migración y derechos humanos - Observatorio de Migraciones

Migración y derechos humanos: elementos para el debate
creto Ejecutivo 1471 por parte del Gobierno
ecuatoriano, al exigir la presentación
de antecedentes penales a los
nacionales colombianos para ingresar
a su territorio, cuando la norma comunitaria
es expresa en determinar como
único documento exigible para la libre
circulación en el espacio andino, el documento
nacional de identidad.
Con relación a esta realidad tan distante
a lo dispuesto por el Ordenamiento
Jurídico Andino, se han identificado tres principales
causas que podrían explicar en alguna medida
esta grave incoherencia: (i) la insuficiente promoción
de la ciudadanía andina que dificulta el ejercicio
y la exigibilidad de los derechos que esta condición
otorga; (ii) el incumplimiento de normas supranacionales
en materia social por parte de los Países
Miembros; y (iii) la inexistencia de un órgano comunitario
que vele por el respeto de los derechos de los
ciudadanos andinos.
(i) La insuficiente promoción de la ciudadanía andina
El desconocimiento mayoritario de los derechos que
otorga la ciudadanía andina es consecuencia directa
de la escasa promoción del proceso de integración
andino en su ámbito social, cuya responsabilidad no
se limita a las instituciones del Sistema Andino de
Integración como la Secretaría General, órgano ejecutivo
de la Comunidad Andina, o los Países Miembros;
sino también, al insuficiente y en algunos casos
nulo compromiso de las universidades de los Países
Miembros con el proceso de integración andino, lo
que se traduce, a modo de ejemplo, en la inexistencia
en la currícula de las Facultades de Derecho de
un curso sobre Derecho Comunitario Andino, originando
que los egresados de estas universidades carezcan,
además de la misión y visión de la Comunidad
Andina, de conocimientos sobre la normativa supranacional
que tiene carácter obligatorio, aplicación directa
y efecto inmediato en sus países.
La libre circulación en
el espacio comunitario
constituye un derecho
de los ciudadanos
andinos otorgado por
la normativa
supranacional.
La consecuencia de la insuficiente o
nula promoción de la Comunidad
Andina es especialmente grave cuando
se la relaciona con el derecho al
desarrollo, al vulnerarse a los habitantes
de la Subregión su derecho a participar
de un proceso de integración
que garantice sus derechos humanos
y por consiguiente les permita la realización
de sus particulares proyectos
de vida; lo cual se traduce en el primer
artículo del Acuerdo de Cartagena
que precisa como la finalidad última de la Comunidad
Andina, mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
En este sentido, se constituye en indispensable no
sólo la ampliación de la representatividad de la sociedad
civil en el Sistema Andino de Integración a otros
sectores adicionales a los sindicatos, gremios empresariales
o pueblos indígenas de la CAN; sino también
la implementación de mecanismos adicionales que
hagan efectiva la participación de los ciudadanos
andinos en el proceso de integración, más allá de su
pertenencia a un determinado sector de la sociedad
civil.
(ii) El incumplimiento de normas supranacionales
en materia social por parte de los Países Miembros
El Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina se
encuentra conformado por normativa económica y social
10 . No obstante, la normativa económica es en la
práctica la única cumplida por los Países Miembros,
teniendo como principal consecuencia la vulneración
de derechos de los ciudadanos andinos y por consiguiente
que los beneficios de la integración no sean
visibilizados por la amplia mayoría de los habitantes
de la Subregión.
Lo afirmado se constata dado que hasta la fecha Perú
es el único País Miembro de la Comunidad Andina
que en cumplimiento de sus obligaciones comunita-
10
Esta división es amplia e implica también la materia ambiental, cultural, entre otras.
30 DIÁLOGOS MIGRANTES