Consultivas de Contratación de las Islas Balearesy de Aragón vienen a colegir que la subcontrataciónencuentra un respaldo indirecto en el artículo 63 delReal Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de diciembre, alregular la integración de la solvencia del licitador conmedios externos, llevándola así en la práctica al momentoprocedimental de selección del adjudicatario. 15Expresamente, la primera de esas Juntas Consultivassubraya la estrecha correlación que hay entre losartículos 52 y 54.1 de la Ley de contratos del sector público–ahora artículos 63 y 65.1, respectivamente, deltexto refundido–, por una parte, y a su vez, de estoscon los artículos 47.2 y 48.3 de la Directiva 2004/18/CEE, por otra. 16 El hecho de que el segundo párrafodel artículo 54.1 de la Ley 30/2007, referido a la ejecuciónde una parte del contrato por otra entidad (casoen que se prevé la subcontratación), se haya incluidoen un precepto general relativo a la clasificación, noimpide, de acuerdo con la Junta Consultiva de Contrataciónde las Islas Baleares, que se tenga que interpretar,en los términos fijados por el Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas en la sentencia HolstItalia, como un corolario del artículo 52 de la mismaLey, relativo a la acreditación de la solvencia necesariapara celebrar un contrato determinado (supuestoque implica la ejecución de la totalidad del contratopor medios propios). 17 En efecto –sigue diciendo esteórgano consultivo de las Islas Baleares–, no se debe14. Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, op. cit., en nota al pie núm. 115. Informe 10/08, de 12 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares, e informe 1/2010, de17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.16. Informe 10/08, de 12 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares.17. Idem.102Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local

La integración de la solvencia con medios externos en los contratos del sector públicoolvidar que la Directiva comunitaria se refiere genéricamentea la capacidad de los operadores económicos,mientras que en nuestro ordenamiento interno solvenciay clasificación son lo mismo, si bien la exigencia declasificación no es necesaria, en todos los casos, paraacreditar la solvencia de cara a la ejecución de un determinadocontrato. 18 Esto permite pensar a esta JuntaConsultiva que la ubicación, en sede de clasificación,de este segundo párrafo del artículo 54.1 de la Ley decontratos del sector público, constituye una transposiciónno especialmente meditada de la Directiva comunitaria,ya que se refiere a la prestación de un contratoen concreto y no realmente a la “clasificación”, la cualnunca se predica respecto de un contrato en concreto.19 Además, hace notar el órgano consultivo balearque el mismo párrafo habla de “(...) la habilitación y,en su caso, clasificación necesarias (...)”, lo cual reflejaque no se limita al conjunto de contratos para loscuales se exige clasificación. 20 Todo esto permite concluira la Junta Consultiva de Contratación de las IslasBaleares que la referencia que contiene este párrafo a“(...) la clasificación en el grupo correspondiente (...)”debe entenderse referida, en general, a la solvencia,constituyendo así una secuela del artículo 52 anterior,de forma que cuando el artículo 54.1 se refiere a laacreditación de la clasificación de la empresa, debe entenderseque igualmente puede ser aplicable para elcaso de la solvencia técnica. 21A esto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativade la Comunidad Autónoma de Aragón añadeque el criterio de la jurisprudencia comunitaria por elque se otorga a la subcontratación la habilitación paraintegrar externamente a la solvencia está llamado en lapráctica a jugar una gran importancia, pues permitiríaque realmente se seleccionara a las empresas más capacesdesde una visión global del contrato, con lo que,a la vez que garantizar una verdadera concurrencia,se favorecería el mejor cumplimiento de la prestacióncontractual, evitando, por lo demás, los característicosproblemas que se derivan siempre que este aspectose difiere a la fase de ejecución. 22 Es más, en muchossupuestos –entiende el órgano consultivo aragonés–,el principio de buena administración, aconsejaría lapráctica habitual de esta opción. 23 En cualquier caso,y por la lógica del procedimiento, la Junta Consultivade Contratación Administrativa de la ComunidadAutónoma de Aragón precisa que los subcontratistasaportados en fase de solvencia –que figurarán en elcontrato a formalizar tras la adjudicación– no podránser objeto de sustitución en fase de ejecución salvo porcircunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendola autorización expresa del ente contratante de cara acomprobar la adecuación –cumplimiento de los requisitosde solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar–del nuevo subcontratista propuesto. 