El Parlamento Andino y los trabajadores migrantes andinos

Migración laboral
para Agentes Diplomáticos y Consulares. Empero
hace un especial énfasis en las buenas condiciones
médico-sanitarias y sicológicas del migrante al
momento de ingresar al país como condición de la
autorización de ingreso (art. 4, 6 y 7), con el objetivo
de sólo permitir que los extranjeros útiles pudieran
instalarse en el país.
Es interesante observar que esta ley pretendía imponer
unos filtros morales que buscaban evaluar
la honorabilidad de los extranjeros prohibiendo por
ejemplo el ingreso de los extranjeros que “trafican
con prostitución” (art 7. Párrafo c), así como de los
agitadores o subversivos, en particular comunistas y
criminales; todos susceptibles de amenazar la estabilidad
y seguridad interna. Asimismo, esta ley definía
las causas de la expulsión de extranjeros (art. 8).
Sin embargo, a pesar de las apariencias, Colombia
a principios del siglo XX no era particularmente más
cerrada que otros países de la región. En cuanto
a la moralización de las migraciones, o a la prohibición
de ingreso de comunistas, Colombia siguió
los lineamientos de la política migratoria estadounidense
que se caracterizó durante esta época
por el miedo a la “amenaza roja”. Los discursos de
carácter racista fueron también una característica
estadounidense en las primeras décadas del siglo
XX, como se hizo claro con la publicación de los resultados
de la comisión Dillingham del Congreso de
Estados Unidos que trabajó entre 1907 y 1910, y
dentro de los cuales se encontró la existencia de
“un problema de la inmigración”, y se hicieron diversas
recomendaciones que fueron traducidas en
la ley de cuotas de 1922 buscando reducir significativamente
la inmigración proveniente de Europa del
Sur y Europa del Este, y privilegiando la inmigración
inicial, fundacional, esencialmente anglosajona 23 .
Esta tendencia se imprimió poco a poco en la totalidad
del continente americano y se volvió un común
denominador para los países de la región, empezando
por Argentina y Chile.
En 1932, en lo que puede ser analizado como un
efecto de contagio regional de las políticas migratorias,
Colombia adoptó una política de cuotas limitando
o restringiendo el ingreso de ciertos grupos
con base en la nacionalidad de los mismos, una
década después de Estados Unidos. Por ejemplo, el
decreto 148 de 1935 estableció que se permitía un
máximo de “cinco búlgaros, cinco armenios, cinco
chinos, cinco egipcios, cinco estones, diez griegos,
cinco hindúes, cinco letones, diez libaneses, cinco
lituanos, cinco marroquíes, cinco palestinos, veinte
polacos, cinco persas, diez rumanos, diez rusos,
diez sirios, cinco turcos y diez yugoslavos (art. 1)”.
La promulgación de leyes con objetivos contradictorios
cuyos ejemplos pueden ser muchos, y la
adopción en Colombia de medidas importadas o copiadas
de países vecinos sin reflexión ni ajuste a la
realidad nacional, han dado lugar a una regulación
esencialmente numérica de la cuestión, a golpe de
cuotas y proporciones, pero sin reflexión de largo
plazo. Es posible argumentar que hasta hoy, la situación
no ha cambiado.
Política contemporánea
Si bien Colombia tiene textos y disposiciones relativas
a la regulación de la inmigración y ha firmado y
ratificado muchos instrumentos internacionales en
la materia, es difícil comprobar la existencia de una
política y una planificación de estos flujos por parte
del estado colombiano, más allá del estricto control
migratorio y de su tratamiento securitario. El gobierno
todavía no se ha apropiado de esta problemática ni a
partir del estudio de las oportunidades que representa
para el país el ingreso de trabajadores extranjeros
al mercado laboral, ni por medio de las responsabilidades
que ello implica para el Estado colombiano.
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Para más información sobre las conclusiones de la Comisión Dillingham, consultar la página: http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/dillingham.html.
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Diálogos Migrantes