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EL CODlGO PENAL y LA JURISPRUDENCIA 355
que al matrimonio ilegal en sí, a reprimir las faltas cometidas
por el Oficial público.
Como dijimos anteriormente, es ésta una infracción
eminentemente dolosa, de modo que doctrinariamente no
debe admitirse la culpa. Las sanciones de los incisos 2 9 y
3 9 , no deben figurar en el código penal; ellas más bien
debieran ser materia de la legislación civil.
Dos situaciones contempla el legislador: la primera,
cuando el Oficial público celebra un matrimonio nulo por
no haber llenado los requisitos que la ley exige, expresamente
consignados en los artículos 17, 18, 19 y del 37 al 49, de
la Ley de Matrimonio Civil.
La segunda, cuando el Oficial público celebra un matrimonio
sin haber llenado las formalidades del caso, aunque
el acto no esté afectado de nulidad.
La sanción penal es la de multa de cien a mil pesos para
ambas situaciones, y la única diferencia es que para el
primer caso funciona la accesoria de inhabilitación de seis
meses a dos años.
Como afirmábamos anteriormente, estos dos incisos y
muy especialmente el último, nada tienen que ver con el delito
de matrimonio ilegal, y su inclusión resulta un verdadero
injerto en el código desde que se reducen sólo a multar
al mal funcionario por omisiones en el cumplimiento de
su deber.
* * *
Sanciones penales derogadas. - La disposición legal
que estudiamos deroga el artículo 107 de la ley de Matrimonio
Civil, que se refiere a las penalidades de los oficiales
públicos en las faltas y delitos cometidos en el ejercicio
de sus funciones.
Sabemos que el antiguo régimen del matrimonio era
el religioso y el sacerdote hacía las veces de Oficial público,
de modo que los impedimentos eran los que establecía
la iglesia. Por eso vemos que los Proyectos anteriores al
Código de 1886, se refieren al sacerdote que celebrase un
matrimonio ilegal.