24Gallego Córcoles, por su parte, señala que, de lanormativa de contratación del sector público, parecedesprenderse que para acreditar su solvencia los licitadorespueden recurrir a la de los empresarios con losque pretendan subcontratar la prestación, sin límite alguno.Sin embargo –advierte la profesora–, esa mismanormativa, al regular la subcontratación, permite, enprincipio, que los pliegos o el contrato restrinjan la facultadde subcontratar por parte del contratista.Pues bien, Gallego Córcoles expone que, pese alo establecido en el artículo 210 de la Ley de contratosdel sector público –al día de hoy, artículo 227 deltexto refundido–, los pliegos y el contrato no puedencoartar el recurso a la subcontratación a la horade valorar la solvencia. Hace notar la autora citadaque, para mantener esta solución, es preciso interpretarese precepto en el sentido de que se refiereexclusivamente a la fase de ejecución del contrato (yno a la selección del contratista), y que su objeto esevitar precisamente que la ejecución de partes esencialesdel contrato se encomiende a entidades cuyascapacidades técnicas y económicas no haya podidocomprobar la entidad adjudicadora con ocasión de laselección del adjudicatario. Esta, por lo demás, es –ensu opinión– la única interpretación adecuada al Derechocomunitario, según se desprende de la sentenciadel Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18de marzo de 2004 en el asunto C-314/01 (Siemens yARGE Telekom).18. Ibidem.19. Ibidem.20. Ibidem.21. Ibidem.22. Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, op. cit., en nota al pie núm. 6.23. Idem.24. Ibidem.Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local103

Juan Carlos Gris GonzálezSimilar convencimiento es el que expresa GarayarAsociados Abogados, quienes, al estudiar la cuestión,concluyen que la acreditación de la solvencia de unlicitador a través de la solvencia y medios de otrasentidades no influye en modo alguno para el cómputodel porcentaje del valor del contrato que puedesubcontratarse. Y ello, añaden, incluso aunque la empresalicitadora decida subcontratar, para la ejecucióndel contrato, al tercero de cuyos medios dispone lalicitadora para acreditar su solvencia, lo que, por otraparte, parecería lógico –más que lógico, obligado,precisaría yo–.La integración de la solvencia con recursos ajenos yla subcontratación, a juicio de este despacho de abogados,son acciones muy diferentes. Y esto por variosmotivos.En primer lugar, porque desde el punto de vista deltercero, se trata de dos acciones de naturaleza distinta,pues una consiste en comprometer la puesta a disposiciónde unos medios al contratista, pero sin necesidadde involucrarse en el contrato público (la integración), yotra supone la realización, por dicho tercero, de algunade las prestaciones contractuales (la subcontratación).En segundo término, porque cada acción tiene incidenciaen un momento distinto del procedimiento deadjudicación, ya que la acreditación de la disposiciónde los medios de tercero es un requisito para acreditarla solvencia del licitador, hecho que se valora en la fasede selección de los licitadores, mientras que la subcontrataciónatañe a la forma de realización del contratoy es una cuestión con relevancia en la fase de adjudicacióndel contrato, pues forma parte de la oferta deladjudicatario –siempre que así se prevé en los pliegoso en el anuncio de licitación, añado–.Finalmente, porque los requisitos de acreditaciónde una y otra también son distintos y responden acriterios diferentes, pues mientras que la disposiciónde medios no requiere más que la acreditación de laefectividad objetiva de dicha disposición mediante laexistencia de un vínculo de cualquier naturaleza, lasubcontratación requiere –cuando se establezca deeste modo en los pliegos o en el anuncio de licitación,vuelvo a puntualizar– que el adjudicatario hayaidentificado al tercer subcontratista en la fase de licitación,especificando la parte de la prestación quedebe ejecutar, y justificando su aptitud por referenciaa los elementos técnicos y humanos de que disponey a su experiencia o mediante su clasificación, todoello con vistas a su involucración subjetiva a través dela suscripción de un contrato relativo a una concretaprestación.Por consiguiente, para esta corriente de opinión,solamente si el licitador ha sido admitido a la fase deadjudicación podrá estudiarse el porcentaje del preciodel contrato que pretende subcontratar. Y para quedicha admisión se produzca, el licitador habrá debidopoder acreditar