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292 JUAN F. CONZALEZ
La sustracción y la retención, admiten actos preparativos
y ejecutivos que constituyen verdaderos episodios que
pueden configurar jurídicamente la tentativa.
El impedir la consumación de estos hechos, ya sea por
los gritos de auxilio dados por la víctima, por la intervención
de terceras personas o de la autoridad, implica detener
la acción delictuosa en su principio de ejecución, lo que
equivale a ponernos en presencia de una tentativa de rapto.
* * *
La sanción penal. - Nuestro legislador le impone como
sanción, la pena de uno a cuatro años de prisión.
La honestidad no juega ningún rol en el rapto en general,
donde como hemos visto la violencia constituye una
de sus características fundamentales. Pero si tenemos en
cuenta que está considerado como un atentado contra la
honestidad, no debemos pasar por alto este factor social para
la individualización de la pena.
Es cierto que no se hace distingo entre doncella, viuda
honesta y mujer pública; pero el juez debe tener en cuenta
estas circunstancias para hacer funcionar nuestra norma jurídica
dentro de los límites establecidos en el precepto.
* * *
Mujer casada. - El único agravante que se tiene en
cuenta al legislar sobre el rapto, es cuando la víctima resulta
una mujer casada, para lo cual establece una sanción
penal de dos a seis años de prisión.
El precepto legal considera sólo la situación de la
víctima sin hacer distingos de ninguna clase, en consecuencia
el agravante se produce cuando la víctima resulta una
esposa legítima de acuerdo a las prescripciones de nuestra
Ley de Matrimonio Civil. Ahora bien, no podemos equiparar
la situación de la concubina, a la de la esposa legítima,
porque el concubinato no es una institución reconocida
por nuestro derecho, que ampara única y exclusivamente
a la institución jurídica del matrimonio.