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~30 JUAN F. GONZALEZ
La verdad es que nuestra ley cierra la puerta a la justicia
y sanciona la impunidad. Si la acción criminal no se
puede intentar, mientras la justicia no declare el divorcio
por adulterio, resulta que cuando el divorcio ha sido declarado
por otras de las causales legales que puedan fundamentarlo,
los cónyuges así divorciados no tendrían acción el uno
contra el otro; desde que estando terminado el juicio de divorcio
y elevado a la categoría de cosa juzgada, la justicia
no podría reabrir el proceso para ampliar la declaración del
divorcio por la nueva causal de adulterio y faltaría entonces
en estos casos el requisito que exige la ley para dar curso
al proceso criminal.
* * *
El precepto, legal. - Nuestro código siguiendo al Belga,
al Francés y al Italiano, no define el delito de adulterio
y se limita sólo a reprimirlo. Fija en su artículo 118, la penalidad
uniforme para el cónyuge culpable como para su
cómplice, y en esto se aparta de sus antecedentes legislativos
que hacían ciertos distingos en la represión del delito fijando
diferentes penas.
La acción que emerge de este delito es de carácter privado
y corresponde al cónyuge ofendido, el cual para ejercerla
después de pronunciado el divorcio por adulterio, tiene
la obligación de acusar a ambos culpables.
Tal como está legislado el adulterio en nuestro derecho
positivo, se presta a distingos odiosos y conclusiones diversas
que rompen la ecuanimidad que debe tener todo precepto
legal.
El delito de adulterio para la mujer consiste en la infidelidad
a la fe jurada, es decir, que la ley no exige la habitualidad
como elemento constituyente; basta sólo el acceso
carnal, basta el concúbito delictuoso para que quede consumado.
Pero ¿qué debemos entender por acceso carnal? En
nuestra opinión lo que exige la ley, como en la violación,
es la conjunción de los órganos sexuales, hecho éste que
por sí solo caracteriza el delito. No es necesaria la perfec-