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EL CODICO PENAL y LA JURISPRUDENCIA 67
imputación del mismo constituiría el delito de calumnia,
lo que viene a demostrar si no aceptamos el pensamiento
de González Roura, la dualidad de criterio del Íegislador y
por ende la falla de la ley.
La falsa imputación de la violación, estupro, etc., cuando
es necesaria la denuncia para la iniciación del proceso
configuraría la injuria. Y la misma falsa imputación en los
casos en que la víctima no tiene representantes legales y en
los cuales el Ministerio Fiscal está obligado a proceder de
oficio, configuraría el delito de calumnia. Esta es la demostración
más palmaria de la laguna insalvable que presenta
nuestro precepto legal.
* * *
Tercera excepción. - Si el querellante pidiese la prueba
de la imputación dirigida contra él.
El poder exigir la prueba de la imputación es un derecho
que sin limitación alguna le otorga la ley a la persona
ofendida. Y la razón es clara, bien sabemos lo que
implica la difamación en la vida social: quizá la mejor reparación,
la mejor satisfacción moral para el ofendido, antes
que en la pena misma está en la exhibición pública como
falsario del detractor.
Muchas veces más que el ultraje que implica la injuria,
ofende la maledicencia pública que se teje alrededor
de este delito. Calumniad, calumniad, que algo queda, repetía
el célebre filósofo Voltaire, conocedor profundo de las
miserias humanas.
En estos casos, para reparar el agravio, más eficiente
que el castigo que implica la sanción penal es preferible
para la propia víctima la demostración pública de la falsedad
de la imputación.
La primera y tercera excepción que hemos estudiado
las encuentro inobjetables, desde que en el primer caso
está ausente el ánimus injuriandi y debe primar el interés
público sobre el particular. En el tercero porque la restricción
se otorga en beneficio de la víctima y ésta puede renunciarlo
en cualquier momento para exigir una sanción