su solvencia, para lo que habrá podidorecurrir al mecanismo del artículo 63 del texto refundidode la Ley de contratos del sector público.Para corroborar su tesis, Garayar Asociados Abogadosacude a la opinión de la Comisión Europea que,en un recurso interpuesto frente a la trasposición dela Directiva 18/2004/CEE efectuada por la Repúblicade Hungría, expresa que, de la regulación del artículo48.3 de la nombrada Directiva, se desprende que“una entidad que aporta sus medios puede acreditarque posee los medios que deberá poner a disposiciónen el momento de la ejecución del contrato, sin tenerque participar directamente en la ejecución del contrato”.Ante este confuso panorama doctrinal, los aplicadoresdel Derecho nos encontramos en este punto–como en otros muchos de nuestro ordenamiento jurídico–con importantes incertidumbres, que no seránresueltas hasta que el legislador clarifique este asuntoo los tribunales, en particular aquellos que puedencrear jurisprudencia, fallen al respecto. En todo caso, side tomar partido en esta discusión se trata, mi modestoparecer se sitúa entre los defensores de la tesis deque es factible, amén de conveniente, que en fase desolvencia se concrete el nivel de subcontratación parala ejecución de un contrato.6. La solvencia de las personas jurídicas pertenecientesa una agrupación de interés económicoLas agrupaciones de interés económico están reguladasen la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupacionesde interés económico, la cual las conceptúa comoasociaciones, con personalidad jurídica y caráctermercantil, constituidas exclusivamente por personasfísicas o jurídicas que desempeñen actividades empresariales,agrícolas o artesanales, por entidades nolucrativas dedicadas a la investigación y por quienesejerzan profesiones liberales, cuya finalidad es facilitarel desarrollo o mejorar los resultados de la activi-104Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local

La integración de la solvencia con medios externos en los contratos del sector públicodad de sus socios, sin que tengan ánimo de lucro parasí mismas.Esta definición implica separar a las agrupacionesde interés económico de otras figuras asociativascomo son las uniones temporales de empresarios ylos grupos de sociedades, las cuales no gozan de personalidadjurídica propia y diferenciada de los entesque las integran (sin embargo las uniones temporalessí tienen capacidad de obrar en las contratacionespúblicas, cosa que no sucede con los grupos de empresas).El hecho de que las agrupaciones de interés económicotengan un objeto limitado (desarrollar unaactividad auxiliar con respecto a la actividad de sus socios)ha generado que estas se puedan tropezar condificultades para probar la idoneidad de su capacidadde obrar en relación al objeto prestacional a licitar, talcomo así afirman Monge Gil y Fenellós Puigcerver, locual, a su vez, ha dado lugar a trabas a la hora deadmitirlas a las licitaciones públicas, llegando incluso adenegárseles la posibilidad de ser clasificadas. 25Hay otras opiniones, como la expresada por la JuntaConsultiva de Contratación Administrativa de la Generalidadde Cataluña, que, sin embargo, no compartenlos postulados que se acaban de exponer, consintiendoque estas agrupaciones, si están válidamente constituidas,puedan participar en una licitación pública enla cual el objeto prestacional a ejecutar fuera acordecon su objeto social, e incluso que puedan ser clasificadascomo entidad jurídica independiente, en el casode que demuestren que pueden ejecutar por sí mismasla actividad propia del grupo y subgrupo de clasificaciónal cual quiere acceder y que, por ende, disponende los medios para realizarlo. 26 Ahora bien, esa mismaJunta Consultiva también manifiesta que no resulta deaplicación a las agrupaciones de interés económicoaquello previsto en el –entonces vigente– párrafo segundodel artículo 15 del texto refundido de la Ley decontratos de las Administraciones Públicas, referido ala posibilidad de que, a efectos de la clasificación empresarial,una sociedad dominante de un grupo puedaacreditar la efectiva disposición de medios de las sociedadesdominadas, ya que el artículo 2, en su apartado3, de la Ley 12/91, de 29 de abril, establece que estasagrupaciones no podrán poseer ni directamente ni indirectamenteparticipaciones en sociedades que seanmiembros de las mismas. 