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cuentra comprendido en la exoneración que establece
el arto 43 de la ley 4927.
Que, sin embargo, y con respecto al caso ocurrente,
debe tenerse presente que, tanto del texto
de la disposición recordada, como de la correspondencia
que guarda con el artículo siguiente, surge
con toda precisión el alcance y sentido del
precepto, que no es otro que el de establecer esa
excepción a los casos de comunicaciones entre los diversos
jueces y funcionarios públicos de la Xación,
dirigidos a los fines del mejor desempeño de sus funciones
dentro de la armonía. y cooperación que se
deben entre sí los distintos poderes del Estado. Sólo
considerado así, tiene explicación el artículo cuando
determina que esa exoneración es con cargo de reposición
por quien corresponda, es decir, por la parte
a cuya solicitud se produjeron esas actuaciones en el
juicio, circunstancia ésta que, a la vez que confirma
la interpretación que queda expuesta, revela que no es
posible que al amparo de esa disposición, el uso de
papel común sea un hecho definitivo' como acontecería
en realidad en el presente caso, si se admitiera la tesis,
sostenida en el escrito de revocatoria.
Que a los efectos de una aplicación racional
de la ley y que consulte su verdadero esptritu,
es necesario distinguir al funcionario como sujeto
del derecho público, del mismo funcionario como
representante de la persona jurídica, cuando ejercita
actos que se ref'ierun al derecho privado de
sus bienes, calidad en que se presenta el Sr. Fiscal
Eclesiástic.o en el presente juicio.
Que, de la misma ley 4927 se desprende que
ella contempla ambas situaciones legislándolas separadamente
c.omo lo demuestra el texto legal, cuando
en el art. 44 exceptúa expresamente entre otras
a las municipalidades, Banco de la Nación, etc.,
siendo así que por las circunstancias de ser sus
representantes necesarios quienes por sí o por apo-