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so JUAN F. GONZALEZ
Para los autores que sostienen o apoyan la tesis de Groizard,
de que es el honor social el único protegido, mientras
la carta no ha sido conocida por un tercero, no puede tener
ninguna consecuencia jurídica.
Entre nosotros el delito existe desde el momento que
el destinatario recibe la misiva injuriosa; no se exige la misión
un tanto ridícula de averiguar si una tercera persona
conoce el contenido de la carta. Requisito éste, que sancionaría
la impunidad en esta clase de delito ya que pondría
a la víctima a merced de su detractor.
La ley no puede exigir el silencio al agravio, fundada
en la falta de publicidad, y sosteniendo que la víctima al formular
la demanda es la que hace público el documento injurioso.
Porque el autor de una carta infamante no puede
estar en virtud de un precepto legal colocado en una situación
ventajosa; de lo contrario sería estimular al delincuente
sancionar la impunidad del delito, y esto no es
seguramente ni equitativo, ni legal.
Para nosotros la publicidad relativa no puede ofrecer
ninguna dificultad: quien manda una carta calumniosa o injuriosa
comete el delito respectivo. De la misma manera
opinan el Dr. Rodolfo Rivarola citado por la Comisión, como
el Dr. González Roura y el propio Rodolfo Moreno,
al tratar en sus obras respectivas la materia que estudiamos.
* * *
Segundo elemento. - Exige que el delito imputado
sea de los que dan lugar a la acción pública. En una palabra,
la incriminación falsa de un delito privado, cuyo ejercicio
de la acción otorga la ley exclusivamente a la víctima, como
el adulterio, la injuria, etc., no pueden constituir el delito
de calumnia.
La dificultad_surge y el problema se plantea cuando la
imputación se refiere a un delito contra la honestidad, donde
el ministerio público no puede iniciar de oficio la acción,
pues ésta depende de la voluntad de la propia víctima o de
la de sus representantes legales.