Financiamiento de las campañas electorales y los sistemas ... - IIDH

Sin embargo, conviene poner de presente que con anterioridad a la Ley 130 de 1994, elLegislador profirió la Ley 84 de 1993, la cual tuvo una vigencia efímera dentro delordenamiento jurídico toda vez que la honorable Corte Constitucional Colombiana declarósu inexequibilidad por vicios de trámite, toda vez que al decir de la Constitución Políticaen el artículo 152 las leyes que desarrollen los partidos y movimientos políticos, la funciónelectoral y los mecanismos de participación ciudadana deberán tener trámite de LeyesEstatutarias, situación que no ocurrió con la Ley 84 citada.En la búsqueda por la democratización de los partidos, por el cambio de las costumbrespolíticas, por la realización de una campaña electoral en igualdad de condiciones y trato yla necesidad de controlar los ingresos y gastos de las campañas, la Ley 130 de 1994reguló lo pertinente a la financiación de los Partidos y Movimientos Políticos como de lascampañas electorales.En la exposición de motivos del proyecto de Ley No. 18 Cámara de 1991, más tarde No.11 Cámara de 1992 y 348 Senado de 1993, que posteriormente fuera la Ley 130 de 1994,se reseñó la finalidad de la financiación pública de campañas electorales. A decir delentonces Ministro de Gobierno doctor Humberto de la Calle Lombana el proyectobuscaba:"Propiciar el fortalecimiento de los partidos y generar igualdad de condiciones y de trato,mediante la obligación atribuida al Estado de financiar tanto a los partidos y movimientospolíticos como a las campañas electorales y de acceso a los medios de comunicaciónsocial del Estado. De este modo podrán contar con unas garantías mínimas para susubsistencia. Igual derecho se consagra para las personas que aspiren a cargos deelección popular por fuera de los partidos, como reconocimiento del derecho a ser elegidoconsagrado en nuestra Constitución" 11 .La Ley Estatutaria 130 de 1994 consagró fundamentalmente la financiación pública departidos y movimientos políticos como de campañas electorales. Sin embargo,paralelamente abrió la puerta a la financiación privada de campañas políticas limitando elmonto en qué estas podrían ser costeadas por los particulares. En consecuencia,debemos afirmar que la legislación vigente en Colombia establece un tipo de financiaciónmixta, donde concurren aportes directos e indirectos de fuente estatal y privada.En ambos casos, tratándose de que la financiación de la campaña se haya hecho conrecursos privados como públicos la Ley estableció una obligación de hacer en cabeza delos candidatos, los partidos y movimientos políticos, consistente en la presentación deinformes públicos de ingresos y gastos de campaña dentro de los 30 días siguientes a laselecciones, informes que pretenden salvaguardar el origen lícito de los recursos como elque no se violare el principio de igualdad al ser sobrepasado el tope de gastos autorizadopor el Consejo Nacional Electoral para la respectiva elección. Tanto el incumplimiento dela obligación de presentar informes como la vulneración a los topes de gastos sonsancionados por ministerio de la Ley con multas que fija el Consejo Nacional Electoral11 F. Mayorga García. Ley 130 de 1994. Bogotá, Registraduría Nacional del Estado Civil, 1996, pp. 3010