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Se remite al procedimiento breve de única audiencia para la tramitación y
resolución del juicio de queja; de igual forma se incluye la posibilidad del juez de
decidir, sin necesidad de celebración de audiencia, en caso de que el juez
acusado se abstenga de extender informe alguno.
Del reconocimiento de los actos y sentencias emanados de autoridades
extranjeras:
En este Título se diferenció el reconocimiento del procedimiento de exequátur. El
reconocimiento para las sentencias y demás actos del estado civil, dictados en
procesos no contenciosos en los que participaron las partes bien personalmente o
por medio de apoderado, sólo requerirán su inscripción en el Registro Civil para
tener efectos en la República, mientras que en los otros casos será necesario el
reconocimiento a través del procedimiento de exequátur.
En este reconocimiento directo que efectúa el Registrador Civil, se establecieron
los requisitos de fondo que debe cumplir el acto extranjero o sentencia para que
se verifique la inscripción así como los recursos que tienen las partes en caso de
negativa de inscripción, los cuales fueron fijados considerando la experiencia que
los jueces superiores desarrollaron en materia de Derecho Internacional Privado,
lo que les permite conocer con propiedad el recurso contra la negativa de
inscripción de un acto o sentencia extranjera del estado civil de las personas.
Los cambios efectuados en la forma de reconocimiento de sentencias extranjeras
del estado civil, dictadas en procesos no contenciosos y en los que han
participado las partes, facilitan la eficacia de la decisión extranjera en nuestro país.
En el procedimiento de exequátur, se abreviaron los lapsos de las actuaciones
para darle más celeridad al proceso; se incorporaron al texto legal las exigencias
que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha establecido sobre la
presentación de los recaudos para la admisión de la solicitud, con lo cual se
evitarán a futuro declaratorias de inadmisibilidad.
Se incorporó una nueva forma de citación para el demandado residenciado en el
extranjero, la cual se fundamenta en el mecanismo de cooperación internacional
entre los Estados, pues se realiza con la intervención de los órganos judiciales del
Estado extranjero a través de los mensajes de datos, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Esta forma de
citación es opcional, lo cual permite facilitar la tramitación de la citación del
demandado que esta fuera de la República; disminuye los costos que causa la
citación por carteles para el interesado, pues se adapta a las exigencias
constitucionales establecidas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, sobre la gratuidad de las actuaciones
judiciales, garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes al
hacer efectivo el conocimiento de la solicitud al demandado; y la normativa
nacional se adecua a los avances legislativos que en esta materia iniciaron otros
Estados como Honduras, Costa Rica y España (Art. 162 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil).