Material ponencia

Fiscalización de la colaboración
público-privada privada y otras figuras de
financiación privada
Auditoría y fiscalización de la
contratación pública
Ponente: Rosa Vidal i Planella
Subdirectora general de Fiscalización
Intervención General
Generalidad de Cataluña

Modalidades de fiscalización
• Fiscalización previa plena
• Control posterior
• Control financiero
Fiscalización previa plena en esta clase de
expedientes
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Colaboración público-privada
• La colaboración público-privada se
refiere a las diferentes formas de
cooperación entre el sector público y el
sector privado para financiar, construir,
renovar, gestionar y mantener una
infraestructura, un equipamiento o un
servicio.
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Clases de contratos
• Contratos típicos de la Ley de contratos del
sector público:
– Contrato de concesión de obras públicas
– Contrato de gestión de servicios públicos
– Contrato de colaboración entre el sector público y
el privado (CPP)
• Contratos de carácter patrimonial:
– Censo enfitéutico
– Derecho de superficie
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Contrato de concesión de obras públicas
(artículos 7, 14, 112 a 115, 223 a 250 LCSP)
• El contrato de concesión de obra pública es una figura derivada del contrato de obras.
• Recae sobre prestaciones similares:
– Obras de primer establecimiento
– Reforma
– Gran reparación
– Reparación
– Rehabilitación
– Restauración
– Mantenimiento
– Conservación
• Se caracteriza por la contraprestación que recibe el contratista:
– Derecho a explotar la obra
– Derecho a explotar la obra acompañado de la percepción de un precio
• Debe contener:
– Una obra pública susceptible de explotación
– La ejecución del contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista
– El contrato debe mantener un equilibrio económico
– Financiación diversa
• El contrato puede preveer que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar, explotar las obras
accesorias o vinculadas con la principal, que sean necesarias para cumplir con la finalidad y que permitan un mejor
funcionamiento y explotación.
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Fiscalización fase preparación
• Que conste:
– Un estudio de viabilidad (puede ser por iniciativa privada) que haga referencia a (art. 112 LCSP):
• Coste y justificación de la obra
• Rentabilidad de la concesión
• Impacto socioeconómico y ambiental
• Riesgos operativos y tecnológicos de la construcción y explotación de la obra
• Sistema de financiación
• Estudio de seguridad y salud
– Trámite de información pública.
– Aprobación del estudio de viabilidad.
– Si procede, anteproyecto de construcción y explotación de la obra.
– Redacción, supervisión, replanteo y aprobación del correspondiente proyecto.
– Pliegos de cláusulas administrativas: aspectos esenciales del contrato. Contenidos mínimos:
• Objeto
• Capacidad y solvencia
• Contenido proposiciones
• Características de la futura sociedad concesionaria
• Sistema de retribución
• Plazo
• Garantías
• Plan económico financiero de la concesión: sistema de tarifas, inversión y costes de explotación y gastos financieros,
directos o indirectos, estimados
• Financiación: % a cargo de la Administración
• Criterios de valoración
• Procedimiento abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.
• Reserva de crédito suficiente y adecuado (gasto plurianual).
• Informe fiscal.
• Aprobación del expediente.
• Si procede, documento contable correspondiente.
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Fiscalización fase adjudicación
• Asistencia mesa de contratación.
• Propuesta de adjudicación al contratista que presente la oferta más ventajosa
económicamente.
• Acreditación conforme el adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la seguridad social y que ha presentado la garantía.
• Resolución de adjudicación.
• Formalización del contrato.
• Documento contable de disposición.
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Fiscalización fase ejecución
• En la fase de ejecución se puede plantear:
– Que las obras sean realizadas, en parte, por la propia Administración, ejecutándolas por
su cuenta o financiando una parte. En este caso la parte de obra debe diferenciarse
claramente.
– Que la ejecución, de un mínimo del 30% del valor global de las obras, se contrate con
terceros. El concesionario responderá de los contratos de obras que realice con terceros.
• Rige el principio de riesgo y ventura del contratista, pero hay supuestos (fuerza mayor) en los
que al concesionario se le puede conceder un plazo superior de la concesión o un reajuste
del plan económico financiero.
• Financiación parcial por la Administración: certificaciones de obra.
