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JUAN F. GONZALEZ
delito de injuria la prueba de la excepción de verdad, en
los tres casos que se indica. La admisión de la prueba de
verdad, excepcional y limitadamente, circunscripta a los casos
en que media un interés público, en que el hecho imputado
hubiere dado ya lugar a un proceso penal, o en que
el querellante pidiese la prueba de la imputación dirigida
contra él, es la solución más justa que puede darse a esta
cuestión, y es la que adoptan los códigos concordantes, de
Italia, Hungría, y Holanda. Admitir la excepción de verdad
en todos los casos, sería llevar la investigación de la
justicia para satisfacer un simple deseo o pasión individual,
a extremos en que la sociedad no sólo no tendría interés alguno,
sino que invadiría los dominios de la moral y de la
libertad de conducta del individuo en todo 10 que no ofende
ni pone en peligro el derecho ajeno. Negar en absoluto la
excepción, como resulta actualmente del código penal, es ir
más allá de lo que reclaman el interés público o aún el interés
particular del ofendido ".
ce El primer caso de excepción es, el de que la imputación
hubiere tenido por objeto defender o garantir un
interés público actual. Esta disposición es concordante con
la del artículo 261 in fine, del código holandés, con la del
incisc 4 9 • del artículo 263 del código de Hungría, y con la
ley inglesa sobre libelos. El artículo 364 inciso 1Q. del código
italiano limita la disposición al caso en que el ofendido
fuere un oficial público y el hecho imputado se refiere al
ejercicio de sus funciones. La vida privada del funcionario
público, del que lo hubiere sido, del candidato para serlo,
del hombre público, del jefe de partido, queda por
la disposición del código italiano completamente amurallada.
Vamos más allá en nuestro proyecto: la vida privada y
las condiciones morales de los funcionarios o de los hombres
públicos tienen suficiente relación con el interés de la
sociedad, especialmente en los paises que aspiran a regirse
por instituciones libres, que reclaman mayor honradez en
los que han de practicarlas, para que pueda amurallarse la
moralidad del individuo y no ser susceptible de crítica sino
el funcionario en cuanto proceda como tal. Es para la sociedad
un asunto de propia conservación no poner sus desti-