Ponencia “Las conformidades entre acusación y defensa en los ...

“LAS CONFORMIDADES ENTRE ACUSACIÓN Y DEFENSA EN LOS
PROCEDIMIENTOS PENALES”
por
Juan Córdoba Roda
En el Derecho Penal de 25 años atrás la determinación de la
responsabilidad penal resulta de los elementos integrantes de la conducta
delictiva en el momento histórico en el que se produce. Delito y
circunstancias. Lo que sucede con posterioridad resulta en términos
generales irrelevante.
La única excepción, la atenuante “de haber procedido el culpable antes de
conocer la apertura del procedimiento judicial, y por impulsos de
arrepentimiento espontáneo, a reparar o disminuir los efectos del delito, a
dar satisfacción al ofendido o a confesar a las autoridades la infracción”. Se
decía también lo es, el conjunto de diligencias practicadas por la policía
integrantes del atestado antes de la incoación del procedimiento por el Juez.
El ámbito de aplicación de esta atenuante era muy reducido. Porque se
requería el que las conductas de reparación o de confesión tuvieron lugar
antes de conocer la apertura del procedimiento judicial, y, además, porque
requería que la conducta se llevara a cabo por impulso de arrepentimiento
espontáneo.
Además la Jurisprudencia entendía que las diligencias de la policía
comportaban la apertura del procedimiento judicial.
Arrepentimiento espontáneo. Dificultades en su prueba.
2. En la actualidad la responsabilidad penal resulta naturalmente del
delito, pero también de hechos posteriores. En concreto me refiero a la
confesión del delito a las autoridades, la reparación del daño y las
dilaciones indebidas. Examinado este marco, nos ocuparemos de las
conformidades.
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A. “Haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento
judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades”
Confesión es comunicación a la autoridad, que se ha cometido el hecho, a
través de cualquier forma, de palabra, por escrito o indicando el lugar del
cadáver o de la sustancia robada.
La confesión puede producirse por medio de otra persona, como el
Abogado.
La confesión ha de ser veraz.
Ante las autoridades: Juez, Fiscal o funcionarios de policía. Puede ocurrir
que la confesión se efectúa ante personas distintas e incluso antes de
haberse iniciado el procedimiento judicial: en una Auditoria, en una entidad
bancaria.
Antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él. Se
produce a partir de la resolución del Juzgado de incoar el procedimiento
contra una persona y poner en su conocimiento la existencia de la denuncia,
querella o de cualquier otra actuación procesal.
El fundamento de la atenuante es el de la importancia de la confesión para
el esclarecimiento de los hechos. No impulsos de arrepentimiento
espontáneo.
Por mi parte subrayaría el valor ético de la confesión, a la vista de la
normativa aplicable a la confesión. Y en concreto me refiero a:
a. La Constitución incluye entre los derechos fundamentales, el de no
declarar contra sí mismo.
b. La Doctrina procesal que dice que la existencia de contradicciones o
cambios en la declaración del acusado no es un indicio. Así, la Sentencia de
17 marzo 2009 dice: “una explicación inverosímil dada durante el proceso
no es valorable como un indicio del hecho delictivo, tanto la
inverosimilitud de una declaración cómo las contradicciones de las que
sucesivamente se presten son, como ya dijo esta Sala en Sentencia de 15
noviembre 2000, un factor importante de la valoración de la credibilidad
subjetiva del declarante… pero que nada tiene que ver con la enumeración
de los hechos históricos y datos extraprocesales, valorables por su
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concomitancia e interrelación, como indicios de los que deducir
lógicamente la realidad del hecho consecuencia”.
c. En los delitos de tráfico de drogas y de terrorismo si un acusado
colabora con las autoridades o sus agentes para identificar o capturar a
otros responsables, se podrá imponer la pena inferior en uno o dos grados a
la señalada por la Ley.
A la vista de estos datos, resulta obligado el atribuir a la confesión la
importancia que merece en dos sentidos:
a. Aun cuando se produzca después de la apertura judicial e incluso en
el Juicio.
b. Rebaja de la pena como atenuante muy cualificada.
B. La reparación del daño
Es circunstancia atenuante “haber procedido el culpable a reparar el daño
ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del
procedimiento y con anterioridad a la celebración del Juicio Oral”.
Efectos del delito lo son tanto el resultado descrito en el tipo penal, como
las consecuencias derivadas de la conducta delictiva. Disminuye los efectos
del delito quien paga una indemnización por un homicidio o por unas
lesiones o por un delito económico. Pero también disminuye los efectos del
delito, quien tras despachar una sustancia nociva a la salud, hace las
gestiones precisas para sacarla de la circulación, o después de un delito de
injurias publica y difunde una nota escrita que da satisfacción a la víctima.
La reparación ha de ser relevante o significativa, no hace falta que sea total.
Su importancia atenuante está en función de la cuantía de la reparación y el
esfuerzo efectuado.
La reparación ha de tener lugar antes a la celebración del acto del Juicio
Oral.