• Comprobación material de las obras: acta de recepción formal.
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Fiscalización modificaciones contractuales
• A instancia de la Administración, por razones de interés público (art. 202 LCSP) (art. 92 y sig. LES).
• Sólo cuando conste en los pliegos o en el anuncio de licitación y se advierta de la posibilidad (condiciones, alcance
y límites). Debe constar el porcentaje máximo y el procedimiento.
• Si no lo prevé el pliego, sólo cuando lo justifique la concurrencia de circunstancias objetivas que imposibilitan la
ejecución: inadecuación proyecto, fuerza mayor, etc.
• No puede alterar las condiciones esenciales de licitación y adjudicación. A parte de otras causas, altera las
condiciones => 10% precio adjudicación del contrato.
• Puede comportar un reajuste del plan económico financiero de la concesión: modificación de tarifas, prórroga del
plazo de concesión o modificación de las cláusulas de contenido económico.
• El concesionario asume el riesgo y ventura de la inversión que se realiza.
• La financiación puede ser:
– Parcial por la Administración concedente:
• Pueden ser aportaciones dinerarias o no (bienes inmuebles).
• Mientras se ejecuta la obra o al final.
• Subvenciones o préstamos reintegrables (manteniendo el riesgo del concesionario).
– Financiación privada sujeta al control de la Administración:
• Emisión de obligaciones y otros títulos o valores. Plazo de reembolso no puede ser superior al plazo final.
• Titulización de los derechos de crédito. Derecho al cobro de las tarifas; ingresos que se pueden obtener por la explotación; aportaciones de la
Administración. La cesión de los derechos debe formalizar en escritura pública.
• Hipoteca.
• Créditos participativos. La Administración puede contribuir a la financiación otorgando un crédito participativo. En
este caso, el concesionario no puede amortizar anticipadamente el capital, excepto que abone el valor actual neto
de los beneficios futuros expuestos en el plan económico financiero.
• Informe Asesoría Jurídica.
• Informe fiscal.
• Documento contable correspondiente: disposición y reconocimiento de la obligación. Si procede, gasto plurianual.
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Fiscalización modificaciones contractuales. Procedimiento
• Propuesta técnica motivada.
• Redacción de la modificación del proyecto.
• Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si mediante un contrato de servicios
lo ha preparado un tercero ajeno al órgano de contratación.
• Aprobación técnica.
• Audiencia del contratista.
• Informe Asesoría Jurídica.
• Informe de la Comisión Jurídica Asesora, si se modifica el contrato, cuando => 6 M euros, y > 10%.
• Certificado de existencia de crédito.
• Informe fiscal.
• Aprobación del expediente por el órgano de contratación.
• Documento contable correspondiente: disposición y reconocimiento de la obligación. En su caso, gasto
plurianual.
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Contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado (art. 11, 118 a 120, 289 y 290 LCSP)
• La LCSP lo configura como un contrato administrativo típico. Art. 19 LCSP.
• De hecho, es una combinación de todos los contratos típicos: obras, concesión de obras públicas o gestión
de servicios públicos, suministros y servicios.
• El objeto puede ser cualquier prestación: transportes, salud pública, servicios asistenciales, educación,
seguridad, equipamientos de cualquier clase, servicios relacionados con las nuevas tecnologías, etc.
• Normas especiales aplicables: las del contrato típico que corresponda al objeto de la prestación principal.
Art. 289 LCSP.
• Reparto de los riesgos entre el socio público y el privado, al sector privado se le transfieren los que
habitualmente soporta el sector público. (Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el derecho
comunitario en materia de contratación pública y concesiones, COM (2004) 327, de 30-4-04).
• Un CPP permite evitar las restricciones financiero-presupuestarias de las administraciones públicas
contratantes. Los activos que se construyan en el marco de un CPP se contabilizan fuera del sector de las
administraciones públicas siempre que el socio privado soporte el riesgo de construcción o, al menos, el
riesgo de disponibilidad o el riesgo de demanda. (Eurostat ESA95 Manual on Government Debt and Deficit
– Long term contracts between government units and non-government partners, de agosto de 2004, sobre
los CPP. Manual SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública.)
