migración y derechos humanos - Observatorio de Migraciones

La ciudadanía andina y la incorporación de un enfoque de derechos humanos en el proceso de integración andino
rias ha implementado la Decisión 545 11 . Así como
también en que ninguno de los aeropuertos de los
Países Miembros cuente con ventanillas especiales
para facilitar la libre circulación de personas en el
espacio comunitario. No obstante, es una obligación
emanada de la Decisión 525, adoptada en el año
2002.
Adicionalmente, la secuela de incumplimientos en
este ámbito se constata en el hecho que órganos
comunitarios de especial relevancia para el respeto
de los ciudadanos andino, como el Comité Andino
de Autoridades de Migración, no se reúne hace más
de dos años.
No obstante, es preciso destacar que el incumplimiento
de normas supranacionales en materia social no
es únicamente responsabilidad de los Estados, sino
también de las personas naturales y jurídicas que
habitan la Subregión, al no activar el Mecanismo de
Solución de Controversias de la Comunidad Andina o
interponer acciones de cumplimiento ante sus Tribunales
nacionales por la vulneración de normas que
son directamente aplicables en sus países.
(iii) La inexistencia de un órgano comunitario que
proteja los derechos de los ciudadanos andinos
En la actualidad no existe un órgano comunitario que
tenga por función principal la protección de los derechos
de los ciudadanos andinos, lo cual contribuye
a su constante vulneración. En este sentido, la
incorporación plena del Consejo Andino de Defensores
del Pueblo (CADP) a la Comunidad Andina, en
cuanto órgano especializado responsable de garantizar
los derechos de los ciudadanos andinos y los
derechos humanos
en el marco del proceso
de integración
andino, se convierte
en prioritario.
Al respecto, es preciso
hacer hincapié en
que si bien el CADP
fue adscrito al Sistema
Andino de Integración
con la adopción
de la Decisión 590 en
En la actualidad no existe
un órgano comunitario
que tenga por función
principal la protección
de los derechos de los
ciudadanos andinos,
lo cual contribuye a su
constante vulneración.
julio del 2004, su funcionamiento en el marco de la
Comunidad Andina ha quedado pendiente hasta que
la Secretaría General de la Comunidad Andina, en consulta
con los Países Miembros, prepare una propuesta
que adoptada por el Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores, precise la naturaleza jurídica
y defina el alcance de la funciones y nexos
del CADP en el marco de esta organización internacional.
A su vez, es preciso destacar que si bien expresamente
la citada norma supranacional no incluye a la
sociedad civil en el proceso de consulta para la elaboración
de la propuesta, resulta indispensable su
participación al precisar esta propuesta las funciones
de un órgano especialmente relevante para el
respeto de los derechos de los ciudadanos andinos y
los derechos humanos en la Subregión, como efectivamente
lo ha demostrado la Defensoría del Pueblo
de Ecuador al solicitar a su Gobierno la revisión del
Decreto Ejecutivo 1471 por vulnerar además de los
derechos humanos de los ciudadanos colombianos,
el cumplimiento de la normativa supranacional
andina.
11
El 31 de octubre de 2004, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú adoptó la Resolución Ministerial (RM) N° 279-
2004-TR, a través de la cual dispone el encargo de funciones de la Oficina de Migración Laboral a las Subdirecciones de Registros
Generales u oficina que haga las veces de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta que se implemente en
este Ministerio la Oficina de Migración Laboral prevista en la citada Decisión de la CAN. Asimismo, este Ministerio emitió la Directiva N°
004-2005-MTPE/DVMT/DNRT para la aplicación de lo dispuesto por la norma comunitaria y la referida Resolución Ministerial, al precisar
los criterios que debe aplicar la autoridad administrativa de trabajo para acreditar la condición de trabajador migrante andino. Así
como también los criterios para la supervisión de su situación laboral, las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normas
laborales por parte de sus empleadores. Con estas medidas adoptadas, Perú demostró en la práctica que la no aprobación hasta la
fecha de la Reglamentación de la Decisión 545 no impide que las obligaciones jurídicas que emanan de esta Decisión sean cumplidas.
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