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La razón de la atenuante es la importancia de dar satisfacción a la víctima.
Esta importancia conduce:
a. Aunque no se haya iniciado todavía el procedimiento judicial;
b. Aunque se haya celebrado alguna de las sesiones del juicio oral
siempre que este no haya terminado.
Reparación no significa confesar. Sentencia 11 octubre 2007: “una
interpretación que exigiera el reconocimiento de la responsabilidad penal
como elemento necesario para la atenuante desalentaría las conductas de
reparación”.
C. Las dilaciones indebidas.
El Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de
21 mayo 1999, acordó reconocer eficacia a la violación del derecho
fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, proclamado por el
artículo 24.2 de la Constitución Española, a través de la circunstancia
atenuante analógica prevista en el artículo 21.6 del Código Penal vigente.
Se acordó así que esa lesión de un derecho fundamental, de orden procesal,
debía tener su efecto en la determinación de la pena a través de la atenuante
analógica, como una compensación por el perjuicio producido por el
retraso en la tramitación del procedimiento por causas ajenas al propio
condenado.
Piénsese por ejemplo que hayan pasado 15 años entre el momento en el que
se cometieron los hechos y el momento en que se cometió el Juicio. Dicho
transcurso puede hacer muy difícil que el Juicio cumpla su función de
constituir el lugar y el espacio en el que debe efectuarse el enjuiciamiento.
Recuérdese la Ley del Tribunal del Jurado cuando en su art. 46 dice: “las
declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de
prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos”.
El transcurso del tiempo comportará el que acusados y testigos ya no
recuerden lo ocurrido y aboque el Juicio a fundamentarse en las
declaraciones sumariales.
La vía es la de la atenuante analógica. Atenuante analógica en relación a
alguna de las antes referidas o al sentido general de las atenuantes. En rigor
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no existe tal analogía. La Doctrina en ocasiones ha sostenido que el
transcurso del tiempo a partir del momento del hecho y las dilaciones
indebidas producen un efecto de disminución de la culpabilidad. No es
cierto.
Con lo que hay analogía es con la prescripción.
Cuestión de si esta vía contradice las normas en materia de interpretación
de la Ley, que dicen que las disposiciones de la Ley deben ser
rigurosamente aplicadas y que cuando un Tribunal considera que tal
aplicación no procede, debe acudir al Gobierno exponiendo lo conveniente
sobre reforma de la Ley o concesión de indulto.
Creación libre del derecho.
D. Importancia de determinadas ideas: importancia de la confesión por su
valor para la Justicia y su significado ético; importancia de compensar a la
víctima; intolerancia de una aplicación diferida de la Ley.
Cuestión de si estas ideas tienen realidad en contra a veces de la propia
Ley.
3. Las conformidades
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 787 dice que “la defensa,
con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal
que proceda a dictar Sentencia de conformidad con el escrito de acusación
que contenga pena de mayor gravedad y que si la pena no excediere de seis
años de prisión, el Juez o Tribunal dictará Sentencia de conformidad con lo
manifestado por la defensa”:
A.
La petición de conformidad presupone la existencia de una negociación
entre acusación y defensa. El lenguaje: negociación para acercar las
posiciones de acusación y defensa; pacta sunt servanda.
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El momento procesal es habitualmente al inicio de las sesiones del Juicio
Oral.
La acusación rebaja la petición de responsabilidad penal:
a) marco penal, de seis meses a seis años en el delito de blanqueo de
capitales del artículo 301, inhabilitación especial del ejercicio de la
profesión por inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo;
b) no oponerse a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad o a su sustitución por multa;
c) aplicación de la atenuante de reparación del daño;
d) aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Después de esta negociación acusado y Abogado defensor pueden tomar la
decisión de conformarse con la nueva petición del Fiscal. Para ello tomarán
en cuenta:
a) previsión del Juicio. Inseguridad. La inseguridad puede provenir: a’) de
la contradicción entre las pruebas; b’) de los indicios. Y el delito de
blanqueo de capitales del art. 301 dice que “el que adquiera, convierta o
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito”;
b) decisión del cliente de conformarse o celebrar Juicio. Pena de banquillo.
Miedo a otros coacusados.
El reconocimiento de los hechos puede no ser veraz, en atención a los
móviles. La condena se puede producir no por hechos ciertos y probados,
sino por hechos conformados. El acusado en el primer caso no desea
arrostrar el riesgo del Juicio y prefiere conformarse con una pena pequeña.
En los procesos penales se atiende al móvil para valorar si la declaración es
creíble. Ejemplo: declaración de los coacusados.
El art. 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “la confesión del
procesado no dispensará al Juez de Instrucción de practicar todas las
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diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la
confesión y de la existencia del delito”.
El resultado es reconocimiento del hecho, del delito y de la pena.
B. Papel del Abogado: no obstante la conformidad del acusado, el Abogado
puede considerar necesaria la continuación del Juicio. Situación crítica.
