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procesales a que se refiere el artículo anterior podrá tramitarse vía diplomática o consular.
Asimismo, podrá tramitarse a través de la autoridad central competente en la materia del estado
receptor del exhorto o carta rogatoria. Ni en este caso ni en el previsto en el párrafo anterior se
exigirá el requisito de la legalización.
Artículo 29. Tramitación por parte interesada y vía judicial. Los exhortos y cartas rogatorias
podrán igualmente ser tramitados por las propias partes interesadas o mediante vía judicial. En
ambos casos constituirá requisito indispensable la previa legalización del acto procesal a
efectuarse. Constituye excepción a esta exigencia la cooperación requerida entre tribunales
fronterizos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre
Exhortos y Cartas Rogatorias.
Artículo 30. Leyes procesales. Los exhortos y cartas rogatorias deberán tramitarse de
conformidad con las leyes procesales del Estado receptor.
No obstante lo anterior, podrá el tribunal requerido, a solicitud del tribunal requirente, adoptar, ante
la ausencia de forma procesal para llevar a cabo la diligencia pedida, cualquier formalidad o
procedimiento especial o adicional que coadyuve a la efectiva realización del acto procesal objeto
de cooperación, siempre y cuando se preserve el orden público del Estado receptor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá el tribunal del Estado requerido adaptar la
forma procesal inexistente en su ordenamiento a efectos de prestar la colaboración requerida,
utilizando, si fuere el caso, un procedimiento análogo.
Artículo 31. Traducción al idioma nacional. De ser el caso, tanto los exhortos y las cartas
rogatorias como la documentación que las acompañen deberán estar debidamente traducidos al
idioma del Estado requerido.
Artículo 32. Efectos del cumplimiento. La práctica de los exhortos y cartas rogatorias por parte
del Estado requerido no implicará el reconocimiento de la jurisdicción del Estado requirente
respecto al asunto en el que se solicita la colaboración; asimismo, el cumplimiento de los actos de
mero trámite no conllevará el reconocimiento de la eficacia de las sentencias que eventualmente los
tribunales extranjeros dictaren, lo que en todo caso deberá seguirse el procedimiento previsto en el
Título X del Libro Cuarto de este Código.
Artículo 33. Competencia. Serán competentes para conocer del cumplimiento del exhorto o carta
rogatoria requerido por tribunal extranjero los tribunales de la República competente en el lugar
donde hayan de verificarse tales actos; si llegare a alegar su incompetencia el tribunal nacional a
quien se le solicita la actuación de mero trámite, procederá éste a declinar, sin dilación y de oficio,
en el tribunal competente.
Artículo 34. De las providencias de tribunales extranjeros. Las providencias de los tribunales
extranjeros concernientes al examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás
actos de mera instrucción que hayan de practicarse en la República, se ejecutarán con el simple
decreto del Juez de Primera Instancia siempre que dichas providencias se tramiten mediante
rogatorias de la autoridad que las haya librado y legalizadas por un funcionario diplomático o
consular de la República, o por vía diplomática.
Estas mismas disposiciones son aplicables a las citaciones que se hagan a personas residentes de
la República, para comparecer ante autoridades extranjeras, y a las notificaciones de actos
procedentes del país extranjero.