Edición 04 de Mayo de 2015

Lunes 4 de mayo de 2015
Renán Alcides Orellana
(52). Como decíamos ayer…
Apuntes sobre la desigualdad de las mujeres en el trabajo
Patricia Iraheta
Se fueron adeudando
la Ley del Agua
Con el título ¡Agua!, en mi columna periodística
No. 27 (Diario Co Latino, noviembre 10/2014),
denunciaba que días antes, el jueves 30 de
octubre, “la derecha legislativa descarnó las intenciones
privatizadoras (del agua), al negar los votos al dictamen
favorable No.76, que ratificaba la reforma constitucional
por el Derecho Humano al Agua y la Alimentación”. Pero,
quedaba una esperanza: que se ratificara antes de
finalizar la legislatura 2012-2015; es decir, la que acaba
de finalizar, apenas la semana pasada.
Pero, no. Un nuevo dictamen favorable de la Comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales (Reforma al
Art. 69 Cn.), fue llevado al pleno legislativo, en la sesión
plenaria No. 144 del 28 de abril pasado, precisamente dos
días antes de que terminara sus gestiones la legislatura
2012-2015. Nuevamente no se logró la ratificación, por la
clara negativa de los partidos ARENA y PCN. Y otra vez,
las organizaciones asistentes a la plenaria exigiendo la
ratificación, tuvieron que retirarse ya avanzada la noche,
con ira reprimida y visibles muestras de frustración. Nadie
sabe si la negativa responde a intereses personales o
de grupo; pero, lamentablemente, muchos de los actos
del ámbito político -no sólo este- todavía obligan a que
Juan Pueblo piense -como en Hamlet- que “algo huele a
podrido en Dinamarca”.
La reforma al Art. 69 de la Constitución de la República,
había sido aprobada con 81 votos, el 19 de abril de 2012,
estipulando y reconociendo como “derecho humano”
el derecho al agua y la alimentación. Sin embargo,
las bancadas de derecha se retractaron y postergaron
la aprobación. Con argumentos débiles, la derecha
legislativa impuso la negativa. Por ignorancia o malicia -o
por ambas- los diputados Edilberto Hernández (ARENA) y
Mario Ponce (PCN), intentando confundir, reiteraban que
El trabajo realizado por las mujeres es tan antiguo como
la historia de la humanidad. En todos los modos de
producción el trabajo de las mujeres ha sido parte del
proceso productivo y reproductivo, desde la esclavitud hasta
nuestros días: de artesanas, cuidadoras, agricultoras, nodrizas,
lavanderas, costureras, curanderas, científicas, maestras,
comerciantes. Hoy por hoy en mayor o en menor participación
las mujeres están presentes en la mayoría de oficios y
profesiones.
Previo al proceso de industrialización, la producción y la
reproducción se describían como actividades complementarias,
es posteriormente, y en el proceso de evolución del sistema
capitalista, que ambas actividades son consideradas
estructuralmente irreconciliables pertenecientes a los ámbitos
públicos y privados y por tanto desigualmente valorados.
Esta división se gesta y se consolida en el Estado Nación
burgués, en el que la ciudadanía pasa a ser la forma de relación
entre las personas y el Estado, mediado por el sistema de
derecho y el contrato social. Las mujeres fueron inhabilitadas
de su carácter de ciudadanas sobre la base de supuestas
características derivadas de la biología con lo cual se naturalizó
su condición femenina desde una perspectiva política, jurídica
y filosófica. El trabajo realizado por las mujeres también fue
naturalizado y con ello considerado como labores propias de
su sexo, por tanto menos valorado.
Es por ello que al incluirse a las mujeres en el proceso
productivo, este se realiza desde una visión misógina, de clase
y de género, que considera a las mujeres como ciudadanas de
segunda clase y con ello la labor que ellas realizan, de menos
valor y menor remuneración. Manteniéndose casi invariable
el contenido de la reforma ya lo estipula la Constitución
en su Art. 117; pero no, porque elementalmente se
entiende que este artículo estipula algo de forma e
importante, pero no de profundidad humana: “Art.117.
Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así
como la diversidad e integridad del medio ambiente, para
garantizar el desarrollo sostenible…” (y termina señalando
el interés de protección y conservación y prohibiciones,
sin mencionar el derecho humano al agua).
