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tarse de un tratado internacional aprobado por el Congreso
Xacionul, ha. dado lugar a que se produzca una
determinada interpretación de la doctrina argentina.
La jurisprudencia que exigía la presentación del testamento
ológra!o original - declaró aquel tribunal ­
«no ha examinado la situación en que coloca el art. 8
del tratado de derecho procesal internacional, aprobado
por el mismo congreso, a los actos de jurisdicción
voluntaria, entre los que menciona expresamente la
apertura del testamento, para los cuales establece que
tendrá el mismo valor que si se hubiesen realizado
en su propio territorio, siempre que reunan ciertos requisitos
previstos por el mismo tratado y que enumera
el art. 5». Y agregó: «no puede decirse que el juez
no esté en condiciones de juzgar si se han observado
las formalidades que las leyes argentinas prescriben para
la validez del testamento, puesto que tiene a la vista
una copia de ese documento y de la diligencia de su
protocolización, a la que se atribuye el mismo valor
que si hubiese sido hecho en la república, y con ellas
puede cumplirse la obligación que impone la ley, de
examinar si el testamento se encuentra en debida forma».
Se ha sentado, entonces, la doctrina de que la
protocolización de un testamento ológrafo en el extranjero
- por lo menos, en los países adheridos aJi
tratado de Montevideo - «tiene el mismo valor que si
se "hubiese realizado en la república, por cuanto la
intervención de la autoridad judicial del otro país ha
dado a ese acto la solemnidad de los actos públicos, y el
de documentos 'fehacientes y auténticos a aquellos en
que se consignan». El alto tribunal sintetizó así su
interpretación: «el arto 44 del tratado d~ derecho
civil internacional, sancionado conjuntamente con el
el derecho procesal, exige que el testamento revista
alguna de las formas establecidas por el lugar de la situación
de 103 bienes hereditarios, como lo es en el
caso la forma adoptada; si la segunda parte del arto
agrega que el testamento por acto público otorgado en