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CONTRATACIÓN CPP
Actuaciones preparatorias
Diálogo competitivo
justificación
de la
necesidad
Documento
evaluación
previa
Documento
descriptivo
y funcional
(pliegos)
Anuncio
público
Presentación
candidatos
Selección
candidatos
Recepción
ofertas
Proceso
diálogo
Art. 22.
Mesa
especial
Informe jurídico
Informe
Intervención
Mesa
especial
Pliegos.
Contenido
mínimo
contrato
Oferta
final
Adjudicació
n
contrato
Aprobación
expediente
Informe jurídico
Informe
Intervención
(crédito
presupuestario)
Propuesta mesa especial
Adjudicación
Inicio expediente
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Documento llamado evaluación previa
• Debe contener y justificar:
• Análisis de la complejidad del contrato. Técnica y jurídico- financiera.
• No estar en condiciones de definir, con carácter previo, las prestaciones y/o la
consecución de los objetivos.
• No disponer de los medios técnicos para alcanzar los objetivos.
• Dificultad para establecer los mecanismos jurídicos y financieros necesarios
para llevar a cabo el contrato.
• Análisis comparativo con otras figuras contractuales que justifique los motivos
de carácter jurídico, económico-administrativo y financiero que recomienden
la adopción de esta fórmula de contratación.
• Ha de justificarse en términos de obtención de mayor valor por precio, de
coste global, de eficacia o de imputación de riesgos.
• Procedimiento: diálogo competitivo.
• Elaboración del documento: órgano colegiado distinto del órgano de
contratación: mesa especial del diálogo competitivo.
• No es necesaria si se ha efectuado previamente para un supuesto análogo.
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Programa funcional. Art. 119 LCSP
• Si del resultado de la verificación del documento de evaluación previa procede la celebración de un
CPP, debe elaborarse un programa funcional:
– Éste debe contener los elementos básicos que informarán el diálogo con los contratistas.
– Debe incluirse en el documento descriptivo del contrato.
• La estructura básica del contrato de CPP, debe contener:
– El alcance y las características generales de carácter técnico, jurídico y económico de las necesidades que se
pretenden satisfacer.
– Los elementos mínimos que deben incluir necesariamente las ofertas para ser admitidas al diálogo
competitivo. Estos elementos no podrán ser objeto de modificación que implique falsear la competencia o
tener un efecto discriminatorio (art. 167.1).
– Criterios de adjudicación del contrato.
– En su caso, constitución de sociedad y forma jurídica de ésta.
• Es el documento esencial del contrato, sustituye a los pliegos de condiciones.
– Art. 165.3: declara aplicables al procedimiento de diálogo competitivo las disposiciones relativas a las
invitaciones del procedimiento restringido, señalando que las referencias a los pliegos deben entenderse
hechas al documento descriptivo.
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Procedimiento: diálogo competitivo
Documento descriptivo. Art. 165 LCSP.
• El documento debe contener la información básica sobre las
condiciones y el desarrollo del procedimiento de licitación.
• Incluye:
– Contenido mínimo del contrato:
• El contenido mínimo imprescindible del clausulado de un contrato. Art.
26.
• Las cláusulas específicas para el CPP. Art. 120.
• El régimen específico del contrato típico calificado, de acuerdo con la
prestación principal (generalmente, concesión de obra pública, gestión de
servicio público, etc.).
– El procedimiento de diálogo competitivo regulado en arts. 163 a 167.
– El programa funcional.
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Artículo 35 LES. Impulso a la eficiencia en la contratación pública
y financiación de la colaboración público-privada
• Normas sobre la financiación de los adjudicatarios de contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado:
– En relación a la remuneración del contratista: previsiones sobre las garantías que puede obtener el
contratista para la captación de la financiación necesaria para la ejecución de contrato.
– Régimen de notificación por el contratista, de las operaciones financieras que concierte para la
financiación del contrato.
– Para el caso de resolución del contrato, posibilidad de los acreedores para subrogarse al
cumplimiento del contrato, o puesta a disposición de éstos de una cantidad no superior al 80% del
coste real de las inversiones realmente ejecutadas.
• Normas sobre la financiación de la colaboración entre el sector público y el sector privado
bajo fórmulas institucionales (sociedades de economía mixta):
– Emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos.
– Hacer ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las
condiciones esenciales de la adjudicación, salvo que hubiera estado prevista en el contrato.
– Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato.
