revista migrantes No. 1 copia - Observatorio de Migraciones

Reflexiones para el debate sobre política migratoria
1. Acciones para promover y garantizar el pleno goce
de los derechos humanos de nuestros migrantes
y sus familias.
2. La promoción del bienestar de los migrantes y sus
familias, tanto en destino como en origen.
3. La participación social de los migrantes y sus familias
en la implementación de la política publica
4. El fortalecimiento de las organizaciones de los
migrantes y sus familias.
5. Mecanismos permanentes, incluyentes, y participativos
para la gestión de las migraciones
6. Indicadores sociales y de derechos humanos que
permitan evaluar y monitorear los avances o retrocesos
de la política pública migratoria.
7. El pleno ejercicio de la ciudadanía.
8. Recursos que hagan posible y realizable la política
pública.
Una política que tenga como base estos elementos,
permitiría al Estado recuperar la confianza y la legitimidad
que históricamente perdió con aquellos ciudadanos
que marcharon, ya sea por falta de oportunidades,
ya sea por falta de seguridad. Tiene que
ser una política que evite instrumentalizar nuestros
migrantes, ya sea como consumidores, como mercado,
como mercancía o como contribuyentes, en detrimento
de su condición de seres humanos y ciudadanos.
Construir una política de estas características requiere
de la más amplia convocatoria política y social, con el
objeto de construir una política de Estado. Ello requiere
garantizar la más amplia participación de todos
los actores, empezando por los migrantes y sus familias,
y la participación solo se logra a través de la creación
de espacios y mecanismos de información, pues
todos sabemos que participación sin información no
es participación. Y esta participación debe ser comprensiva,
integral e incluyente.
Debemos insistir y en ello seremos persistentes, en
no perder de vista el enfoque de Derechos Humanos.
Si bien existen diferentes formas de asumir el fenómeno
migratorio, una política de Estado, más aún si
es de origen, debe partir de reconocer que el centro
de cualquier migración, voluntaria o forzada, con documentos
o sin ellos, con recursos o sin ellos, hay
seres humanos que intentan mejorar su calidad de
vida y que son sus derechos los que se pueden menoscabar
en ese contextos de movilidad.
La política pública en torno al problema migratorio
deben ser comprehensiva e integral, no debe dejar
de lado ninguna de las etapas del proceso migratorio,
esto es debe plantearse para ofrecer respuesta a
las necesidades de los migrantes pero también de
los que hasta ahora tienen intención migratoria, sean
cuales sean sus condiciones socioeconómicas y su
estatus migratorio, también de sus familias bien sea
que estas permanezcan en Colombia o no, debe atender
necesidades tanto del contexto de recepción como
del contexto en origen.
Lo anterior solo es posible en el marco de un trabajo
conjunto, participativo, incluyente y democrático en
esta materia. A la vez que se focaliza en las comunidades
en el exterior, se debe destacar la importancia
de trabajar en Colombia, en las regiones y contextos
de mayor incidencia migratoria, que como mínimo
deben ser escenarios tanto de prevención de procesos
migratorios vulnerables, como de atención de los
efectos nocivos ocasionados por la migración en las
familias y comunidades.
La política migratoria entonces, debe tener alcance
tanto interior como exterior, así que el Ministerio de
Relaciones Exteriores debe trascender esta limitación
a partir de la convocatoria no solamente a otras
instancias del Estado, sino a todos los actores de la
migración. Aunque ha vinculado de manera
novedosa a la academia, no reconoce plenamente
el papel de la sociedad civil y en particular de los
migrantes. Colombia no puede, como ningún otro
Estado en el mundo, darse el lujo de reducir su política
en materia migratoria, a un esfuerzo tímido que
desconoce las voces de los diversos actores, las recomendaciones
en el concierto mundial, y las buenas
prácticas que se han adelantado en cabeza de
la sociedad civil y los gremios para atender aspectos
no atendidos por el Estado colombiano en materia
migratoria.
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