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316 JUAN F. GONZALEZ
tupro, abuso deshonesto y rapto, la considera de instancia
privada, vale decir que la denuncia de la víctima o de su represenrante,
es el medio legal de ponerla en movimiento,
pues formulada ésta debe intervenir el ministerio Fiscal y
proseguirla conjunta o independientemente de la parte
ofendida y aún mediando desistimiento.
El artículo 72 al considerar la acción correspondiente
establece dos procedimientos distintos: el uno cuando la
acción se inicia mediante la denuncia de parte; y el otro
cuando se debe proceder de oficio.
En el primer caso establece: _u En los casos de este artículo,
no se procederá a formar causa sino por acusación
o denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representantes
legales". Mientras la víctima del delito sea capaz, el
problema no adquiere ninguna dificultad, dado que todo
queda supeditado al criterio absoluto de la misma.
Cuando la víctima es incapaz, el curador de la misma
es el encargado de poner en movimiento la acción. Pero
cuando resulta una menor sujeta a la patria potestad o a
la tutela, es al representante legal al que corresponde ejercerla,
pudiendo en este caso originar en la práctica alguna
dificultad.
De acuerdo a las prescripciones del Código Civil el padre
es el que ejercita los derechos de la patria potestad en
forma excluyente, y sólo en caso de muerte, o de haber incurrido
en la pérdida de ese derecho, pasa entonces a la
madre. (Art. 1Q. de la Ley 10.903), sobre patronato de menores,
modificatoria del arto 264 del C. Civil.
Esto sentado, es al padre al que corresponde el ejercicio
de la acción, y en ausencia o imposibilidad de éste, a
la madre. Pero en el terreno de la práctica, pueden suscitarse
problemas que adquieren cierta dificultad, ya que el
padre en ejercicio de la patria potestad puede negarse a
formular la denuncia, bien porque vive separado de su familia.
bien porque está desentendido de sus hijos, o por
una aberración de su criterio moral, y entonces surge el
problema de si puede la madre poner en ejercicio la acción
supliendo la omisión de los derechos de la paternidad.