27No obstante, a pesar de reconocer los inconvenientesque las agrupaciones de interés económicopuedan tener para ajustarse al objeto del contrato,dado su carácter meramente auxiliar, y hasta para lograrla oportuna clasificación empresarial, en el parecerde algunos autores, como Escrihuela Morales,nada impide que sus medios puedan ponerse a disposiciónde alguna de sus empresas en la ejecuciónde un contrato determinado, con el fin de alcanzarlos niveles de solvencia exigidos, objetivo que se correspondecon la verdadera naturaleza y finalidad deestas agrupaciones, que es auxiliar y ayudar en la actividadde sus integrantes. Esta parece, sin duda, laposición más acorde tanto con el espíritu de la legislaciónactualmente vigente en este terreno como conlos criterios marcados al respecto por la jurisprudenciacomunitaria.7. ConclusionesDe conformidad con todo lo explicado, podemos establecer,a modo de recopilación, las siguientes conclusiones:– El artículo 63 del texto refundido de la Ley decontratos del sector público permite al licitadoracreditar la solvencia necesaria para celebrar uncontrato determinado, basándose en los mediosde otras entidades, independientemente de lanaturaleza jurídica de los vínculos que tenga conellas, siempre que aquel demuestre que, para laejecución del contrato, dispone efectivamente deesos medios.– La integración con recursos ajenos puede abarcartanto a la solvencia económica y financiera comoa la profesional o técnica, aunque algunos requisitosde solvencia, por sus peculiares características,pueden presentar ciertas dificultades para sucumplimentación por esta vía.25. Informe 7/92, de 27 de febrero de 1992, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y sentenciadel Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de abril de 1998, rec. 3333/1995.26. Informe 9/2006, de 20 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad deCataluña.27. Idem.Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local105

Juan Carlos Gris González– El enlace entre el operador económico y la entidadexterna puede producirse por cualquier vínculoadmitido legalmente, siempre que el mismogarantice plenamente la disponibilidad efectivade los medios que sean necesarios para la ejecucióndel contrato.– Los grupos de sociedades son una de las posiblesfórmulas de unión entre el licitador y el tercero,debiendo obligatoriamente el poder adjudicador,en estos supuestos, tener en cuenta alas mercantiles pertenecientes al grupo con elobjeto de valorar la solvencia, o la clasificación,de cualquiera de las empresas del grupo.– La subcontratación es otra de las opciones quetiene el licitador para integrar la solvencia conmedios de un ente ajeno.No obstante, admitiéndose ese postulado comoválido de forma unánime por nuestra doctrina, existenposturas encontradas entre los que se muestranpartidarios de que, en estos casos, la evaluación de lasubcontratación se traslade a la fase de solvencia, ylos que defienden que el régimen jurídico de la subcontrataciónsolo es aplicable en fase de ejecución delcontrato.– Las agrupaciones de interés económico, igualmente,posibilitan la integración externa de lasolvencia, permitiendo que sus medios se pongana disposición de alguna de las empresas quelas forman, con el objetivo de obtener los nivelesde solvencia exigidos. Y ello a pesar de los problemasque presentan para acomodarse al objetodel contrato (y hasta para obtener la correspondienteclasificación empresarial), dado su caráctermeramente auxiliar.Garayar Asociados Abogados, http://blog.garayarasociados.com/wp-content/uploads/2011/06/Snack-Garayar-Asociados-Contratacion-con-el-sector-publico-acreditacion-de-solvencia-del-cocontratante.pdfGarcía Rubio, F., “Las agrupaciones de interés económicocomo sujeto de la contratación administrativa”,Contratación Administrativa Práctica, núm. 24,2003, p. 28.Gimeno Feliú, J. M., “Observaciones al Anteproyecto deLey de contratos del sector público y consecuenciasdel vencimiento del plazo de trasposición dela Directiva 18/2004”, Contratación AdministrativaPráctica, núm. 52, 2006, p. 33.Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P., “La integraciónde la solvencia técnica y profesional, económica ofinanciera con medios de tercero”, Revista de EstudiosLocales, núm. 124, 2009, p. 49, 50 y 51.Monge Gil, A. L., Las agrupaciones de interés económico,Tecnos, D.L., Madrid, 1993.Moreno Molina, J. A. y Pleite Guadamillas, F., La nuevaLey de contratos del sector público, 3.ª edición, LaLey, Madrid, 2011. •BibliografíaAA. VV., Contratación del sector público local, El Consultorde los Ayuntamientos (La Ley), Madrid, 2008.Escrihuela Morales, F. J.:– La contratación del sector público. Especial referenciaa los contratos de suministro y de servicios,La Ley, Madrid, 2007.– Todo contratación sector público, La Ley, Madrid,2011.Fenellós Puigcerver, V., Comentarios a la Ley de Contratosde las Administraciones Públicas, BOE, Madrid,1995.106Cuadernos de Derecho Local (QDL)ISSN: 1696-0955, núm. 28, febrero de 2012, p. 97-106Fundación Democracia y Gobierno Local