Pero la Reforma al Art. 69, si lo menciona, cuando
establece: “El agua es un recurso esencial para la vida;
en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y
preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a
los habitantes”. Huelga aclarar la abismal diferencia, por
obvia. Y por eso, los efectos de contendido social por la
no ratificación de la reforma, no son tan simples. Cuestión
de considerar la grave crisis que, por causa del precioso
líquido, padece el país, especialmente evidenciada en la
falta de acceso al agua potable de millares de personas,
aparte del alto y lamentable grado de contaminación,
a nivel nacional. El recurso hídrico en general es un
“bien común” y, por tanto, su importancia es integral
para la sociedad. Por lo mismo, no puede aceptarse por
inhumano, cualquier intento de volver discriminador el
uso del recurso agua. De ahí que, ajeno a tendencias
ideológicas y sin pasionismo político, es lógico pensar
que toda legislación busca honrar el recurso agua, como
derecho humano, como bien público y como elemento
de sanidad ambiental. Tanto los diputados que, de veras,
se fueron, como los que continúan, son responsables
de la no ratificación en este período; unos, por haber
negado los votos; y lamentablemente los otros, los del
voto afirmativo, por ser corresponsables todos, como
miembros de un cuerpo colegiado. (RAO).
la ubicación laboral de la gran mayoría de las mujeres en la
industria de la confección, los servicios y el trabajo domestico,
siendo los ámbitos menos remunerados y de mayores niveles
de explotación. A nivel mundial las brechas salariales entre
hombres y mujeres se mantienen, independientemente del
oficio o la profesión, como signo de que las mujeres aun no
alcanzamos integralmente la ciudadanía y por tanto nuestra
igualdad plena de derechos.
Si bien es cierto que se han logrado avances y las mujeres nos
desenvolvemos en todos los ámbitos sociales, económicos y
políticos, el sistema capitalista y patriarcal reproduce y pretende
perpetuar los preceptos del “deber ser femenino”, controlando
la sexualidad y la reproducción y reforzando la división sexual
del trabajo como causa esencial de la desigualdad económica
y la laboral de las mujeres.
Las cifras indican que las mujeres aportamos a la sostenibilidad
de las economías tanto en sus etapas de bonanza como de
crisis, desde el ámbito privado y desde el público. La mayoría
de hogares en el mundo son sostenidos por mujeres e
indudablemente sin el trabajo reproductivo el mundo entero
se paraliza y ni presupuestos nacionales son suficientes
para cuantificar el valor que tiene el trabajo del cuidado y la
reproducción de la vida, el Estado sin duda sigue en deuda con
la mayoría de la población en el mundo.
Tercas como el Izote, caminamos de la invisibilidad a la
presencia pública, construyendo caminos de justicia, de
equipolencia del poder político y desafiando el sano equilibrio
de la hegemonía masculina sobre nuestros cuerpos y nuestras
vidas, abrigando la esperanza de vivir en un sistema incluyente,
ganando día a día el derecho a tener derechos.
OPINIÓN15
@arpassv
¡DEMOCRATIZANDO
LA PALABRA!
Diario Co Latino
Unidad indispensable
La histórica celebración del Día de la Clase
Trabajadora, el pasado 1º de mayo, mandó un
deseado y esperado mensaje: la unidad pueblo,
partido y gobierno para la búsqueda de cambios
estructurales en el país. Unidad no en el sentido de
fusionar o hacer de varias cosas una sola, sino de
articular y coordinar.
Los sectores oligárquicos, aferrados en mantener el
actual estado de cosas socioeconómico y político, no
esperaban que un mismo acto fuera encabezado por el
Presidente de la República, la alta dirigencia del FMLN
y los representantes sociales y sindicales.
El actual momento político destaca, en primer lugar,
por la vinculación partido-gobierno, algo que no pudo
darse durante la administración anterior. La poca
coordinación, las divergencias y hasta la confrontación
en varias ocasiones, fue la constante entre el FMLN y
el gobierno del ex presidente Mauricio Funes (2009-
2014).
Y, en segundo lugar, el acercamiento que partido y
gobierno buscan con el movimiento popular. Dicho
acercamiento responde a la doble convicción que marca
el proceso de profunda autocrítica que ha comenzado
en la izquierda gobernante: la profundización de los
cambios es “ahora o nunca” y, dada la nueva correlación
legislativa, esto sólo será posible con movilización y
presión social.
Avanzar en la reforma fiscal progresiva, la
democratización de las comunicaciones, depuración
del sistema judicial, reversión del grave deterioro
ecológico y demás urgencias de país, pasa por la
decisión política del Ejecutivo, la lucha parlamentaria
del FMLN y la movilización de todas las organizaciones
revolucionarias, progresistas y democráticas que
apuestan por un El Salvador más justo, equitativo y
sustentable.
En el célebre acto del 1º de mayo, Presidente
Salvador Sánchez Cerén, representación sindical y
dirigencia efemelenista, coincidieron en la urgencia
de contrarrestar con lucha institucional y social a
la derecha oligárquica para desmantelar el modelo
neoliberal. Todos criticaron fuertemente a la Sala
Constitucional cuyas últimas resoluciones atentan
contra la institucionalidad, la soberanía popular, la
gobernabilidad y los mismos principios constitucionales
que en teoría defiende.
Así, el mensaje de vinculación pueblo, partido y
gobierno, que el Presidente Sánchez Cerén, dirigencia
del FMLN y representantes sociales y sindicales,
enviaron en la multitudinaria manifestación del pasado
1º de mayo, es bienvenido. El país lo necesita y el
momento histórico lo requiere.
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de El Salvador
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