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El Principio de la Constitucionalidad del proceso, guía a los jueces en la
tramitación del proceso, ordenándolo de acuerdo a las formalidades establecidas
en la norma adjetiva, y en su defecto, la que el juez considere conveniente,
preservando los derechos establecido en la constitución. Y las nulidades sólo
procederán si la formalidad omitida o quebrantada conlleva a la vulneración de
derechos fundamentales establecidos en el artículo 49 de la Carta Magna.
Principio de Celeridad, Concentración procesal y Prohibición de generar
incidentes, con este principio se evita la tradicional dispersión de actos procesales
que originaban una mayor duración de los procesos con el consecuente desgaste
tanto de las partes como del personal adscrito al tribunal respectivo. Así, mediante
el principio comentado se propenderá a una mayor coincidencia temporal de los
actos procesales a realizarse; sólo ante la imposibilidad de practicarlos en un
mismo momento, necesariamente deberán llevarse a cabo en actos consecutivos.
Al referirnos a la contradicción se incluyó el deber ineludible que tiene el juez de
escuchar a las partes y a los terceros intervinientes en las oportunidades de
alegación, de prueba y de impugnación de los actos procesales.
Con el Principio de Publicidad, se beneficia la imagen del Poder judicial como ente
encargado de dar resolución a las disputas intersubjetivas suscitadas. Lo anterior
debido a la transparencia y credibilidad que conlleva el acto de debate con el
subsiguiente dictado de sentencia en presencia no sólo de las partes sino de
cualquier otra persona que pudiera mostrar interés en la realización y culminación
del juicio. Atrás queda la tramitación de pleitos de índole jurídicos escondidos en
los innumerables folios que conforman un expediente judicial en los que se levanta
una muralla de papel entre el juez y los demás sujetos de la relación procesal.
De igual forma, se incorporó dentro de las disposiciones fundamentales la
simplificación, esto con el objeto de que los actos que se efectúen en un proceso
por audiencia sean breves y sencillos, sin dilaciones indebidas, ni formalismos
innecesarios o reposiciones inútiles, según como lo dispone el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La enumeración de los principios narrados apareja como consecuencia la
obtención de la celeridad procesal sin menoscabo de las garantías a las partes
que deben estar presentes en toda controversia judicial. Sin duda estamos ante un
proceso más favorable que el escrito, ya que evita el uso abusivo de recursos y
mecanismos destinados a demorar la resolución de la controversia; asimismo, se
resguarda y promueve el principio de la buena fe procesal.
Además, con la configuración de un proceso como el que se plantea implementar
se actúa en beneficio de una justicia social que proclama el preámbulo de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la que se permite el
acceso igualitario de la población en general, y se incorpora un juez dotado de una
función social asistencial que garantiza una relación personal e inmediata de éste
con las partes, con los hechos y con las pruebas con un evidente beneficio para la
incesante búsqueda de la justicia material.