migración y derechos humanos - Observatorio de Migraciones

Comunicado de la Comisión Andina de Juristas CAJ
La Comisión Andina de Juristas hace pública su preocupación por el Decreto Ejecutivo 1471 adoptado por el
Gobierno de Ecuador, a través del cual se condiciona el ingreso de los nacionales colombianos a la presentación
de un documento oficial que acredite no tener antecedentes penales. En este sentido, expresa lo siguiente:
1. Todo Estado tiene la potestad de establecer las políticas de seguridad ciudadana que consideren convenientes,
pero éstas tienen como límite esencial el respeto de los derechos humanos reconocidos por el
ordenamiento jurídico nacional e internacional. No hay política de seguridad válida que tenga fundamento
en la sospecha.
2. La Comisión Andina de Juristas coincide con el pronunciamiento oficial de la Defensoría del Pueblo de
Ecuador mediante el cual sostiene que esta norma gubernamental vulnera los derechos humanos reconocidos
por los artículos 76-2, 11-2, 41 y 66-14 de la Constitución Política de Ecuador; los artículos 1 y 8.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2-1 y 14-2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; los artículos 7 y 18-2 de la Convención Internacional sobre los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares; el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; los artículos 16 y 38 del Plan de Acción de
Durban y el artículo 3 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
Así como también vulnera los derechos de la y el ciudadano andino otorgados por la normativa supranacional
de la Comunidad Andina, de obligatorio cumplimiento, aplicación directa y efecto inmediato en cado uno de
sus Países Miembros. En particular la Decisión 503 a través de la cual se le otorga el derecho a circular
libremente por el espacio comunitario con la sola presentación del documento nacional de identidad, sin
que ningún País Miembro pueda imponer controles adicionales a los existentes. La afectación de derechos
al ciudadano andino abre el camino para activar el Mecanismo de Solución de Controversias Andino (Tratado
de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: artículos 2, 3, 4, 23, 24 y 25).
3. La Comisión Andina de Juristas hace un llamado al Gobierno ecuatoriano para rectificar una medida que
es, contraria a Derecho. La integración andina exige a los Gobiernos muestras de confianza recíprocas,
respeto mutuo, así como la voluntad firme de aproximación entre los pueblos, cuyo presupuesto es siempre
el libre tránsito de las y los ciudadanos andinos. Tal como lo ratifica el documento Una Comunidad Andina
para los Ciudadanos ofrecido por el actual Presidente Pro Tempore de la Comunidad Andina, Rafael Correa,
en el marco de la última reunión del Consejo Presidencial Andino y cuyo contenido resulta contradictorio
con la medida en cuestión.
Invocamos al Gobierno del Ecuador, rectificar su decisión y retomar las vías de la hermandad y la buena
voluntad de los Estados para con los pueblos que habitan la subregión andina.
Lima, 29 de enero del 2009
DIÁLOGOS MIGRANTES
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