MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la
calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente
para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y
utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al
numeral 162.2 del Artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho
pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.
También llama la atención el artículo 67° de la Ley de Extranjería, que establece la posibilidad
de “solicitar la reconsideración o apelación” de la medida de cancelación de permanencia o
expulsión, cuando sean aplicadas por el “no con el pago de las obligaciones establecidas en el
Reglamento de la Ley de Extranjería”. Si bien el Reglamento no ha sido aprobado, esta norma
podría establecer una restricción del derecho a la doble instancia, en tanto que no sería posible
solicitar los recursos de reconsideración, apelación y revisión previstos en la LPAG 175 , para
casos de multa y salida obligatoria.
Además de estos estándares propios de la legislación peruana, es preciso recordar que la
Relatoría para los Trabajadores Migratorios de la CIDH ha señalado que los posibles
parámetros dentro de los que se deberían desarrollar estos procedimientos, incluyendo: a) la
determinación de un funcionario especializado, responsable ante la ley e imparcial; b) la
garantía del derecho a ser escuchado para alegar lo que estime correspondiente y así defender
su derecho a no ser excluido; c) el derecho a recibir información, traducción e
interpretación 176 ; d) el derecho a recibir asistencia legal y gratuita, de ser el caso; e) la
posibilidad de revisión judicial de las decisiones, ya sea por vía de recursos en lo contenciosoadministrativo
o por vía de amparo o habeas corpus; y, f) el Acceso a Autoridades Consulares,
175
Ley 27774, Ley de Procedimiento Administrativo General. Artículo 2294.
176
Este derecho ha sido reconocido por la propia Constitución en el Artículo 2.19, segundo párrafo: “[…] Todo peruano tiene
derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho
cuando son citados por cualquier autoridad”.
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