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28 JUAN F. GONZALEZ
(Gutiérrez, Práctica criminal de España, Madrid 1826, 4"
edición, título 1, pág. 111), o acusación calumniosa, de que
se habla en los artículos 340 a 342, sin nombrar la calumnia.
Pero conviene recordar que el Código de 1822, había
en su artículo 669, llegado a concordar el concepto legal de
la calumnia con el que tiene el lenguaje corriente, o como
definía Escriche: (el delito que uno comete atacando o hiriendo
maliciosamente el honor y la reputación de otro, con
mentiras e imputaciones falsas): (El que en discurso o acto
público, en papel leído o en conversación tenida abiertamente
en sitio o en reunión pública, calumnie a otro imputándole
voluntariamente un hecho falso, de que si fuere cierto
le podría resultar alguna deshonra, odiosidad o desprecio, en
la opinión común de sus conciudadanos, o algún otro perjuicio,
sufrirá una reclusión de uno a seis años y se retractará
públicamente de la calumnia). Los artículos 700 a 702
confirman el concepto de la calumnia como el de cualquier
imputación falsa que perjudique el honor o la reputación.
4. La reforma de 1850 dió por primera vez a la calumnia
el concepto limitado de las definiciones que he transcrito,
encerrándola en los términos de falsa imputación de delito
que dé lugar a la acción del ministerio fiscal, mientras reserva
la denominación de injuria a la imputación del delito
acusable sólo por acción privada.
La influencia de este código en la legislación americana
de lengua española, es para mi muy manifiesta.
Se advierte de modo evidente en el Proyecto de código
penal de la República Argentina, preparado en 1865 por
el Dr. Tejedor, proyecto que no tuvo sanción en el Congreso
nacional, pero que, dadas las facultades que la constitución
nacional concedía a las provincias para darse códigos
en tanto no fueran sancionados los de la nación, rigió como
ley en casi todas las provincias. El proyecto adoptó las definiciones
de las injurias y calumnias del código español de
1850, en el título VII, del libro 1, parte 11, haciendo constar
que ya las había adoptado el código del Perú, en los arts.
281 a 288. Las definiciones propuestas en el proyecto de Tejedor,
se han conservado en el código actualmente en vigor
desde 1887 ( arts. 177 a 186).