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En los supuestos de muerte, renuncia, excusa o revocatoria del defensor público,
el tribunal procederá a una nueva designación en un lapso perentorio de
veinticuatro horas.
Se remite a su ley especial el trámite de la inhibición, recusación y demás casos
no previstos en el anteproyecto de reforma.
Del Ministerio Público.
En este título pocas modificaciones se introdujeron, la recusación o inhibición de
los fiscales del Ministerio Público se remitió para su tramitación y resolución a ley
especial que regula a estos funcionarios al igual que los trámites para su
designación luego de resuelta esta incidencia.
De las partes.
En lo referente a la capacidad para actuar en juicio bien sea como accionante,
accionado o tercero, se requerirá de cualidad e interés directo; y tendrá capacidad
para comparecer en juicio todas aquellas personas que puedan disponer de sus
derechos y estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; en caso contrario lo
hará a través de representantes o personas debidamente autorizadas por éstos; y
en el supuesto de que no cuente con un representante se le designará uno por
parte del Estado.
Se incorpora una disposición que establece que la falta de capacidad podrá ser
apreciada de oficio por el tribunal en cualquier estado y grado de la causa, esto
con la finalidad de que el juez ordene lo conducente a los efectos de la
prosecución del proceso.
Se introduce un aspecto novedoso, relativo a que integración de la relación
procesal es de orden público, y constituye un deber del juez llamar al proceso a
todo aquel que por ley deba comparecer. Por ello, deben comparecer todos los
litisconsortes activos a la audiencia preliminar, la cual no será fijada hasta tanto no
se cumpla con dicho requisito, esto a los fines de evitar una futura reposición con
el consecuente retardo que la misma conllevaría; para el caso que se tratare de
un litisconsorcio pasivo, se estableció la carga para la parte actora de proporcionar
los datos necesarios para su emplazamiento.
De los Apoderados.
Se establece la obligatoriedad de contar para todos los actos del proceso, con la
representación o asistencia de abogados, debiendo el juez rechazar los escritos
que no contengan la firma o los datos de éstos o las actuaciones que se pretendan
realizar sin la presencia de ellos.
Se prevé la posibilidad en caso de urgencia la comparecencia del profesional del
derecho sin la documentación que lo habilite para gestionar la defensa de los
derechos e intereses de su patrocinado, para lo cual deberá acompañarlo dentro
de los cinco días siguientes a la presentación de la diligencia, sin lo cual, se tendrá
nulo lo actuado por el abogado con el consecuente pago de los gastos procesales