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Contenido mínimo del clausulado del contrato. Art. 120 LCSP.
• Necesariamente:
– Identificación de las partes y la acreditación de su capacidad.
– Definición del objeto del contrato, con identificación de las prestaciones principales
que identificarán el régimen jurídico aplicable.
– Valor estimado del contrato. Precio o modo de determinarlo.
– Remuneración del contratista y condiciones de pago.
– Duración del contrato.
– Condiciones básicas de ejecución, modificación y extinción del contrato.
– Condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el contratista.
– Objetivos de rendimiento asignados al contratista.
– Fórmulas de control en la ejecución.
– Posibilidad de subcontratación.
– Destino del objeto contractual a la finalización.
– Garantías.
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Procedimiento: diálogo competitivo
Licitación. Art. 165 LCSP
• El órgano de contratación debe realizar un diálogo con los candidatos
seleccionados, previa solicitud de éstos, con el objeto de desarrollar
una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y
que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una
oferta final.
• Aplicación de las normas del procedimiento restringido para la
selección de los candidatos. Arts. 147 a 149.
• El documento descriptivo debe contener la referencia a la posibilidad
de percepción de compensaciones económicas o primas por la
participación en el procedimiento.
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Procedimiento: diálogo competitivo
Fase previa. Art. 165 LCSP.
• Abertura del procedimiento de diálogo competitivo.
• Anuncio de licitación donde se dan a conocer:
– Las necesidades y los requisitos.
– Los criterios de adjudicación.
– El número de candidatos que se invitarán a participar (mínimo tres).
– La forma de presentación de las solicitudes y el contenido de las invitaciones. Pueden darse
instrucciones concretas para la participación.
• Presentación de las solicitudes de participación.
• Evaluación de los candidatos por la mesa especial:
– Acreditación de la capacidad de obrar.
– Acreditación de la solvencia económica y financiera.
– Acreditación de la solvencia técnica y profesional.
– Propuesta de invitación.
• Órgano de contratación invitará a los candidatos que hayan obtenido la mejor
puntuación, de acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en el documento
descriptivo.
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Procedimiento: diálogo competitivo
Fase desarrollo. Art. 166 LCSP.
• Invitación a participar en el diálogo a los candidatos que hayan obtenido la mejor puntuación. Contenido:
– Referencia al anuncio.
– Fecha de inicio de la fase de diálogo.
– Documentos que en su caso deban aportar.
– Criterios de adjudicación y ponderación.
– Documento descriptivo del procedimiento de licitación.
– Indicación o modelo de la propuesta de solución.
• Desarrollo del diálogo: pueden debatirse todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.
• Debe darse un trato igual a todos los licitadores.
• No se puede facilitar, de manera discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores.
• No se pueden revelar las soluciones presentadas por un participante al resto de participantes.
• No se pueden facilitar datos de carácter confidencial de un participante a los otros, excepto que éste lo autorice de forma expresa.
• Puede articularse en fases sucesivas, y mediante la aplicación de los criterios indicados en el documento descriptivo ir descartando propuestas
de soluciones. El número de soluciones finales ha de ser lo suficientemente amplio para garantizar una competencia efectiva.
• Debe seguir el diálogo hasta que el órgano de contratación se encuentre en condiciones de determinar la solución que responde a sus
necesidades.
• Conveniente que el órgano de contratación establezca una guía interna que regule las normas y los principios a seguir durante la celebración del
diálogo:
– Designación de las personas que formaran parte del equipo de diálogo.
– Reglas de actuación. Operativa del diálogo. Rondas previstas con todos los candidatos.
– Calendario y horarios de las reuniones.
– Actas.
– Procedimientos de control para garantizar los principios del diálogo: de transparencia, confidencialidad, igualdad de trato y no
discriminación.
• Conveniente que se dicten instrucciones del procedimiento del diálogo y se faciliten al licitador conjuntamente con la invitación a participar.
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Procedimiento: diálogo competitivo
Fases final. Art. 167 LCSP.
• Determinada la solución o soluciones que puedan responder a les necesidades, la mesa especial
propondrá al órgano de contratación que declare el cierre del diálogo con los candidatos.
• Órgano de contratación: declaración del fin del diálogo.
• Elaboración de un documento que contenga:
– La solución o soluciones.
