El Parlamento Andino y los trabajadores migrantes andinos

Colombia, ¿país de inmigración?
La década de los años 80 marca un momento de
intenso diálogo acerca de la política de inmigración,
en particular la inmigración laboral para el país y
la aprobación de una serie de leyes y reformas importantes.
En 1983, se creó el Consejo para las Migraciones
Laborales como una instancia de diálogo
interinstitucional integrada por los representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, y del D.A.S. Esta
instancia llevó a la instauración del control de proporcionalidad,
obligando las empresas nacionales e
internacionales a cumplir con una proporción máxima
de trabajadores extranjeros con el fin de proteger
el empleo nacional.
Hoy en día, la inmigración se rige bajo la constitución
política colombiana y el decreto 4000 de 2004,
por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición
de visas, control de extranjeros y se dictan
otras disposiciones en materia
de migración. Los objetivos,
principios e instrumentos
de la política de inmigración
como tal se encuentran especificados
en el decreto que
señala en su artículo 3º que
“la inmigración se regulará de
acuerdo con las necesidades
sociales, demográficas, económicas,
científicas, culturales, de seguridad, de
orden público, sanitario y demás de interés para el
Estado colombiano”. Se privilegia en teoría una inmigración
calificada y eventualmente inversionista
(art. 3.1 y 3.2), al tiempo que se busca defender
la mano de obra nacional sobre la extranjera. Este
principio está estipulado en el artículo cuatro del
mencionado decreto, como sigue: “Artículo 4º. La
política inmigratoria evitará el ingreso y permanencia
irregular de extranjeros; así como la presencia
de extranjeros que comprometa el empleo de trabajadores
nacionales o que por su cantidad y distribución
en el territorio nacional, configure un problema
con implicaciones políticas, económicas, sociales o
de seguridad que afecten al Estado colombiano”.
En suma, puede afirmarse que existe un marco legal
y reglamentario que permite la regulación y la
organización de la inmigración en Colombia.
“el país hoy presenta una serie
de condiciones que son susceptibles
de incentivar la inmigración”.
Últimamente, se han adoptado medidas que en
apariencia tienden a facilitar el ingreso de la
mano de obra extranjera a Colombia, más por
razones pragmáticas y ante las evoluciones del
mercado y las necesidades de liberalización, que
como consecuencia de una reflexión desde el Estado.
Por ejemplo, muchas empresas habían desarrollado
estrategias que les permitían evadir
el requisito de proporcionalidad usando formas
de contratación alternas. Además, siempre fue
posible, justificar de una necesidad en mano de
obra extranjera superior a las cuotas establecidas
bajo la condición de una autorización discrecional
por parte del Ministerio (según el artículo 75 del
C.S.T). Estas limitaciones y excepciones explican
en parte el abandono de este principio de proporcionalidad
por medio de la Ley 1429 del 29 de diciembre
de 2010 de “Formalización y Generación
de Empleo”, con el cual se derogó el artículo 74
del Código Sustantivo de Trabajo,
poniendo fin a la obligación
para la empresa contratante
de cumplir con la
norma de proporcionalidad
cuya idea data de 1950, su
ratificación por ley hasta el
año 1971, y su trámite obligatorio
desde hace aproximadamente
quince años.
La abrogación del principio de proporcionalidad
respondía a una voluntad de simplificar o aliviar
los trámites y aunque en el CONPES se haya hablado
de la necesaria evaluación de la pertinencia
política y económica de dicho principio, no existe
ningún documento cumpliendo este requisito de
evaluación.
La historia del control de la inmigración por medio
de instrumentos cuantitativos parece haberse terminado.
Esto es una evolución sana ya que las necesidades
y el contexto colombiano han cambiado
a lo largo de los últimos sesenta. No obstante, ¿Qué
instrumento remplazará el principio numérico? No
existe una reflexión acerca de la idoneidad de los
flujos de inmigrantes, ni tampoco de sus necesidades.
Los textos están, pero todavía falta construir la
política.
Diálogos Migrantes 51