El Parlamento Andino y los trabajadores migrantes andinos

Migración laboral
ción de las personas encargadas de garantizarlos,
que, o bien desnaturalizan el espíritu de las leyes,
o las convierten en elementos sin sentido práctico.
Un cambio efectivo de paradigma se realiza definitivamente
cuando los derechos formales llegan a
transformar la realidad cotidiana de la población.
Asimismo, en línea con el objetivo prioritario de
regularización migratoria, el Artículo núm. 17 de
la nueva norma dispone que el Estado proveerá
lo conducente a la adopción e implementación de
medidas tendientes a regularizar la situación migratoria
de los extranjeros; y el artículo núm. 61
señala que la autoridad administrativa intimará a
los inmigrantes sin documentos a que emprendan
el trámite para acceder a su regularización, en lugar
de decretar su automática expulsión. Ahora bien,
ningún extranjero o familiar suyo será privado de su
autorización de residencia o expulsado por el solo
hecho de no cumplir una obligación emanada de
un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento
de esa obligación constituya condición necesaria
para dicha autorización (Art. 65). Incluso una
vez decidida su expulsión, esto no menoscabará
ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante
de conformidad con la legislación nacional,
incluido el derecho a recibir los salarios y toda otra
prestación que le pudiere corresponder (Art. 67);
por el contrario, se le garantiza la oportunidad de
reclamar lo concerniente al pago de los salarios y
prestaciones, y de cumplimentar sus obligaciones
pendientes (Art. 68). Todos estos puntos contribuyen
claramente a la ampliación de los derechos de
los trabajadores migrantes y sus familias.
La ley 25.871 también establece distintas categorías
desde las cuales se regula el acceso a la residencia
legal. La población inmigrante que nos
ocupa (de origen regional), se ve favorecida por una
discriminación positiva, ya que el artículo 23 (inciso
l), introduce el denominado «criterio de nacionalidad»
que garantiza a los extranjeros procedentes
de países miembros y asociados del Mercosur, sin
antecedentes penales, el derecho a radicarse en la
Argentina, pudiendo obtener a tal efecto una residencia
temporaria 14 , que puede luego convertirse
en permanente.
Debido a la demora en la reglamentación de la
ley, en el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner
puso en marcha el denominado programa Patria
Grande, un plan de regularización migratoria
para ciudadanos provenientes de los Estados Parte
y Asociados del Mercosur 15 , como forma de hacer
operativo aquel criterio de modo transitorio. Sin
embargo, y aquí un ejemplo de las dificultades de
implementación que contraen estos procesos, de
las 423.697 personas que se inscribieron en el programa,
aproximadamente un 23% accedió a una
residencia permanente y un 30% a una residencia
temporaria, mientras alrededor de un 44% de los
inscritos no pudo concretar el trámite. De modo tal
que distintas dificultades como el asesoramiento e
información brindada a los inmigrantes, los tiempos
de duración de los mismos y/o los costos de los trámites,
influyeron para que los objetivos del mismo
se alcanzaran sólo parcialmente (CELS, 2008).
Por su parte, una de las grandes omisiones de esta
norma es la de los derechos sindicales de la población
inmigrante. La deuda queda de alguna manera
saldada en el Artículo 26 de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(ratificada por el Estado argentino en 2007) que reconoce
a los trabajadores migratorios y sus familiares
el derecho a la participación y libre afiliación en
sindicatos o asociaciones establecidas conforme a
la ley, así como a solicitar ayuda y asistencia de las
mismas (Incisos a, b y c). Ceriani Cernadas (2007)
realza este punto advirtiendo el particular escenario
argentino de la década anterior, en el cual casi nin-
14
Según el Decreto reglamentario 616/2010, cuando exista un convenio migratorio binacional o multinacional con el país de origen
del extranjero, su situación migratoria y demás derechos y deberes relativos a ella se regirán por lo dispuesto en aquél, salvo que la
aplicación de la Ley Nº 25.871 y su reglamentación resulte más beneficiosa para el solicitante.
15
El plan apuntaba principalmente a aquellas personas que habían ingresado al país con anterioridad al 17 de abril de 2006, y se
extendió para aquellos que ingresaron hasta el día 31 de mayo de 2008, conforme los términos del decreto 578 de 2005. A través de
esta medida, el Estado calculaba regularizar a aproximadamente 750.000 inmigrantes de origen regional.
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