– Forma de presentación de las ofertas finales.
– Criterios de valoración de las ofertas.
– Procedimiento de valoración por la mesa especial.
– Procedimiento de adjudicación.
– Todos los elementos necesarios para la ejecución del contrato.
– Propuesta del clausulado del contrato.
• Crédito presupuestario a cuyo cargo se abonará el precio.
• El documento, similar a un pliego, deben informarlo los servicios jurídicos y la Intervención.
• Invitación a los licitadores, indicando:
– Presentación de sobre o sobres.
– Forma de presentación de la oferta.
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Procedimiento: diálogo competitivo
Adjudicación. Art. 167 LCSP.
• Verificación de la documentación
correspondiente.
• Adjudicación a la oferta económicamente más
ventajosa.
• Formalización del contrato, precisando el
clausulado previsto en el art. 120.
• Publicidad de la adjudicación.
• En su caso, constitución de la nueva sociedad.
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Derecho de superficie
Ley 5/2006, de 10 de mayo, Código Civil de Cataluña relativo a los derechos reales
• Se puede definir como un derecho real limitado sobre una finca ajena que
atribuye temporalmente la propiedad separada de las construcciones o de
las plantaciones que estén en ella.
• En virtud del derecho de superficie, hay una separación entre la propiedad
de lo que se construye y el terreno o suelo en el que se hace.
• Puede recaer sobre:
– el suelo,
– el vuelo,
– el subsuelo.
• Debe formalizarse en escritura pública.
• El plazo del derecho no puede superar 99 años.
• Régimen voluntario del derecho (libertad de pactos).
• La extinción del derecho de superficie conlleva la reversión de la
construcción a los titulares de la finca gravada con el derecho real.
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Fiscalización derecho de superficie
Expediente de la DG de Patrimonio de la Generalidad
• Propuesta justificativa de la necesidad de constituir el derecho real, en referencia al destino y uso de la edificación y acreditación de la
selección del superficiario (construcción, conservación, mantenimiento y explotación mediante contrato de arrendamiento a la
Generalidad de Cataluña, del edificio, que se destinará a una comisaría, escuela, etc.).
• Que la Generalidad es titular de la finca o tiene un derecho real posesorio (delimitación concreta y situación del suelo: referencia
catastral). Calificación urbanística. Cargas y gravámenes.
• Que se fija un plazo y éste no supera los 99 años.
• La contraprestación por la constitución del derecho de superficie: normalmente no hay abonos dinerarios en concepto de canon
superficiario de carácter periódico y consiste en la reversión de las edificaciones.
• Que la superficiaria se obliga a construir la edificación por el importe total adjudicado y a obtener las licencias y permisos para realizar
la actividad prevista.
• El plazo de construcción de la edificación.
• Las condiciones de entrega y recepción de la edificación construida. Plazo de garantía y otras obligaciones relativas a la edificación.
• Régimen de explotación del edificio. Contrato de alquiler a favor de la Generalidad de Cataluña:
– Objeto del arrendamiento: el edificio construido para el destino previsto.
– Duración del contrato de alquiler: el mismo del derecho de superficie.
– Renta: la ofertada por la superficiaria. Amortización obras, gastos financieros, etc.
– Incremento de la renta, etc.
– Forma de pago y meritación de la renta: anticipada y desde la fecha del acto de puesta a disposición del edificio.
– Condiciones de las obras de conservación y mejora a realizar en el periodo del arrendamiento, y si éstas son a cargo de la
arrendadora o a cargo de la arrendataria.
– Facultades de subarrendamiento.
– Condiciones del pago de los diferentes suministros.
– Obligación del mantenimiento del edificio arrendado. Contrato de “Llaves en mano” (entrega del edificio en condiciones de ser
inmediatamente utilizado). La arrendadora asume todo el plan de conservación, mantenimiento y disponibilidad aprobado en la
adjudicación (riesgo de disponibilidad).
• Otros derechos y obligaciones de las partes: cesión del contrato, etc.
• Informe de la Asesoría Jurídica.
• Informe de la Intervención.
• Escritura pública de constitución del derecho de superficie.
