MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

de acuerdo a las cláusulas específicas establecidas por la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares 177 .
Frente al derecho a la tutela judicial efectiva, puede mencionarse que si bien la legislación
migratoria no establece disposición alguna respecto a este derecho, tanto la Constitución
Política (Artículo 200), como la LPAG (Artículo 218, inciso 1), es posible solicitar el control
judicial de los actos administrativos vinculados a estos procedimientos. En el primer caso, en
ejercicio del proceso constitucional de protección de derechos. En el segundo, a través del
proceso contencioso-administrativo contra los “actos administrativos que agotan la vía
administrativa”.
La prohibición de expulsiones masivas y los límites a la facultad de exclusión
En el Perú legalmente se han establecido dos supuestos de expulsiones, como una sanción
administrativa frente a un ingreso o permanencia irregular en el territorio nacional: 1) “Por
ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional”; 2) “Por mandato de la autoridad
judicial competente”. En el segundo caso, la expulsión se conviene en una pena restrictiva de
la libertad de carácter accesorio, aplicable a las personas que han cometidos delitos penales,
una vez que cumplida con su pena privativa de la libertad (detención) 178 , implicado asimismo
un impedimento de ingreso al país por un máximo de 10 años.
En ambos casos, el marco constitucional peruano acepta la posibilidad de establecer este tipo
de limitaciones al derecho a la libre circulación (Artículo 2 inciso 11). Sin embargo, es preciso
indicar que esto debe hacerse de conformidad con las obligaciones del Estado peruano en
materia de Derechos Humanos, conforme la Cuarta Disposición Final de la Constitución. En
ese sentido, es preciso indicar que el derecho internacional: a) prohíbe las expulsiones
masivas; b) restringe las expulsiones para supuestos específicos, como en aquellos casos
donde se encuentra en juego el principio de no devolución.
177
RELATORIA PARA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS DE LA CIDH. Op. Cit. Párrafo
99.
178
CODIGO PENAL PERUANO. Artículo 30
56