Untitled - Biblioteca Digital

EL CODICO PENAL y LA JURISPRUDENCIA 97
yecto de 1891, de que fuera también coautor el citado penalista,
la falsa denuncia, como la calumnia, constituían una
sola institución jurídica. No se introdujeron en ese proyecto
mayores reformas sobre los atentados contra el honor
y se redujo sólo a considerarlos bajo sus dos aspectos típicos:
la injuria y la calumnia.
Tan es así que el propio Rivarola citado por la Comisión,
reconoce en el texto del artículo, que ha tenido que
abandonar los viejos moldes del proyecto de 1891. Considera
los atentados contra el honor en sus diferentes aspectos:
calumnia, injuria, difamación, ultraje; y afirma que
debe hacerse de la falsa denuncia un delito especial que
clasifica entre los atentados contra la administración de
justicia.
La Comisión manifiesta en su informe seguir la orientación
del maestro y adopta para el precepto legal el texto
del artículo del citado proyecto de 1891, que el propio
Rivarola reconoce y aconseja que debe abandonarse. Una
contradicción tan rotunda y fácil de comprobar, no es posible
admitir. Ella ha venido a desorientar al intérprete de
la ley, porque nuestro legislador ni ha seguido la orientación
del Dr.•Rivarola en el artículo citado, ni menos adopta
el articul~do propuesto por el referido tratadista como
consecuencia de su nueva tesis, ni tampoco considera la
falsa denuncia como un delito especial.
Esta situación anormal de nuestro precepto, crea en
la práctica una grave dificultad, cuando el autor de una
falsa denuncia, ante la inexistencia del precepto expreso
que la considere como delito independiente, es llevado a
los estrados del tribunal acusado por calumnia. Esta cuestión
ha sido resuelta por nuestra Cámara del Crimen, la cual
fundándose en el informe de la Comisión de la Cámara de
Diputados, que reconoce que la falsa denuncia no constituye
un delito contra el honor, sino contra la administración
de justicia, se inclina ante la ausencia del texto expreso
de la ley a rechazar indefectiblemente la querella.
Este criterio nos parece equivocado y el error de nuestra
Cámara del Crimen está en la forma de plantear la
cuestión. Debe reconocer que la jurisprudencia estableci-