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Procedimiento en la Generalidad de Cataluña
• Propuesta de Acuerdo de Gobierno, en éste se autoriza:
– A constituir un derecho de superficie sobre una finca determinada para la construcción de un edificio
destinado a una comisaría, escuela, etc., por un importe total determinado. (En caso de ICF
Equipaments, a favor de esta entidad).
– A licitar por concurso la adjudicación de un contrato de constitución de derecho de superficie sobre
la finca.
– A los secretarios generales correspondientes a actuar como órgano de contratación.
– A celebrar por el departamento correspondiente el contrato de arrendamiento del edificio por un
importe de renta máxima.
– El encargo a GISA de la gestión de la licitación y adjudicación del contrato. (En el caso de ICF
Equipaments, a que esta entidad encomiende a GISA).
– Reserva de crédito plurianual. (Capítulo 2: por el importe de las rentas).
– Informe del interventor general.
• Acuerdo del Gobierno.
• Resolución SG de inicio de expediente, aprobación del pliego de bases y encomienda a
GISA.
• Licitación y adjudicación por GISA del derecho de superficie (formalmente adjudica el
secretario general).
• Tramitación formal del expediente de constitución del derecho de superficie por la
Dirección General de Patrimonio.
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Fiscalización de la Intervención
• En la propuesta de Acuerdo de Gobierno.
• Asistencia a la mesa de contratación de GISA (órgano de control interno)
– Previamente se informan los pliegos de bases, en los que se recoge:
• El objeto del contrato.
• Las condiciones de la constitución del derecho de superficie.
• Las contraprestaciones económicas durante la ejecución de las obras.
• El compromiso del contrato de arrendamiento y las condiciones de éste.
• La conservación y el mantenimiento.
• Riesgo y ventura.
• El régimen de modificaciones.
• Forma jurídica de constitución de la sociedad de la adjudicataria.
• Criterios de adjudicación, etc.
• Anexos: indicadores de estándares de calidad, de no disponibilidad, etc.
• En las inspecciones previas y recepción de las obras (convenio de GISA e ICF Equipaments).
• En el expediente de tramitación de la Dirección General de Patrimonio sobre la constitución del
derecho de superficie.
• En el expediente de tramitación de la Dirección General de Patrimonio referente al contrato de
arrendamiento.
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Censos
• Es una prestación periódica dineraria anual, de carácter perpetuo o temporal, que
se vincula con carácter real a la propiedad de una finca, que garantiza el pago
directamente e inmediatamente.
• Censatario: persona obligada a pagar la pensión (propietario de la finca).
• Censalista: persona que tiene derecho a recibirla (titular del derecho de censo).
• El contrato de constitución del censo puede ser:
– Por la transmisión de la titularidad del derecho de propiedad de la finca al censatario, a cambio de la
constitución del derecho de percibir la prestación periódica anual a favor del censalista.
– Por revessejat, en virtud de la constitución del censo por el propietario de la finca y la cesión a una
tercera persona del derecho a recibir la prestación periódica anual.
• Enfitéutico: constituido con carácter perpetuo y redimible a voluntad del
censatario (20 años).
• Vitalicio: constituido con carácter temporal e irredimible a voluntad del censatario.
• Generalidad de Cataluña: generalmente censo enfitéutico de carácter perpetuo y
redimible, con la modalidad de revessejat.
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Fiscalización censos
• Expediente tramitado por la Dirección General de Patrimonio.
• Propuesta justificativa de la necesidad de constitución del censo.
– Sobre bienes inmuebles propiedad de la Generalidad.
– Para la adquisición de un bien inmueble.
• La delimitación concreta y situación del bien inmueble: referencia catastral. Calificación urbanística. Cargas
y gravámenes.
• Determinación del importe necesario para la constitución del censo, por el que la Generalidad, como
censataria, recibe un capital a tanto alzado.
• Selección del censalista que debe percibir la pensión anual (como no existe una norma expresa, se
consulta directamente con las diversas entidades).
• Determinación del importe de la pensión y forma de pago fraccionado en mensualidades.
• Condiciones de redención del censo, por parte de la censataria, determinando el precio de redención.
• Reserva de crédito plurianual para hacer efectiva la pensión.
• Informe Asesoría Jurídica.
• Informe Intervención.
• Constitución del censo en escritura pública.
• Ingreso presupuestario: capital del censo.
• Abono de la pensión correspondiente al censalista.
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