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EL CODIGO PENAL y LA JURISPRUDENCI:\ 219
luego a la prostitución sucesivamente con cada uno de ellos,
en presencia de los otros (excitación a la debauche).
* * *
2 Q El sujeto pasivo. - Tampoco se determina el sexo
en el sujeto pasivo, pues el único requisito que se tiene en
cuenta es la minoridad de la víctima.
No existe un criterio uniforme para apreciar la edad en
que deba empezar a funcionar la norma jurídica. Algunas
legislaciones fijan el mínimum de la edad donde termina la
violencia ope legis, criterio si se quiere aceptable para diferenciar
mejor ciertos casos de corrupción y violación.
El legislador ampara al menor hasta la mayor edad, que
fija con el mismo criterio de la legislación civil en veintidós
años. Pero considera la penalidad de acuerdo a la edad de la
víctima; y así tenemos que sanciona con cuatro a quince
años de prisión o reclusión cuando ésta fuera menor de doce
años; de tres a diez años de prisión o reclusión, si fuere mayor
de doce y menor de diez y ocho; y por último con sólo
de dos a seis años de prisión, desde los diez y ocho a los
veintidós años.
El inconveniente de este sistema en cuanto al primer período
se refiere, es la confusión inevitable entre los casos de
verdadera corrupción y los de violación. No haciendo distinción
del sexo en la persona de la víctima, el acceso carnal
contra natura que implica sin duda alguna un acto de corrupción
configura así mismo el delito de violación. Sólo en los
casos de verdadero proxenetismo en menores de doce años,
estaría típicamente configurado de una manera inconfundible
el atentado de corrupción.
Menos mal que en ambos delitos la pena es severa y el
máximum del castigo es el mismo, pero ésta no es una razón
aceptable para no exigir la diferencia por lo menos doctrinaria
de ambas figuras delictuosas, y es por eso que nos
permitimos observar la técnica de nuestra ley. Este inconveniente
se pudo orillar estableciendo una diferencia entre
corrupción y proxenetismo de menores, haciendo funcionar
la norma jurídica para la corrupción después del límite señalado
por la ley para la violencia ope legis.