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282 JUAN F. CONZALEZ
Fué el emperador Constantino, el primero que lo con.
sideró independiente del delito de violación, y cuando el rapto
se verificaba sin el consentimiento de la víctima o del padre
de la misma, imponía la pena de muerte, y prohibía
en los demás casos el matrimonio con la raptada. Este sistema
fué posteriormente respetado por Justiniano.
En el Código Penal Español, se consideraba el rapto
propio e impropio. El primero, lo configuraba el atentado
perpetrado contra la voluntad de la mujer; y el segundo o
sea el impropio consistía en el rapto voluntario, cuando el
hecho se ha perpetrado con la anuencia de la menor víctima
del mismo, es decir, que en este último caso, más que un
atentado a la libertad era un ataque al derecho y la potestad
que sobre la menor tienen sus representantes legales.
Groizard, afirma que u la objetividad de este delito no
consiste en la fuerza que se emplea para llevar materialmente
a una mujer de una casa a otra, sino en el peligro que para
su honor y castidad resulta de encontrarse en un punto
dado, bajo el poder de un hombre que puede anonadar
su voluntad con la fuerza. Y esta situación tan comprometida
lo mismo puede resultar de conducir a una mujer contra
su deseo a un sitio, que retenerla con violencia, aunque
voluntariamente allí haya ido".
Entrando ya en el terreno de nuestra legislación, podemos
constatar que el Proyecto Tejedor hacía una distinción
entre el rapto ejecutado sobre una mujer casada, una
viuda honesta, o una menor de doce años, como así también
si la finalidad del mismo fué con las miras de contraer matrimonio.
De modo que la ideología antigua del delito, en el Proyecto
citado podía encarnar dos finalidades: una, la de los
propósitos deshonestos con la persona de la víctima, y la
otra, la celebración del matrimonio con la raptada.
La ley de Reformas 04189, modificó el concepto del
delito, y consideró como único elemento constitutivo la
sustracción o retención de la mujer cuando obedece a un
propósito deshonesto. Fué igualmente suprimida del Código
de 1886, la disposición que consideraba al autor del rapto
como reo de homicidio, cuando éste no presentaba la