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CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
políticos; violación al artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 5º de la
Convención americana de derechos humanos, artículo 7 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos,
artículo 16 de la Convención de naciones unidas contra la tortura, tratos o penas crueles o inhumanas y
degradantes y Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
I.G. AGOTAMIENTO DE RECURSOS: no interpuso recurso alguno, porque no existe medio o recurso de
efectos suspensivo a través del cual se pueda hacer cesar el acto reclamado y tutelar adecuadamente los
derechos de los indígenas privados de libertad, además que los mismos se encuentran en peligro de ser sometidos
a trato degradante.
I.H. CASO DE PROCEDENCIA : artículo 265 de la Constitución Política de la República; artículo 10 literal “a” de
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
II. TRÁMITE DE AMPARO:
II.A. AMPARO PROVISIONAL: no fue concedido por esta Sala conforme a la resolución de fecha veintiuno de
agosto del año dos mil tres; sin embargo la Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha uno de octubre de
este año, revocó la resolución indicada proferida por esta Sala y otorgó amparo provisional al Procurador de los
Derechos Humanos.
II.B. PRUEBA: II B.1. Carta de la Asociación de auditoría social y desarrollo de fecha siete de agosto del
dos mil tres, en donde se señala el atentado contra la dignidad personal contra la señora LORENZA QUEJ;
II.B.2. Fotocopia de la orden de libertad número setecientos noventa y cinco mil novecientos uno, de fecha
doce de agosto del año en curso; II.B.3. Circular número cero veinticuatro diagonal cero cero tres, referencia
DG guión jmp.
II.C. ALEGACIONES DE LAS DEMÁS PARTES: el Ministerio Público por medio de su Agente Fiscal licenciado
Carlos Gabriel Pineda Hernández, manifestó en su memorial fechado diecinueve de septiembre de este año en
el sentido de que a través de una disposición del Director General del Sistema Penitenciario proceda a decretar
que todas las personas privadas de libertad que se encuentran internadas en los distintos centros de reclusión
preventivos, deben utilizar un uniforme tipo overol naranja, con el propósito de identificar a los reclusos, no
conculca derechos constitucionales específicamente a la mujer indígena, porque tal disposición es de aplicación
general para todas aquellas personas privadas de libertad. Tal disposición no va encaminada a que sólo las
mujeres indígenas deban utilizar el overol, sino por el contrario, a todas a las que se encuentran en tal situación,
porque luego de solventar su situación jurídica ya sea por falta de mérito, por sentencia absolutoria u otra causa
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