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S2 JUAN F. GONZALEZ
templando el interés familiar, muy respetable por cierto,
ponga bajo la voluntad de la víctima la iniciación de la misma.
Pero una vez formulada la denuncia el Ministerio público
es parte interesada y debe proseguir la acción aunque
la víctima no formule querella o desista de la querella entablada.
La denuncia, requisito indispensable en los delitos de
instancia privada para iniciar el proceso, es puesta por la ley
en manos de la propia víctima, en beneficio exclusivo de ella
y de ninguna manera para beneficiar o salvar al delincuente.
Sostener que la falsa imputación de un delito contra la
honestidad no constituye calumnia por tratarse de un delito
de instancia privada, es disminuir la responsabilidad del delincuente
en contra de los intereses de la propia víctima.
La dificultad de la prueba dada en el Proyecto Tejedor,
como hemos visto no es una razón atendible; desde
el momento que con la iniciación de la querella por la ofendida
queda abierto el debate y en consecuencia, el querellado
es llamado a probar la verdad de su imputación.
Si nos aferramos a que no puede constituir calumnia
la falsa imputación de un delito contra la honestidad, por
el solo hecho de que el Ministerio Fiscal no puede proceder
de oficio, nos aferramos evidentemente a un error; pues
un solo ejemplo nos demostrará la verdad de lo que afirmo
poniéndonos de manifiesto la dualidad de criterio del
propio legislador.
En efecto: Cuando el estupro, la violación o el rapto,
es perpetrado en una menor que carece de padres y representantes
legales, el Ministerio Público, tiene la obligación
de proceder de oficio y procurar el castigo del delincuente.
De modo que la imputación falsa de tales delitos en estos
casos configurarían la calumnia. Tendríamos en consecuencia
ajustándonos a la letra de la ley, que la imputación falsa
de un delito contra la honestidad cuando la víctima carece
de representantes legales, constituiría el delito de calumnia
y no lo constituiría cuando tuviese sus representantes.
Resulta a la vista la dualidad de criterio que es impropio
de todo precepto legal. Es por esto que nos parece justo
y aceptable el criterio sustentado por el Dr. Octavio Gon-