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La ciudadanía andina y la incorporación de un enfoque de derechos humanos en el proceso de integración andino rias ha implementado la Decisión 545 11 . Así como también en que ninguno de los aeropuertos de los Países Miembros cuente con ventanillas especiales para facilitar la libre circulación de personas en el espacio comunitario. No obstante, es una obligación emanada de la Decisión 525, adoptada en el año 2002. Adicionalmente, la secuela de incumplimientos en este ámbito se constata en el hecho que órganos comunitarios de especial relevancia para el respeto de los ciudadanos andino, como el Comité Andino de Autoridades de Migración, no se reúne hace más de dos años. No obstante, es preciso destacar que el incumplimiento de normas supranacionales en materia social no es únicamente responsabilidad de los Estados, sino también de las personas naturales y jurídicas que habitan la Subregión, al no activar el Mecanismo de Solución de Controversias de la Comunidad Andina o interponer acciones de cumplimiento ante sus Tribunales nacionales por la vulneración de normas que son directamente aplicables en sus países. (iii) La inexistencia de un órgano comunitario que proteja los derechos de los ciudadanos andinos En la actualidad no existe un órgano comunitario que tenga por función principal la protección de los derechos de los ciudadanos andinos, lo cual contribuye a su constante vulneración. En este sentido, la incorporación plena del Consejo Andino de Defensores del Pueblo (CADP) a la Comunidad Andina, en cuanto órgano especializado responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos andinos y los derechos humanos en el marco del proceso de integración andino, se convierte en prioritario. Al respecto, es preciso hacer hincapié en que si bien el CADP fue adscrito al Sistema Andino de Integración con la adopción de la Decisión 590 en En la actualidad no existe un órgano comunitario que tenga por función principal la protección de los derechos de los ciudadanos andinos, lo cual contribuye a su constante vulneración. julio del 2004, su funcionamiento en el marco de la Comunidad Andina ha quedado pendiente hasta que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en consulta con los Países Miembros, prepare una propuesta que adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, precise la naturaleza jurídica y defina el alcance de la funciones y nexos del CADP en el marco de esta organización internacional. A su vez, es preciso destacar que si bien expresamente la citada norma supranacional no incluye a la sociedad civil en el proceso de consulta para la elaboración de la propuesta, resulta indispensable su participación al precisar esta propuesta las funciones de un órgano especialmente relevante para el respeto de los derechos de los ciudadanos andinos y los derechos humanos en la Subregión, como efectivamente lo ha demostrado la Defensoría del Pueblo de Ecuador al solicitar a su Gobierno la revisión del Decreto Ejecutivo 1471 por vulnerar además de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, el cumplimiento de la normativa supranacional andina. 11 El 31 de octubre de 2004, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú adoptó la Resolución Ministerial (RM) N° 279- 2004-TR, a través de la cual dispone el encargo de funciones de la Oficina de Migración Laboral a las Subdirecciones de Registros Generales u oficina que haga las veces de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta que se implemente en este Ministerio la Oficina de Migración Laboral prevista en la citada Decisión de la CAN. Asimismo, este Ministerio emitió la Directiva N° 004-2005-MTPE/DVMT/DNRT para la aplicación de lo dispuesto por la norma comunitaria y la referida Resolución Ministerial, al precisar los criterios que debe aplicar la autoridad administrativa de trabajo para acreditar la condición de trabajador migrante andino. Así como también los criterios para la supervisión de su situación laboral, las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normas laborales por parte de sus empleadores. Con estas medidas adoptadas, Perú demostró en la práctica que la no aprobación hasta la fecha de la Reglamentación de la Decisión 545 no impide que las obligaciones jurídicas que emanan de esta Decisión sean cumplidas. DIÁLOGOS MIGRANTES 31
Migración y derechos humanos: elementos para el debate A modo de conclusión El efectivo reconocimiento de la ciudadanía andina podría hacer posible que el término migrante se limite exclusivamente a los habitantes de nuestros países que se trasladen a territorio extracomunitario, fortaleciéndose nuestro proceso de integración y con ello el logro de su finalidad última: mejorar la calidad de vida de quienes habitan nuestra Subregión al incorporarse un enfoque de derechos humanos al proceso de integración andino. Bibliografía COMUNIDAD ANDINA. Manual de Procedimientos del Sistema Andino de Solución de Controversias. Disponible en versión electrónica en: http://www.comunidadandina. org/public/libro_80.htm. SALAZAR, Manrique Roberto (1998). ‘Bases Jurídicas Institucionales y Doctrinales para la Proyección Internacional de la Comunidad Andina’. Ponencia presentada en el Taller: ‘La prioridad en la agenda internacional de los países de la Comunidad Andina’. La Paz. SOBRINO, José Manuel (2001). ‘El Derecho de la Integración’. En: THEMIS. PUCP, Lima. N° 42. TANGARIFE, Marcel (2000). ‘Sistema Jurisdiccional en el Proceso Andino’. En: Simposio ‘Integración y Supranacionalidad’, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. La Paz. Páginas Web Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org Consejo Consultivo Laboral Andino: http://www.ccla.org.pe Observatorio Laboral Andino: http://www.comunidadandina.org/camtandinos/OLA/ 32 DIÁLOGOS MIGRANTES
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