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64 JUAN F. GONZALEZ
to porque nadie tiene derecho a ofender ni siquiera con la
verdad.
Vamos a estudiar las excepciones aceptadas y consagradas
por el legislador, para establecer el alcance de las
mismas.
* * *
Primera excepción. - Si la imputación hubiera tenido
por objeto defender o garantizar un interés público actual.
Es loable esta excepción, desde que el interés privado
debe ceder ante el interés público. Quien hace una imputación
injuriosa en beneficio de los intereses generales de
la comunidad, si ésta es verdadera no puede configurar delito
alguno, porque el ánimus injuriandi está ausente y la
imputación más que a lesionar la persona privada, está encaminada
a poner remedio a los abusos cometidos en beneficio
del interés general.
Esta primera excepción a la regla, se refiere a las extralimitaciones
y faltas cometidas por los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones.
Los funcionarios públicos como decía Tejedor, e),
u no se pertenecen, son los hombres de la sociedad, que la
administran en el interés de todos como apoderados, y que
de esta posición que han adoptado nace el derecho de examinar
su conducta, de escudriñar sus actos, señalar su incapacidad,
descubrir sus prevaricaciones. Pueden encontrarse
en la vida pública del funcionario una multitud de abusos,
de vejaciones injustas, y actos arbitrarios que la ley no castiga
ni prevée y que es particularmente bajo este punto de
vista que es útil abrir por la prueba un recurso a los oprimidos,
La autoridad pública lejos de debilitarse por esto
adquiere mayor fuerza por la circunspección de sus agentes
interesados de ponerse al abrigo de todo reproche".
Tal es el alcance cabal del precepto. El funcionario
público por la propia misión que desempeña en nuestra de-
(1) Proyecto del Dr. Tejedor, tomo 11, p6.g. 381.