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la declaración de nulidad del contrato por la inexistencia de causa; si aun no existiendo
vicios de consentimiento se reduce la reciprocidad del alea de manera que una
de las partes tenga más ventajas económicas que la otra, cualquiera que sea la duración
de la vida de referencia ha de averiguarse si hubo voluntad de donar o lo que es
igual si el precio fue fijado en atención a una causa de liberalidad. Pero si no hay voluntad
de donar y se ha producido una lesión objetiva en la fijación de la cuantía
de la pensión en función de los elementos a tener en consideración como son la
probable duración de la vida de la persona a la que debe satisfacerse la pensión y el
valor económico del inmueble transmitido, cabrá la acción de rescisión por lesión.
La Sentencia de STJC de 7 de junio de 1990 ya insinuaba que la excepción no
tiene la extensión que se pretende según ha declarado la doctrina jurisprudencial (Sentencias
de 14 de noviembre de 1908 y 19 de octubre de 1959) favorables a la admisión
de la rescisión en algunos negocios con componentes aleatorios.
En la propia sentencia del año 1990 ya se afirmaba la necesidad “cuando habla
del carácter aleatorio de lo adquirido... (de) que el factor suerte o zar, aleas, actúe
sinalagmáticamente de modo que el perjuicio derivado del mismo para uno de los contratantes
ha de significar un beneficio correlativo para el otro,...”.
En la Sentencia del TSJC de 2 de junio de 1997, lo que pesó fundamentalmente
fue el ánimo de liberalidad apreciado.
La equivalencia de las prestaciones es propia de los contratos onerosos y recíprocos
por lo que si lo que trata de proteger la acción ultra dimidium es que exista objetivamente
esta equivalencia, habrá que examinar si en el momento de concluir el
negocio este equilibrio entre las posibilidades de ganancias o pérdidas para cada una
de las partes, propia de los contratos aleatorios, existió o bien resultó muy desproporcionado
el riesgo que ambos corrían, en cuyo caso podría rescindirse. Lógicamente,
si es después de celebrado el contrato cuando se produce el desequilibrio
por la llegada del término —muerte de la persona contemplada que es lo que constituye
el verdadero aleas— el negocio no podría ser rescindido por esta causa.
De este modo se asegura un mínimo de equidad contractual en los contratos aleatorios,
de tal modo que pueda impedirse que contratantes poco escrupulosos puedan
realizar impunemente adquisiciones de bienes inmuebles a bajo coste.»
El problema (no se’ns oculta) sorgeix a l’hora de fixar el preu just o la valoració
comuna del dubius eventus. D’acord amb la Sentència analitzada, actualment
tenim els càlculs actuarials i estadístics que ens permeten arribar a una aproximació
precisa del factor risc en els contractes de renda vitalícia.
Per fixar el valor de la renda la Sentència va aplicar el criteri que va acollir el
Tribunal Suprem en les sentències de 10 d’abril de 1956 i de 7 d’abril de 1961, en
les quals configura, com a característica del contracte de renda vitalícia, el fet que
la quantitat que els deutors han de pagar com a renda o pensió es calculi mitjançant
la divisió del valor de la finca en quotes anuals, en funció de la vida probable
del propietari del predi cedit.
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