Puede considerar necesaria la continuación del Juicio cuando: a) la
conformidad del acusado no responde a un acto libre, del que únicamente
puede tener conocimiento el Abogado, no el Tribunal; b) cuando la
previsión del desarrollo del Juicio permite fundadamente pensar que la
Sentencia que se dictaría sería más favorable que la conformidad a la que el
acusado se muestra dispuesto.
C. El Tribunal.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 787 dice que el
Secretario informará al acusado de las consecuencias de la conformidad y a
continuación el Juez o Presidente del Tribunal le requerirá a fin de que
manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue
dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará
la continuación del Juicio.
El Tribunal deberá valorar también si la calificación de los hechos es
correcta y la pena es la procedente.
D. El Jurado.
La Ley Orgánica del Jurado prevé un trámite de conformidad después de
que se haya practicado la prueba y la acusación haya formulado su escrito
de conclusiones definitivas. Así, el artículo 50 dice que procederá la
disolución del Jurado si las partes interesaren que se dicte Sentencia de
conformidad con el escrito de calificación que solicite pena de mayor
gravedad. Siempre que la pena no exceda de seis años de privación de
libertad y el Magistrado-Presidente dictará la Sentencia que corresponda,
atendidos los hechos admitidos por las partes, pero si entendiese que
existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido
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perpetrado o que no lo fue por el acusado, no disolverá el Jurado y mandará
seguir el Juicio. Asimismo si el Magistrado-Presidente entendiera que los
hechos aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito, o
que pueda concurrir una causa de exención o de preceptiva atenuación, no
disolverá el Jurado y previa audiencia de las partes someterá a aquél por
escrito el objeto del veredicto.
De interés el supuesto de homicidio por aplicación de una inyección de
potasio a enfermo terminal a petición del paciente y de la familia, con la
creencia por parte del médico que llevó a cabo lo que debía hacer.
E. Pluralidad de acusados.
Valoración de la conformidad como prueba respecto a los restantes
acusados que no se conforman.
F. La conformidad no debe determinar la condena en el caso de que se
celebre el Juicio para los acusados que no se han conformado y la prueba
practicada acredita la inexistencia de delito.
G. La cuestión de la aplicación de la circunstancia atenuante cuarta del
artículo 21.
La cuestión de la aplicación de la circunstancia atenuante cuarta del
artículo 21 a los supuestos de conformidad del acusado
A la vista de ello es de significar que la conformidad por el acusado a los
escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, implica la
confesión por parte de él. Y dicha confesión cumple, además, los elementos
propios de la circunstancia atenuante analógica sexta del art. 21, en relación
a la cuarta del propio artículo, pues la confesión en el acto del Juicio Oral,
ha tenido lugar ante las autoridades indicadas en la circunstancia cuarta del
art. 21 y resulta relevante como acto de colaboración a la Justicia, hasta el
punto de que determina que se dicte una Sentencia condenatoria. Con ello,
se plantea la cuestión de si producida una conformidad conforme a los
términos procesales antes referidos, debe aplicarse la atenuante sexta en
relación a la cuarta del art. 21. La respuesta debe de ser afirmativa, ya que,
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como acabamos de decir, se habrán cumplido los requisitos propios de tal
circunstancia y en consecuencia deberá la atenuante ser aplicada.
Lo reconocido por el acusado en virtud de la conformidad, puede no ser
cierto, porque puede resultar de su deseo de evitar el Juicio. Que ello sea
así no debe ser obstáculo para valorar la conformidad como constitutiva de
la circunstancia atenuante de confesión.
Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referentes a la
conformidad no comportan obstáculo alguno para ello. Así y en relación al
sumario el art. 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su párrafo
segundo dispone que el Tribunal dictará sin más trámites la Sentencia que
proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda
imponer pena mayor que la solicitada. La conformidad implica la
existencia de una confesión y si a continuación se dicta una sentencia según
la calificación mutuamente aceptada, el que se aplique una circunstancia
atenuante incluso como muy cualificada y que en consecuencia la pena sea
menor a la pedida en los escritos de conclusiones provisionales, no
vulnerará en modo alguno lo prescrito por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
En cuanto a la conformidad prestada en el procedimiento abreviado, habrá
que estar a lo dispuesto por el art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, cuyo apartado segundo obliga al Juez o Tribunal a valorar si la
pena solicitada es la procedente, en el sentido de que si el Juez o Tribunal
entiende que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte
que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se
ratifica o no en él, disponiendo que si la parte requerida no modificare su
escrito de acusación en los términos de que la pena solicitada sea la
procedente, deberá el Juez o Tribunal ordenar la continuación del Juicio.
Ello obviamente quiere decir que de existir una conformidad en el
procedimiento abreviado, debe estimarse la atenuante sexta del art. 21 en
relación a la cuarta, por ser dicha atenuación la prescrita para determinar la
pena procedente, según los términos del art. 787, apartado 2; y que, de no
aceptarlo así la parte acusadora, deberá el Juez o Tribunal ordenar la
continuación del Juicio.
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