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en sus términos, serán penados como culpable de denegación de justicia.
Artículo 16. Control difuso de la constitucionalidad de la ley. Cuando el juez considere que hay
contradicción entre la ley u otra norma jurídica y algún valor, principio o norma constitucional, se
aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo al juez decidir de oficio o a petición de
parte lo conducente.
La sentencia de control de constitucionalidad deberá ser remitida a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de su revisión, conforme a lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley.
Artículo 17. Obligatoriedad de las decisiones. Los Jueces cumplirán y harán cumplir las
sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la
fuerza pública, si fuere necesario. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las demás
autoridades de la República prestarán a los Jueces toda la colaboración que éstos requieran.
En caso de desacato, el Juez tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a
la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones respetando el debido proceso.
Artículo 18. Procedimientos especiales. Aplicación supletoria. Las disposiciones de este
Código serán aplicables supletoriamente en lo no previsto en leyes procesales especiales.
Artículo 19. Aplicación de la equidad ex lege. Cuando la ley dice: "El Juez o Tribunal puede o
podrá", se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más
equitativo o racional, en obsequio de la justicia material y de la imparcialidad.
Artículo 20. Forma oral y escrita del proceso. De todo asunto se formará expediente separado
con un número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las
actuaciones deben observar el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura del
expediente se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil
manejo, cuando sea necesario.
Los actos del tribunal y de las partes que conforme a esta ley no se realicen en audiencia oral, se
realizarán en forma escrita. Las actuaciones del tribunal y de las partes en audiencia se realizarán
en forma oral, salvo que la ley o el juez por razones justificadas disponga otra cosa.
Artículo 21. Principio de que las partes están a derecho. Hecha la citación para la contestación
de la demanda las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún
otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley.
Artículo 22. Sanciones disciplinarias a funcionarios. Sin perjuicio de las nulidades a que
hubiere lugar, el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales impondrán de oficio, como penas
disciplinarias, y por lo que resulte demostrado en el proceso, apercibimiento y o multas que no
excedan de diez unidades tributarias (10 U.T) a los funcionarios que hayan intervenido en aquél,
por las faltas materiales que aparezcan, tales como omisión de firmas, de notas, de salvaturas y
otras de la misma especie. Podrán también por lo que resulte del proceso, pero sólo a solicitud de
la parte perjudicada, imponer a dichos funcionarios multas disciplinarias de igual monto por aquellas
faltas que hayan tenido como consecuencia aumentar los gastos a la parte o causar demoras en el
asunto, y las impondrán también en los casos en que el Código de Ética del Juez o la ley lo ordene.
En cualquier otro caso de falta que acarree responsabilidad civil, o en el cual la ley reserva a la
parte el recurso de queja, se abstendrán de toda sancionar al infractor, quedando a salvo la acción
de los interesados.