doc_255e04bd3f230315249b9c720bf776a897cb5f72

Procesal Civil de Perú y en el 664 del Código Procesal del Distrito Federal de
México.
De la misma forma se decidió por la inclusión de una norma que expresamente
dispusiera la no suspensión del trámite principal ante la interposición de la tercería
sino hasta el estado de remate del bien respectivo, si se tratara de una tercería de
dominio; si se propusiere una de mejor derecho continuarán los procedimientos
del juicio principal hasta la realización de los bienes embargados.
Se previó que la intervención de terceros en caso de decreto de embargo y demás
medidas cautelares se realizará mediante diligencia o escrito ante el juzgado que
haya decretado la medida, aún antes de practicada; o bien después de ejecutada
la misma, adaptándose, de esta manera, la redacción del artículo antes
mencionado a las nuevas exigencias plasmadas en las sentencias invocadas.
En lo que respecta al artículo 362 del referido Código en cuanto a la intervención
forzada, se agregó a este norma prevista en la vigente ley adjetiva civil la previsión
de que, citado el accionado, procederá su emplazamiento bajo los mismos
términos a los dispuestos para el demandado del juicio principal.
Se eligió la inclusión de una norma expresa que dispusiera la suspensión de la
contestación del accionado de la demanda principal al solicitar éste la intervención
forzosa del tercero, estableciéndose los casos en que dicho lapso para contestar
debe reanudarse; similar solución es la plasmada en la Ley de Enjuiciamiento Civil
de España en su artículo 14.2. y 3; igualmente, aunque en menor medida, se
consideró lo previsto en el artículo 103 de la ley procesal peruana.
De seguida se incluyeron dos artículos nuevos referidos al llamamiento de
terceros en caso de que el juez, de oficio, presuma la existencia de fraude o
colusión practicado entre las partes durante la tramitación del proceso la previsión
comentada está regulada en el Código Procesal Civil de Perú en su artículo 106,
así como en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica en su artículo 64;
asimismo y respecto a la legislación interna, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
prevé esta disposición en su artículo 55 con una suspensión del proceso por
veinte días, igualmente, se incluyó el artículo referido a la exclusión del tercero de
la causa, con este supuesto incorporado se garantizan los derechos de los
terceros que pudieran verse perjudicados por el eventual fraude advertido.
Igualmente, se consagró en el en comento, en caso de que el juez considere que
el derecho o interés que lo indujo a intervenir haya desaparecido o comprobado su
inexistencia; en todo caso, el juez deberá fundar la separación del tercero
mediante auto debidamente motivado; preciso resulta destacar que ambos reflejan
la concepción del juez con función social asistencial y director del proceso por
audiencia que se quiere incorporar al Proyecto de Reforma.